En un cuadro inflacionario ascendente las paritarias no tienen un rumbo definido todavía, o al menos la burocracia, la patronal y el gobierno encuentran cada día un nuevo obstáculo para diseñar una línea de contención a la presión obrera, incluso algunas precoces huelgas estivales.

En un año electoral, el conjunto de la patronal no quiso dar un acuerdo marco que constituyera un respaldo de “gobernabilidad”. El debate no parece ajeno a la crisis de la Unión Industrial, donde un sector pateó el tablero capitaneado por la súpersubsidiada Aluar, también dueña de Fate, súperprotegida de las importaciones chinas y coreanas de neumáticos. El gobierno apeló también a los íntimos capitales petroleros y mineros y parte de las burocracias sindicales del sector, con los que firmó acuerdos de paz social que no sirvieron de contención ni en sus propios gremios.

La CGT moyanista, imposibilitada ya el año pasado de fijar un tope que discipline los salarios, se ha dado la táctica de hacer bandera con dos temas: la suba del mínimo no imponible de ganancias y la suba del tope para el cobro de los salarios familiares. El tema debe ser clarificado entre los trabajadores porque se trata de devolvernos algo que es nuestro y de lo cual estamos siendo despojados. Un millón y medio de asalariados tributan ganancias, cuando por definición se trata de un impuesto al capital. Para colmo la cantidad de trabajadores afectados presenta una trayectoria ascendente, porque las actualizaciones kirchneristas de la base imponible son menores a los promedios arrancados en las paritarias y aumentos fabriles, y más aún cuando buena parte de la reactivación económica es cubierta con extras y no con nuevos puestos de trabajo. Esto vale incluso en el Estado, porque el 30% del gremio docente tributa la gabela como consecuencia de que trabaja en doble cargo, lo que constituye un atentado al Estatuto docente, al ser humano que enseña y al que aprende. En el caso de los salarios familiares, que no se cobran en salarios más arriba de 4.800 pesos y tienen escala descendente según el monto, directamente están haciendo caja de la Anses con fuerte superávit, des-universalizando un salario por hijo cuando se llenan la boca con la asignación universal, como se ve financiada en parte por los propios trabajadores. Se impone la derogación del impuesto al salario y el cobro irrestricto y actualizado del salario familiar.

La cuestión del mínimo será corregida, contra los dichos del atribulado Tomada, que negó que estuviera en la agenda, pero, ojo, su porcentaje, lo mismo que los aumentos estatales, tratarán de ser tomados por el ministro-candidato como la referencia que Moyano, Yasky y compañía no están en condiciones de garantizar. El tema no es menor porque se trata del ministerio que después hace caer el peso arbitral del Estado para controlar las huelgas que luchan por una verdadera recomposición salarial.

Otro recurso de emergencia busca ser instrumentado por la burocracia petrolera de la patagonia, la participación en ganancias, inspirada en el proyecto Recalde que le sirvió a Moyano para discursear en River y que luego la presidenta le mandó a archivar. Confirmando nuestro análisis -a contramano de una entusiasmada izquierda- este proyecto busca ser usado para rebajar el reclamo de aumento a la plantilla salarial -del 40%, en el caso petrolero. Sin apertura de los libros empresarios, y aplicado sólo a grandes empresas, es estéril y un factor de división del movimiento obrero.

Moyano ha vuelto con la muletilla de que no hay “piso ni techo”, pero mientras tanto la UOM, sin mandato de ninguna naturaleza, ha hecho dos movimientos decisivos. Firmó en Peugeot el laudo 29 automotriz metalúrgico, 15% por seis meses. Después del retraso de los años anteriores, el aumento es una entregada, basta ver que el básico se va a cuatro mil pesos, lo cual en la industria automotriz es la última miseria. Con un aumento de este tipo, la rama 17 -que abarca a la inmensa mayoría de la UOM- se iría a un básico de 2.500 pesos, una auténtica canasta de pobreza. El otro movimiento de la UOM ha sido presentarse al conjunto de la paritaria con un reclamo del 30% que nadie votó, destinado a sufrir rebajas como todo reclamo inicial, es decir una política a la medida de la patronal.

Esta línea de firmar por seis meses “y vemos”, lo mismo que las cuotas con las que vienen entregando el salario ante una inflación creciente, es música para los oídos patronales que ya adelantaron que remarcarán trasladando los aumentos a los precios, lo cual es una estafa porque, por esos aumentos pasados, precisamente, la recaudación tributaria aumentó un 40% en el 2010, claro indicativo del nivel de confiscación que sufrimos en las ramas privadas y en el Estado -que otorgó la mitad de ese porcentaje.

En los gremios estatales, Yasky no está nada cómodo. Le han ofrecido migajas a Ctera, cuando empiezan a moverse las aguas en las provincias patagónicas mucho antes del comienzo de clases.

Hay que tomar el toro por las astas apoyados en las experiencias más avanzadas del movimiento obrero, como los 5.000 pesos de básico que arrancaron los aceiteros, y sobre esos importes reclamar cláusulas de actualización por inflación. Los aceiteros no consiguieron un gran porcentaje, sólo el 25%, pero sin cuotas y con una cláusula de revisión a mediados del año paritario si la inflación desborda. En realidad, tienen que fijarse actualizaciones en base a índices de universidades e institutos provinciales, bajo control periódico de los trabajadores, dada la destrucción del Indec. Otro tema vital de todo debate salarial es la incorporación al básico de todos los importes en negro y no remunerativos de distinto tipo que se han acumulado, especialmente con la excusa de la crisis 2008/2009. Si no es ahora, ¿cuándo?

Por otro lado, a pocos meses del asesinato de Mariano, con la lucha de los tercerizados ferroviarios en pleno desarrollo, cuando una CGT regional como la del cordón industrial de San Lorenzo ha ido a la huelga por la equiparación y pase a planta de sus tercerizados, el tema de la efectivización de contratados y el pase a planta de tercerizados y de agencia es una bandera clave. Lo mismo ocurre con los planteos de recategorización, pendientes en infinitos gremios, como gráficos, metalúrgicos, papeleros y tantos otros, o los de aumento por antigüedad como en el subte (piden 2% por año), tienen que formar parte de un paquete de reivindicaciones a impulsar en cada gremio.

El marco para desenvolver este programa es el de un desprestigio brutal de toda la burocracia sindical y de una crisis política, donde Moyano ha tenido que salir a rescatar a la mafia de Uatre, con Mesa de Enlace y todo, para salvar su propio pellejo. Más que nunca se trata de exigir paritarios elegidos en asamblea, con pliegos reivindicativos votados por esas asambleas, cuando los dirigentes sindicales pierden sus energías en los estrados judiciales y allanamientos a la mayoría de las obras sociales. Abramos el debate en las asambleas fabriles para condicionar y exigir que los reclamos sean votados por congresos de delegados con mandato y que toda la negociación sea informada y sometida a examen de los trabajadores.

• 5.000 pesos de salario básico.

• Actualización por inflación.Incorporación al básico de todo monto en negro.

• Recategorización.

• Pase a planta de todos los tercerizados y contratados.

• Anulación del impuesto al salario.

• Salario familiar sin topes.

• Asambleas de base para mandatar a los sindicatos.