Telefónica, a fines de febrero, y Telecom, en esta semana, acaban de celebrar postergados acuerdos con el gobierno, que cristalizan el régimen de privatización de las telecomunicaciones de Menem y María Julia Alsogaray.

 

En las discusiones, “las tarifas nunca fueron el tema central, como sí lo es para las firmas de electricidad y gas; (…) el asunto clave para Telefónica y Telecom es el marco regulatorio, … (porque) las empresas se habían asustado cuando, hace tres años, el secretario de Comunicaciones prometió revisar la ley de telecomunicaciones que, hasta ahora les reconoce la propiedad de la red de telefonía fija, lo que dificulta el ingreso de competidores” (La Nación, 16/2). El “acuerdo” establece, en cambio, que se mantendrán las condiciones jurídicas establecidas en el contrato de transferencia original. En su momento, el riojano y María Julia otorgaron a Telefónica y Telecom la red de la ex estatal Entel.

 

Resultado: los pulpos telefónicos obtendrían, según Clarín, un monopolio de por vida o “ilimitado”. Asegurar la propiedad de las redes es el eje de la cuestión, porque el paso siguiente es una ley de telecomunicaciones permitirá a Telefónica y Telecom transmitir todo tipo de datos; por ejemplo, imágenes por el mismo cable por el cual se efectúa otro tráfico de comunicaciones. Los monopolios pretenden salir a explotar el lucrativo negocio de la televisión por cable y el video a pedido.

 

Kirchnermenemismo

 

Los “intereses nacionales” han quedado presos de las corporaciones que hicieron su agosto con Carlos Menem. El acuerdo actual supone el archivo de todas las demandas del propio Estado contra las empresas por incumplimiento y violación de normas contractuales.

 

La privatización original preveía que el monopolio en el uso de las redes caería luego de diez años. Un decreto ‘desgulador’ de 2001, todavía con De la Rúa, abría el mercado a otras firmas. El asunto quedó empantanado por el colapso general y la bancarrota. Ahora se resuelve eliminando la “desregulación” y asegurando privilegios que ni siquiera figuraban en los contratos originales.

 

El próximo 18 de marzo, cuando se celebre el día del telefónico, que celebra también el aniversario de la nacionalización del servicio en la década del ‘40, el gremio se enfrentará a la reivindicación de una empresa estatal bajo control de los trabajadores y usuarios. El estatuto de Foetra establece entre sus objetivos “la socialización de las empresas (bajo) propiedad de los trabajadores con participación de los usuarios en la dirección”. Los dirigentes de Foetra estaban reivindicando la formación de una “empresa nacional de telecomunicaciones”. Esta recontra-privatización les cierra el camino por completo. Los “acuerdos” actuales son un baldazo de agua fría.