El martes 26, el Consejo Superior de la UNT, atendiendo uno de los reclamos de la huelga docente, convocó a la Asamblea Universitaria para el 30 de octubre a los fines de modificar el Estatuto Universitario. Sin embargo, el Consejo Superior no fijó un temario ni un orden de prioridades para dicha Asamblea, sino que convocó a una “reforma total”.

Este “exceso reformista” refleja que las distintas camarillas quieren introducir otros cambios, vinculados a sus intereses, que nada tiene que ver con lo reclamado durante la reciente lucha. Como, incluso, van a procurar manipular las reformas reclamadas por la docencia, se opusieron que Adiunt participe de las comisiones del Superior que avanzarán en la propuesta de reforma.

Suspendida la huelga, las autoridades están apuntando a recuperar la iniciativa. En ese marco, las autoridades de la Universidad intentaron labrar un acta-acuerdo con la conducción de Adiunt que levantara la huelga, estableciera la paz social y condicionara a su cumplimiento el otorgamiento del adicional de 1.000 pesos conseguido. Esta propuesta fue rechazada de plano por la Comisión Directiva de Adiunt que resolvió dar a conocerla públicamente. Se respondió con otra propuesta de acta que dejaba claro que se aceptaban los 1.000 pesos pero que eran insuficientes, se registraban los temas pendientes y se rechazaba cualquier acuerdo de paz social.

Las autoridades retrucaron con una campaña mediática contra Adiunt por “no querer comprometerse a nada” y acusaron al secretario general Pavetti de haber participado personalmente en la redacción del acta rechazada.

El deschave a Pavetti ha provocado un gran cortocircuito en el método de reuniones individuales con las autoridades para cocinar acuerdos. Este es un mecanismo que usan todas las burocracias sindicales y que en el caso de Adiunt entró en crisis como producto de la irrupción huelguística y el establecimiento de las asambleas como ámbito para decidir y nombrar a los negociadores y voceros de los docentes. Precisamente, la asamblea prevista para el martes 2 de septiembre, además de balancear la situación general y votar un plan de lucha para garantizar los reclamos, tendrá que establecer que las reuniones con las autoridades deben ser del cuerpo paritario del gremio o por lo menos de una delegación.

Finalmente, frente al rechazo de las propuestas del Rectorado, no han tenido otra salida que hacer efectivo el pago del adicional de agosto de 1.000 pesos. Así avanza la docencia, traumática pero firmemente.

Otro tema pendiente que ha vuelto a escena es el de la patota del Rectorado. Luego de la provocación represiva que intentó desalojar la toma estudiantil, la patota ha seguido operando, con seguimientos en autos sin patentes, vigilancia de domicilios, despliegue en facultades y en el rectorado ante cada evento. En paralelo, el Rectorado no retiró las denuncias contra los estudiantes y docentes que participaron de la toma.

La Agrupación Naranja va a proponer que la asamblea de Adiunt vote una campaña por la disolución total de la patota, que el nuevo estatuto de la UNT prohíba taxativamente la conformación de este tipo de cuerpos represivos y, en ese marco, el retiro de todas las denuncias contra los luchadores docentes-estudiantiles.

Diego Toscano