Tres trabajadores muertos en "accidentes laborales" en un sólo día no son una casualidad.

Un obrero de la construcción perdió la vida por el derrumbe de una obra en la ciudad de Buenos Aires; un trabajador de la línea 60 falleció aplastado por un vehículo debido a fallas en los elevadores neumáticos; y la de un empleado del INTA, por la explosión de un digestor de los años ´70.

En los tres casos, los delegados habían reclamado hacía mucho por las condiciones de seguridad –o inseguridad– reinantes en esos lugares de trabajo.

Estas muertes son una réplica de otras similares del pasado más o menos reciente. En el caso de la construcción, la pérdida de vidas es una terrible constante por la falta de seguridad en la que desarrollan sus tareas los trabajadores, porque las patronales subvierten toda clase de disposiciones legales, lo que ha sido sistemáticamente avalado por la burocracia de la UOCRA a cambio de prebendas y coimas.

Por su parte, los trabajadores del INTA denuncian que tiempo atrás ya se había producido otro accidente en un digestor, cobrándose la vida de un trabajador. Y los choferes de varias líneas del transporte vienen peleando contra el vaciamiento de sus patronales y la decrepitud de las unidades, que ponen en peligro la vida de los trabajadores y pasajeros.

A esto se le suman las miles de vidas que se ha cobrado la explotación patronal en los últimos años. Según datos del INDEC, más de 27.000 trabajadores murieron por "accidentes laborales" entre 1996 hasta el 2014. Es decir, un promedio de 1.500 por año.

Estos "accidentes" son el resultado de la superexplotación capitalista –jornadas extendidas, ritmos inhumanos de trabajo–; de la falta de medidas de seguridad que las patronales esquivan para reducir costos y de la ausencia de inversiones en tecnología que garanticen las condiciones de seguridad necesarias para cada tarea.

Este cuadro, que atraviesa prácticamente todas las ramas de la actividad productiva, es aún más grave en el caso de los trabajadores precarizados, habitualmente sometidos a las peores condiciones de trabajo.

En este marco, el gobierno apunta a reducir aún más la responsabilidad de las empresas y de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), reformando la actual ley de accidentes de trabajo. Apunta a liquidar definitivamente la posibilidad de que el trabajador y/o su familia puedan accionar judicialmente contra la ART en caso de accidente o muerte, ya que la reparación será definida por una "junta médica"… que dependerá de la propia ART.

El movimiento obrero debe incorporar entre sus reclamos prioritarios la puesta en pie de comités de seguridad e higiene en cada una de las empresas, como forma de poner coto a esta verdadera masacre silenciosa.

Y debe añadir el planteamiento de eliminación de la ley de ART y que sean las patronales y el Estado los que se hagan cargo de los accidentes que se produzcan  durante la jornada laboral y en el trayecto de y hacia el hogar del trabajador.