Una reforma reaccionaria del sistema de salud

Con la complicidad de la burocracia sindical.


Macri anunció la “devolución” de los fondos adeudados a las Obras Sociales y la puesta en marcha de un sistema de Cobertura Universal de Salud (CUS), por medio de un decreto de necesidad y urgencia. El ministro Jorge Lemus señaló que el objetivo del plan es modificar el sistema público de salud  para que se financie “desde la demanda y no (como ahora) desde la oferta”. Es decir que los presupuestos de salud pública para la libre atención de todos los que la requieran (oferta), serían reemplazados por un sistema donde todos “compran” prestaciones de salud (demanda), a partir de la capacidad que dispongan. Ello, ya sea con su aporte a una obra social o con un seguro estatal que permita acceder, mediante un carnet, a un monto determinado de prestaciones médico- farmacéuticas. Aunque el gobierno no lo dijo, la financiación desde la “demanda” -con la consiguiente valoración monetaria de las prestaciones- implica un límite a los servicios hospitalarios, en la línea del actual Programa Médico Obligatorio (PMO). Incluso se prevén convenios especiales con las provincias y con países limítrofes para la atención de sus ciudadanos.  El plan estará acompañado de un sistema donde profesionales y establecimientos serán calificados, con la consiguiente “competencia” entre prestadores respecto de esa demanda. Esto es, competencia entre centros de salud y, por esa vía, entre trabajadores. Es claro que la financiación del hospital de acuerdo al número de prestaciones obliga a introducir en el hospital público pautas de control empresarial respecto del trabajador de la salud.


 


Recorte


 


Los anuncios oficiales incluyen otro sistema, el de Evaluación de Tecnología médica, donde se defina la “utilidad, oportunidad y cantidad” de estudios y medicamentos aplicables en el sistema. Esto, bajo el argumento de que la “sobreprestación” en la materia encarece “irracionalmente” las prácticas. La “agencia de evaluación” apuntaría a poner un límite y recortar al actual PMO, que se fue incrementando con leyes y prestaciones adicionales (trasplante, fertilización, discapacidad, obesidad). Estas “evaluaciones” ajustadoras, que valdrán para el conjunto del sistema de salud, también servirán de referencia para la atención en el hospital público.


 


Como la asistencia podrá recibirse desde distintos sistemas -prepagas, obras sociales, hospital  público-, se infiere que existirá un registro de prestadores (ya hay uno nacional bajo control de la Superintendencia), que competirá por un “mercado” de planes individuales proporcionales a los recursos de los usuarios. De implantarse tal sistema, ¿cómo descartar que se ofrezcan planes por encima del PMO a los que puedan pagar un coseguro? La competencia entre prestadores daría lugar a una escala de planes diferenciados, como base de la creación de un mercado; medicina para pobres y medicina para ricos.


 


La privatización de la salud pública y de las obras sociales avanzó decisivamente con la “desregulación” de la década menemista. Pero con el hospital público no les fue tan bien: los proyectos de “descentralización” y “autogestión” no lograron quebrar el carácter relativamente universal e igualitario que aún conservan. Aunque se tercerizaron algunos servicios logísticos y se contrataron prestaciones para algunas obras sociales (Pami recibe cobertura del hospital estatal para decenas de miles de sus afiliados) la “autogestión” obliga a modificar la actual estructura administrativa de los hospitales, para viabilizar un régimen de facturación (o imputación de prestaciones) sistemático. Significativamente, Rodríguez Larreta acaba de enviar a la Legislatura porteña un proyecto para la creación de una nueva Agencia de Facturación para los hospitales públicos, dirigido a “agilizar” las cobranzas de las prestaciones.


 


Hay que repudiar el DNU de Macri y la burocracia sindical, y organizar el rechazo popular a la privatización de la salud que pretenden impulsar.