Luego de dos meses de lucha, los trabajadores de Mecca Castelar le han arrancado a la administración judicial un acta compromiso firmada en el despacho del juez del concurso, donde informan concretamente el dinero a cobrar y se comprometen a hacer efectivo el pago de salarios de manera equitativa entre los trabajadores de la empresa al cabo de las 72 horas de cobrados los pagos de las terminales. Establece, como destino prioritario del dinero que entre en la empresa, el pago de los sueldos. Toda modificación deberá ser sometida a discusión con los trabajadores.

El acta es un principio de acuerdo sobre el destino de los fondos, y un control del colectivo obrero sobre el accionar de la justicia. Un triunfo de parte de los compañeros por su heroica lucha. Esto pudo ser posible por la firmeza y unidad conquistadas por los trabajadores, y el apoyo de todas las organizaciones que se hicieron presentes.

Pero la situación de la fábrica sigue siendo precaria. La propia crisis de las terminales automotrices que, enfrentan una caída de la demanda desde Brasil y las trabas a las importaciones, ya resultó en una baja de la producción en abril de un 24% (Clarín, 18/5). Según ese mismo diario, habría por lo menos 15 autopartistas que están suspendiendo o despidiendo. Es una situación general en el gremio, que la UOM, las patronales y el gobierno están tratando de mantener oculta, porque son los efectos de la crisis internacional que pretenden descargar sobre los trabajadores.

La lucha de los compañeros de Mecca continúa, porque no están asegurados los salarios ni la producción de la fábrica. Hasta el momento, se repartirá el dinero que entre. Por lo tanto, es prioritario mantener la organización de la fábrica para exigirle al Estado que se haga cargo de la parte restante de los salarios y, mientras tanto, la continuidad del fondo de huelga y todas las acciones de solidaridad y difusión del conflicto.

Hoy es Mecca Castelar, pero también RBI Bosch, Indiel Prestolite, Peugeot, Rexam, y muchas otras que los diarios no difunden, afectadas en distinto grado por la crisis de producción. Que la crisis la paguen las patronales. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Ningún despido. Ocupación de toda fábrica que cierre, apertura de sus libros al control de comisiones obreras.