El martes 17, un nutrido grupo de trabajadores del Astillero Río Santiago se concentró de forma autoconvocada frente al edificio de la presidencia de la fábrica naval, para deliberar y reclamar una serie de medidas frente a la pandemia del coronavirus.

Allí, los compañeros denunciaron que las instalaciones de la planta no son las adecuadas para prevenir contagios tanto por la escasez de elementos de limpieza como por la elevada concentración de personal (en total suman unos 3.300 obreros). Una comisión de trabajadores y delegados logró entrevistarse con el presidente del Astillero, Ariel Basteiro, y le exigió la implementación de una cuarentena inmediata y otras medidas de salubridad.

La única respuesta de la presidencia del ARS llegó a través de la gerencia de Recursos Humanos, que leyó las resoluciones oficiales sobre la pandemia (que todos conocen). Como señalaron los compañeros, estas medidas no dan salida a los problemas específicos del Astillero (viaje en colectivo hasta la fábrica, hacinamiento en el comedor, entre otros).

La concentración fue el producto de la deliberación de base en varios sectores de la planta, y en modo alguno fue promovida por los delegados alineados con la conducción de ATE Ensenada –que se limitaron a actuar como voceros de la Dirección. Luego de la convocatoria y de las reuniones con la presidencia, los trabajadores consiguieron finalmente una reducción horaria a 5 horas para todo el personal los días martes y miércoles, y un asueto por desinfección los días jueves y viernes. 

Estas medidas limitadas son solo un parche ante la gravedad de la situación, que exige restringir al máximo la presencia de trabajadores para evitar la circulación del virus y la propagación de la pandemia. Pero sientan un precedente y son el resultado de la organización de los trabajadores pasando por encima de la parálisis gremial. El reclamo de un cese total de las actividades en el Astillero, o en su defecto un funcionamiento con guardias mínimas, está al orden del día. Junto con ello, la aplicación estricta e inmediata de las licencias especiales tal cual fija el decreto provincial para mayores de 60 años, padres o madres de menores en edad escolar y trabajadores con enfermedades preexistentes en situación de riesgo (todo esto sin afectar el salario).

Para el miércoles 25 se plante el desafío de masificar y dar continuidad a la pelea por los reclamos. Primero está la salud de los 3.300 trabajadores del Astillero.