Una acción sistemática de persecución a toda acción gremial se ha impuesto en la Caja. La intervención designada por Alperovich ha militarizado al banco. Se ha denunciado una acción permanente de los servicios de inteligencia (D2) en acciones de seguimiento a los dirigentes y hasta simples activistas. El año pasado, el gobierno retiró 172 millones de los fondos del departamento de seguros, y aún no los ha devuelto. Pero no se trata sólo de esta acción de saqueo. La cuestión más importante para Alperovich es el entrelazamiento del Estado con el negocio del juego. Ese negocio cobra ahora un nuevo impulso con la inauguración dos grandes hoteles de categoría internacional con salas de juegos, y hay otros grandes hoteles en acelerada construcción.

La Caja Popular tiene en este momento el software del juego de quinielas que es manejado por la empresa Ivisa, que tiene la concesión por tiempo indefinido. En una palabra, los sorteos de quinielas están privatizados de hecho.

Para aumentar aún más las ganancias apuntan contra los trabajadores, para hacerles perder su condición de bancarios y pasarlos a empleados públicos. Para ello, necesitan desarticular toda resistencia de La Bancaria. Las medidas persecutorias son sistemáticas. A algunos activistas los trasladaron a sucursales hasta 80 kilómetros, sin causa alguna. A los contratados los citaron a reuniones intimidatorias, para imponerles la renuncia a La Bancaria y el compromiso de no participar de ninguna actividad gremial. Quienes no aceptaron esta imposición fueron despedidos. El 30 de abril fueron despedidos 14 empleados contratados (durante el año ya van 30 despidos). Ese mismo día, La Bancaria había convocado a la mañana un acto por el Día del Trabajador frente a la Caja Popular, al que se sumaron distintas organizaciones sindicales, de jubilados, democráticas y políticas, entre ellas el Partido Obrero. Más de dos mil trabajadores repudiaron al gobierno.

Se impone la necesidad de convocar a la asamblea general de todos los bancarios de la provincia, para votar una lucha de conjunto y que, a la vez, comprometa a las centrales sindicales a convocar a un paro activo provincial por la reincorporación de los despidos y el despido de la intervención alperovichista.