A partir del momento en que se conoció la decisión de la Junta Electoral de proscribir todas las listas opositoras, desde el frente antiburocrático, la lista Roja-Rosa, desarrollamos una campaña que combinó todo tipo de iniciativas, como denuncias públicas, recorridos por escuelas y juntada de firmas, entre otros.

Llevamos la lucha a todos los terrenos: a los medios de comunicación, a las redes sociales y a las calles. Realizamos varios actos en la puerta del sindicato, una gran peña -que contó con el apoyo de artistas populares-, caravanas de vehículos y, claró está, todas las presentaciones judiciales y administrativas correspondientes. Varias de estas acciones las concretamos en frente único con las otras listas proscriptas.

El dictamen del Ministerio mantiene en pie a la misma Junta Electoral oficialista, pese a la enorme cantidad de pruebas aportadas acerca de su accionar arbitrario, proscriptivo y fraudulento. Por lo tanto, la burocracia de Toledo conserva un instrumento clave de resolución sobre el resto del proceso electoral, para asegurar mediante el fraude la perpetuación de la burocracia.

La decisión ministerial hace lugar a un solo aspecto de nuestro planteo y obliga a conceder a todas las listas un plazo de 48 horas para subsanar los aspectos cuestionados de las presentaciones realizadas. A la vez, se establece un plazo no mayor a 15 días corridos para realizar las elecciones suspendidas.

Al momento de escribirse esta nota, aún no se conoce qué listas serán habilitadas ni la fecha para la elección. Para el acto comicial quedan como alternativa el 1º de julio y, como último plazo posible, el 8 de julio. Si se realizan en la primera fecha, prácticamente no queda tiempo material para realizar una campaña de alcance provincial; si se realizan el 8, los comicios se llevarían a cabo casi sin participación de la docencia, pues ya habrán concluido las clases.

A pesar de todo esto, se generó un escenario extraordinario, pues quedó claramente expuesto, como nunca antes, que estamos ante una dirigencia sindical entregadora, sin base, que necesita de la proscripción y del fraude para sobrevivir. En contraste, tenemos un enorme ascenso de la Roja-Rosa y de su prédica en favor de un sindicato de la docencia, que restablezca la democracia sindical, el funcionamiento de un cuerpo de delegados y la independencia del gobierno; o sea, la transformación del sindicato como herramienta efectiva para luchar por el salario y por la defensa del estatuto.

Mientras se afirma una alternativa combativa por medio de la Roja-Rosa, la división del aparato burocrático resulta inmensa (tres listas que se presentaron emergieron a partir de desprendimientos de la actual comisión directiva) y se amplió durante estos dos últimos meses. Les queda indudablemente el recurso del fraude en las urnas, sobre la base de su control del proceso electoral (la Junta) y al apoyo del gobierno (aparato de Junta de Clasificación, supervisores, flotas de remises, etcétera) para retener el gremio.

Para enfrentar todo esto se requiere de una movilización excepcional del activismo, para que en una semana se pueda recorrer todas las escuelas y contar con fiscales que cubran todas las mesas de la provincia. Estamos ante un gran desafío; y en ello se juega el porvenir de la docencia y de sus conquistas.