El jueves 10 de agosto, una enorme manifestación de trabajadores coincidió en la Plaza Independencia. La docencia (ATEP) y la Intersindical docente (docentes medios, técnicos, etc.), ATE, la Coordinadora defensa de la Caja (que nuclea a diversos sectores jubilados y a los trabajadores de Previsión Social), convocaron a la concentración en la Plaza. Hacia allí confluyeron los municipales de la Capital, que desde el mes pasado vienen parando y en los últimos días realizaron importantes manifestaciones, y los trabajadores de la Sanidad, que en un plenario de delegados desbordaron a la directiva burocrática, imponiéndoles una jornada activa junto al resto de los estatales.

Viendo como venía la mano, Ortega gestionó de urgencia un crédito ante el Banco Nación por 25 millones de pesos, poniendo como garantía el 39% de las acciones de EDET (empresa eléctrica que recientemente fue privatizada) y, simultáneamente, otro por 10 millones para el intendente bussista de San Miguel de Tucumán. Con esos fondos, el mismo jueves comenzaron el pago de julio. Pero el aguinaldo seguía sin pagarse, era incierto si el dinero alcanzaría para todos los estatales, y mucho más todavía cómo se pagaría agosto: prácticamente se han agotado las posibilidades de endeudamiento y ya casi no hay que vender. A pesar de todo esto, las directivas de ATEP y de ATE decidieron levantar los paros. Esta dirigencia vinculada al radicalismo y al CTA, va a la rastra de los acontecimientos y es el factor fundamental que está bloqueando una lucha de conjunto. Pero, mientras las burocracias de ATE y ATEP forzaban el levantamiento de las luchas en sus gremios, los municipales de la Capital decidieron proseguir con los paros, los gremios municipales del interior decidieron movilizarse el lunes a la Plaza Independencia, los médicos estatales votaron un paro por tiempo indefinido, los trabajadores de la Sanidad en un plenario de delegados decidieron rechazar la conciliación obligatoria y seguir la lucha.

En este cuadro de paros y movilizaciones, se han profundizado los choques entre el bussismo y el gobierno, y el punto de crisis es la transferencia del IPSS. Bussi abandonó su posición de mantener la Caja en la provincia para plantear la transferencia ya, o en caso contrario, una reforma provincial que elevaría el aporte previsional en un 10%. Esta última posición ha sido tomada por un sector de la dirigencia previsional y de los jubilados, y es sostenida también por un ala del PJ, que plantean además elevar a 65 años la edad jubilatoria. El bussismo agita esta salida, que implicaría una reducción salarial, para neutralizar a los gremios y favorecer por esta vía la transferencia de la Caja.

La propia evolución de la crisis provincial y el desarrollo de las luchas han ido creando el escenario para que se pueda coordinar una lucha de conjunto y aplastar la política del gobierno. Para ello está planteado que los delegados y el activismo combativo organicen una campaña de asambleas que voten plenarios generales y asambleas de sus gremios y una asamblea general de todos los estatales de la provincia para votar la huelga general, con manifestaciones y toma de edificios. Este es el camino para imponer el pago completo de julio, del aguinaldo, la defensa irrestricta de la Caja, y la apertura de las cuentas del Estado y del Banco Provincia, para ver dónde fueron a parar los fondos que cuadruplicaron el endeudamiento provincial en cuatro años.