Los mineros de la localidad puneña de El Aguilar vienen dando una lucha extraordinaria, principalmente ante las pésimas condiciones de seguridad de la mina. Luego de una movilización que hasta los medios de comunicación coincidieron en definir como histórica, y un acampe frente a la Casa de Gobierno, consiguieron el desplazamiento del gerente vaciador, que la empresa dé marcha atrás con los descuentos salariales y el compromiso de atender los reclamos por las condiciones laborales.

El 8 de mayo habían comenzado las medidas de fuerza por la falta de seguridad que se vive en la mina, luego suspendidas por la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Se realizaron inspecciones en las que los funcionarios del gobierno de Gerardo Morales dieron el visto bueno a la empresa, mientras los obreros denuncian derrumbes y que no hay salidas de emergencia, que se ahorra en cemento y otros materiales al rellenar los espacios donde se extrae el mineral, en una mina que produce hace 90 años y donde se llega a trabajar a 1200 metros de profundidad. También cuestionan el total abandono que sufren, como es el caso del trabajador José Luis Flores, de 38 años, quien en diciembre del año pasado sufrió un accidente cuando realizaba tareas de sostenimiento, en el que se quebró el fémur y el tobillo, y el mismo día en que fue operado le dieron el alta para que se fuera a su casa “sin apósitos, sin ninguna cosa para curarme la herida, no me dieron nada. Me curé como pude y hasta hoy no me dan las muletas” (Página 12, 25/6).

En este cuadro fue subiendo la bronca de los mineros, que el 19 de junio votaron ir al paro por tiempo indeterminado, realizaron piquetes en la entrada al pueblo y se movilizaron a las oficinas de la empresa, sin obtener respuestas. Así se fue instalando el reclamo por el apartamiento del gerente general Javier Ruiz Díaz, quien venía imponiendo a los trabajadores cambios arbitrarios de sector, asignando tareas para las cuales no tienen capacitación y exigiendo cumplir con una cuota de productividad que a su vez genera situaciones de peligro para los obreros.

El 24 de junio los 600 mineros de El Aguilar emprendieron, con sus cascos y mamelucos, una movilización de 233 kilómetros hasta la Casa de Gobierno de Jujuy, y resolvieron acampar en la Plaza Belgrano, soportando temperaturas bajo cero, hasta obtener sus reivindicaciones. En su paso por Humahuaca, Uquía, Tilcara y Maimará, recibieron el apoyo y la solidaridad de los habitantes. Al llegar a San Salvador, fueron acompañados por sindicatos como el Seom (municipales), y las fuerzas del Frente de Izquierda. También acompañó a los trabajadores Olga Ovalle, esposa del histórico dirigente minero Avelino Bazán, uno de los protagonistas de la histórica marcha minera de 1964, luego secuestrado y desaparecido durante la dictadura.

Ante esta presión popular, el martes por la tarde la empresa se comprometió a desplazar al gerente Ruiz Díaz, a pagar la totalidad de la primer quincena (que se había liquidado parcialmente en represalia por las medidas de fuerza) y a seguir con el plan acordado con el Ministerio de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria para garantizar la seguridad dentro de la mina. Un primer gran triunfo, pero que no debe hacer bajar la guardia, ya que las inspecciones hechas previamente por Trabajo y la Secretaría de Minería habían resultado “satisfactorias con respecto a la normativa y al plan de acción implementado” (El Tribuno, 25/6).

Es que los obreros denuncian que la desinversión en seguridad es parte de un plan de cierre definitivo de la mina para dentro de 3 años, y tienen fundamentos para ello. La mina es explotada por la multinacional Glencore, que en abril de 2016 cerró la planta ArZinc en Rosario –bajo administración del mismo Ruiz Díaz-, que empleaba a 400 personas, y en diciembre del año pasado cerró la Fundición El Aguilar en la ciudad jujeña de Palpalá, dejando a 150 trabajadores en la calle. A partir de entonces, todo el material que extraen de la mina lo exportan sin procesar.

La lucha de los mineros de El Aguilar conmovió a la provincia y despertó el apoyo y la simpatía de amplios sectores de trabajadores. Es lógico, si tenemos en cuenta que en Jujuy la desocupación pasó del 6,8% en 2018 al 11,4% en el primer trimestre de 2019, según el Indec. Este primer triunfo es un impulso a esta y a todas las luchas obreras en curso.

El Partido Obrero de Jujuy, que acompañó esta pelea, intervino planteando la necesidad de un paro provincial en solidaridad con los mineros y un congreso de bases de la CGT y todos los gremios, como primer paso para enfrentar de conjunto la ofensiva de la patronal y por todas las reivindicaciones obreras.