Luego de un mes de dilaciones, el Ministerio de Trabajo le avisó a la directiva de la Utpba que convocará a las paritarias 2013 bajo el imperio de la ley 23.546 de “procedimiento de la negociación colectiva”.

La cartera laboral hizo correr la bola de que el recurso apuntaba a imponerles a las patronales el cumplimiento obligatorio de lo que se acuerde en la paritaria. Esto luego de que, tras once meses de cerrada la anterior, las principales patronales del gremio -que dirigen la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (Aedba), como Clarín y La Nación-, cumplieron a su antojo el convenio 2012, sin que el ministerio moviera un dedo. Ahora nos enteramos de que faltaba esta ley, o sea que esas patronales han ignorado nuestro acuerdo paritario del año pasado por un vacío legal. Un pasito más y quedan cerca de que actuaron ajustándose a derecho.

Pero la convocatoria podría significar una nueva dilación, peor que la pateada de fechas que, a cuentagotas, el ministerio venía haciendo. Aunque al cierre de esta edición estaba por concretarse una nueva reunión entre la conducción de la UTPBA y Trabajo para determinar la fecha, el artículo 2 de la norma prevé 15 días hábiles a partir de la notificación para que se constituya la mesa de negociación con la parte sindical. La paritaria 2012 está vencida desde el 31 de marzo. Además, como parte del acuerdo anterior, se dejó establecido en el acta que las partes debían empezar la nueva negociación 30 días antes de vencida la paritaria vieja.

La Ley de Procedimiento de la Negociación Colectiva tiene otras linduras. Primero, su articulado tiene disposiciones que podrían ser usadas para desarmar una de las principales conquistas de la recuperada paritaria del gremio de prensa (con proyección a todo el movimiento obrero): la constitución de la mesa negociadora con paritarios electos en asamblea y responsables ante sus bases.

La norma dice que la mesa “deberá integrarse respetando lo establecido en la Ley 25.674”, la cual impone un cupo femenino para la negociación colectiva. Una amable forma de empezar a meter baza en las decisiones de las asambleas de base que, en cada empresa, votaron a sus paritarios de acuerdo con criterios propios, basados en la experiencia sindical del lugar de trabajo y la correlación de fuerzas con la patronal.

La ley también exige paridad numérica entre la representación patronal y sindical. Otra vía para restringir la intervención de la comisión paritaria. Como si la desigualdad de clase y, por lo tanto, de poder material y económico entre las partes no fuera el trasfondo real de la negociación salarial.

Tomada, revelado como asesor de oficio de José Pedraza, ya había mostrado -el año pasado- su antipatía por la amplia representación paritaria que impusimos los trabajadores de prensa desde los mandatos de las asambleas. En una reunión de balance de la paritaria 2012, se refirió a esta cuestión, pisando huevos, hasta elogiosamente, pero con la advertencia de que “los paritarios no tienen la misma tutela sindical que los delegados”. Es decir, que los paritarios no tienen fueros que los protejan.

La zanahoria

El artículo 2 de la ley ha sido agitado en favor de la idea de que, con esta norma, se le impondrá a la patronal una paritaria de toda la prensa escrita para incluir a las revistas, las agencias y los portales de Internet. Esa versión es antojadizada. El mentado artículo señala que quien “promueve” la negociación debe indicar la “representación que inviste; alcance personal y territorial de la convención colectiva pretendida; materia a negociar”. Quien recibe la convocatoria está obligado a “responder” -a secas- y enviar a sus negociadores. No dice nada de aceptar, pero Tomada ya prepara la ‘mise en scène’ de que así puede interpretarse.

Por supuesto, no se puede descartar que el mismo gobierno que trabaja con la perspectiva de imponer un techo salarial -el cual está más de diez puntos por debajo de la inflación- obligue a las patronales a cumplirlo. La naturaleza regimentadora de su intervención implica, seguramente, que cumpla también ese rol.

Lo importante de la ley, con todo, está en otra parte: en las disposiciones que contiene para encauzar a unos y otros en la senda de la “negociación de buena fe” (artículo 4) y contra las acciones unilaterales, reforzando el papel de la conciliación obligatoria (ley 14.786), que obliga a avisar sobre “medidas de acción directa”.

El punto se dirige a poner un freno al fenomenal arranque que tuvo esta paritaria con la jornada de lucha del 3 de abril, que incluyó un contundente quite de firmas -el pasamontaña de los periodistas- con asambleas y aplausazos y que, con epicentro en Clarín, conquistó ese mismo día el reconocimiento de la comisión gremial interna de los trabajadores del pulpo, luego de meses de ninguneo y de estériles convocatorias en la cartera laboral.

El Estado y las patronales han tomado nota de esto y no quieren que los trabajadores de prensa intervengan como un factor activo, con voz propia, en un proceso donde la infraestructura capitalista de la comunicación social del país está temblando.

Hace unos días, salieron a la luz los audios de las escuchas entre Tomada y Pedraza, donde el ministro kirchnerista le dice al titular de la Unión Ferroviaria, en plena complicidad política: “A los tercerizados hay que trabajarlos sindicalmente… Hay que armar cursos de capacitación y hacerles la cabeza”. Bajo estas dilaciones políticas y artilugios legales frente al comienzo de la paritaria, Tomada proyecta su postura estructural: busca ahora “hacerles la cabeza” a los trabajadores de prensa.