El jueves 28, un grupo de empleados despedidos de la Caja Popular repartían un volante donde denunciaban los contratos de publicidad oficial a cambio del silencio de los medios a los atropellos y despidos de la intervención de la Caja. En esas circunstancias, fueron emboscados frente a la Casa de Gobierno por patoteros, que descendieron de vehículos sin chapa y les propinaron una dura golpiza. Además, la policía detuvo a dos compañeros.

El grupo atacante se retiró sin ser molestado, en un evidente accionar de zona liberada por la policía. Desde la Asociación Bancaria convocaron a dirigentes y activistas de diferentes bancos en apoyo de los compañeros. En esas circunstancias, encontraron en un bar al interventor Cortalezzi, y le recriminaron el accionar de la patota. La espontánea movilización fue cubierta profusamente por los medios locales. La policía volvió a actuar, esta vez para rescatar a Cortalezzi. El secretario de Seguridad se tuvo que hacer presente en el lugar, y darle a los bancarios garantías de que se iba a investigar a la patota agresora. La promesa duró minutos: Cortalezzi salió del bar y encaró decididamente hacia la manifestación bancaria, acompañado por civiles y policías antimotines. Allí produjo un enfrentamiento del que salió huyendo, custodiado, hasta la Casa de Gobierno, donde subió a una camioneta sin identificación.

El conflicto puso en evidencia la impunidad con que actúan grupos de tareas parapoliciales compuestos por patovicas y punteros, con su tarea de espionaje y persecución en coordinación con el conjunto del aparato policial. La agudización del conflicto bancario se da en el marco de la crisis política que afronta Alperovich por sus vínculos con las redes de trata, el caso de Marita Verón y el aberrante crimen de Paulina Lebbos, donde el aparato del Estado impuso todo su peso para el encubrimiento de los hijos del poder. A la vez, el Estado asiste a un creciente déficit fiscal que obligó al saqueo de 172 millones de pesos de la Caja Popular. Los últimos negocios de Alperovich fueron las concesiones para los grandes hoteles Hilton, Sheraton, y el Hotel en la ex Legislatura con sus nuevas salas de juego concesionadas a Ivisa, empresa que tiene el control del juego on line desde la Caja Popular y la administración mayoritaria de las máquinas tragamonedas en la provincia. Por ello no es casual el conflicto bancario, donde buscan someter a los empleados de la Caja, silenciar los negocios espurios a partir del juego, y utilizarla como fuente de recursos para campañas publicitarias o apoyo a la camarilla gobernante vía créditos.

Debemos exigir la devolución inmediata de los 172 millones, la reincorporación de todos los despedidos, el cese de los traslados, el reintegro de los rotados y el pase a planta permanente de los contratados. Esto plantea un plan de lucha para echar a la intervención negrera y patoteril y la investigación y castigo a los responsables del accionar de las bandas represivas parapoliciales.