Apenas finalizado el paro de los choferes cordobeses, y a pedido del gobernador Juan Schiaretti, la Legislatura de la provincia trataría un proyecto que propone declarar al transporte “servicio esencial”, en un intento por impedir las luchas de los trabajadores.

 

La medida no se restringe al transporte sino que podría ser aplicada, en forma discrecional, casi contra cualquier actividad. Se anuncia, sin embargo, el mismo día en que fracasó en la Cámara de Diputados de la Nación (por falta de quórum)  una audiencia impulsada por el oficialismo con un propósito similar, en lo que el candidato a senador por el FIT Néstor Pitrola calificó como “un triunfo popular defensivo”.

 

No es casual que la medida antihuelgas se impulse luego de nueve días de intensa lucha de los choferes, que el gobernador y el intendente Ramón Mestre enfrentaron con más de 80 despidos y sacando unidades  a circular bajo custodia de la Gendarmería y la policía provincial.

 

La medida va al recinto legislativo con el aval del PJ y de Cambiemos, de las cámaras empresariales y de entidades religiosas. Con su sanción buscan “regular los servicios, con instrumentos legales que tengan las instituciones democráticas de la provincia para actuar, porque hoy no hay, salvo un delito flagrante, una penalización por más que el Ministerio de Trabajo de la provincia declare la ilegalidad de un paro”, según palabras de Schiaretti a La Voz.

 

Con este proyecto se modificaría el código de convivencia, y se sentarían las bases para que se judicialicen las protestas de trabajadores públicos y privados, incluyendo la cárcel a los que incumplan las restricciones impuestas. Esta suerte de “plan Conintes” (que amplió bajo el frondicismo la competencia de las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas laborales) viene patrocinado por el gobernador “de los derechos humanos”.

 

El proyecto en ciernes sería ejecutado por una “Comisión Técnica”, integrada por cinco funcionarios propuestos por el Poder Ejecutivo, quienes serán los encargados de regular la modalidad y el alcance de la huelga. Pretenden imponer una regimentación no sólo a los trabajadores de las empresas de servicios, puesto que será la mencionada comisión quien disponga la excepcionalidad pudiendo discrecionalmente declarar como servicio público cualquier actividad y aplicarles las mismas restricciones al derecho de huelga.

 

La medida también constituye un salvataje a una burocracia golpeada por un estado de rebelión en las bases obreras. Cabe destacar que, aun cuando la mafia sindical ya tenía a su favor el “fallo Orellano” dictado por la Corte Suprema, que le concede exclusivamente a ella la potestad de tomar medidas de fuerza, en la práctica le cuesta contener y en ocasiones se ve totalmente superada por la base de los sindicatos.

 

Por eso, el  objetivo que se persigue es el de atacar las iniciativas de lucha de los delegados y comisiones internas de base, y regimentar la acción independiente de los trabajadores.

 

La huelga de UTA

 

El proyecto busca imponerse después de la gran huelga de las compañeras y compañeros de la UTA cordobesa contra el acuerdo salarial de miseria de la UTA Nacional (8% en cuotas) y la intervención burocrática. Pretenden avanzar en un ataque contra todo el movimiento obrero.

 

Schiaretti actúa como lo que es: un gerente de las patronales.

 

Los trabajadores del transporte de Córdoba debieron afrontar una asociación ilícita entre Schiaretti, Macri y la burocracia de la UTA nacional que alentó todo el tiempo la represalia sin miramientos contra los huelguistas y sobre todo contra sus delegados.

 

Pretenden atacar el más importante de los derechos, que es el derecho a luchar, o sea el que permite sostener y conquistar cualquier otro derecho.

 

Las centrales obreras cordobesas tienen bajo su responsabilidad impedir este ataque.