Sindicales

27/11/2003|827

Una herencia de Massera

Luego del conflicto en la ciudad de Caleta Olivia, que duró 6 días, los trabajadores del fileteo de pescado decidieron marchar a Río Gallegos a participar de un debate legislativo por una ley provincial pesquera. El jueves la Legislatura santacruceña tratará una ley para regularizar la situación… si es que los legisladores reciben órdenes de hacerlo, lo que es por ahora un misterio. En su mayoría, los fileteadores de pescado en Caleta Olivia, en el norte santacruceño, son bolivianos.


En el centro de la escena está la empresa Barilari, que mantiene la costumbre adquirida en Mar del Plata en los años de Emilio Eduardo Massera: el personal de la planta en tierra es contratado a cooperativas que la misma empresa armó en el puerto bonaerense. Así, el costo laboral se reduce en un 75%. Los trabajadores deben asociarse a la cooperativa e inscribirse como monotributistas, con un salario mensual que ronda entre los 300 y los 400 pesos. Con este sueldo no pueden pagar sus cargas ante la Administración


Federal de Ingresos Públicos y, al poco tiempo, comienzan a recibir las primeras intimaciones de pago. Sin obra social, ni asignaciones familiares, ni seguros de riesgo del trabajo ni aguinaldo ni vacaciones, la explotación se acentúa ya que la Subsecretaría de Trabajo santacruceña, que encabeza Daniel Peralta, diputado electo del Frente para la Victoria Santacruceña, no puede mediar ya que no se reconoce como trabajadores a quienes aparecen ligados por un contrato privado entre una empresa y un monotributista. Por esto mismo, al no estar contemplados como trabajadores, sus sueldos son pagados fuera de las fechas legisladas y en cheques de fecha diferida.


La administración Kirchner (1991-2003) otorgó a las pesqueras la eximición de los impuestos a los Ingresos Brutos, a cambio de mantener una planta estable de personal en tierra. La empresa Barilari nunca cumplió y se embolsó unos 700.000 dólares por año, por esta eximición. El entonces gobernador Néstor Kirchner nunca se preocupó por intimarla a cumplir; después de todo, las pesqueras fueron una de sus fuentes de financiamiento político permanente. El gobernador electo Sergio Acevedo pide tiempo hasta diciembre, cuando promete encarar soluciones de fondo. Hace algunos años, Acevedo pidió colocar cadenas en las aguas de zona de pesca provincial y, con una flota de torpederas santacruceñas, hundir a todo aquel que realizara pesca ilegal. Un poco más maduro, el actual Señor 5 tiene otras ideas sobre el tema, pero nadie deja de recordar aquel día en que se creyó el Lucio Mansilla de la Patagonia.


En Mar del Plata las empresas armaron cooperativas de trabajo con hombres de su confianza y luego las contrataban como mano de obra con salarios a un 50% de lo que consiguieron en días de María Estela Martínez de Perón. Así se evitaban pagar los aportes patronales para obras sociales y previsionales; y no había juicio laboral posible a las cooperativas, porque el damnificado era socio de ellas. A medida que se fue depredando el caladero ictícola, las empresas fueron trasladándose más al sur, y así se extendió el sistema de contratar cooperativas. En Puerto Madryn y en Comodoro Rivadavia, en la cercana Chubut, el año  pasado se aprobó una ley provincial que limitó y hasta eliminó la operatoria, y es lo que reclaman los trabajadores en Santa Cruz.