El gobierno nacional firmó con UPCN un aumento del 21% en dos cuotas para sus trabajadores. Este se aplica sobre salarios que vienen soportando, año tras año, las paritarias más bajas del movimiento obrero y profundiza exponencialmente la pérdida del poder adquisitivo.

El fracaso del canje y la necesidad de afrontar vencimientos de la deuda con dudosas posibilidades de refinanciamiento son el motivo de fondo para imponer este acuerdo.

Pero ellos mismos habían anunciado que la recaudación aumentó un 44% en un año. La mayor parte de ese incremento proviene de la inflación que pagamos los trabajadores a través del IVA y otros impuestos al salario. La diferencia entre la inflación y el “aumento” demuestra que, en realidad, los trabajadores sufrimos otro ajuste del 13%. Idéntico al que aplicara, en su momento, el gobierno de la Alianza y muy por encima del 5% que quieren aplicar en Europa, que Cristina opuso a su “política salarial”.

Los reclamos de las cámaras empresarias frente al supuesto “desborde salarial” llevaron a que el propio Néstor Kirchner actuara sobre Andrés Rodríguez con el fin de reencauzar el debate salarial y tratar de reimponer una cifra testigo del 20%. Los trabajadores estatales, de nuevo, son el pato de la boda. Andrés Rodríguez, para justificar la entregada, tuvo que mentir acerca de un supuesto promedio salarial de 4.100 pesos y un mínimo de 3.500 pesos que percibirían los estatales. Puro verso.

En ATE, un sector de delegados de base se autoconvocó  el mismo día que se firmó la paritaria con el objetivo de rechazar el acuerdo, no firmar e ir a un plan de lucha. Pero el mismo De Gennaro, acompañado por Pablo Micheli, quienes ya hace tiempo no participan de los plenarios de delegados, “bajaron” con el solo objetivo de desactivar cualquier medida de lucha que enfrente esta entregada y canalice la bronca de los trabajadores. Luego de atravesar esta crisis, finalmente los paritarios de la directiva oficial “firmaron rechazando”. Un eufemismo para proponer la retirada.

La presencia de ambos fue una señal inobjetable de que, otra vez, la política de la dirección verde no pasaría de expresiones de rechazo y una verborragia estéril contra UPCN. Es que un rechazo real del acuerdo (no firmar y organizar un plan de lucha) agravaría la crisis al interior de la CTA entre este sector y el sector K de Yasky. Los dirigentes de la CTA ligados a Proyecto Sur han optado por producir una crisis con su base de delegados y entregar a los trabajadores nuevamente, antes que romper lanzas con el gobierno y su fracción aliada en la CTA.

Para ello, desactivaron cualquier asamblea e incluso un plenario ya convocado. El miércoles 9 se produjo el paro y la movilización que habían sido resueltos previamente. La gresca entre UPCN y ATE, ocurrida en las inmediaciones del Pami, sirvió para desviar la atención de lo que ocurría en el palco. Miles de trabajadores que fueron a ver “cómo la seguimos” sólo escucharon como, sin siquiera pisar la vereda de la Plaza de Mayo, los dirigentes de ATE congelaron el plan de lucha convocando a organizar un plebiscito para que “la presidente sepa que los estatales queremos otro aumento y que los que firmaron el acuerdo con ella son los mismos que en su momento acordaron las privatizaciones con Menem”. Los activistas y delegados de base se retiraron antes de que concluya el acto, resignados frente a la impasse de la dirección.

Es necesario que en las asambleas de base rechacemos el acuerdo, tomemos medidas de lucha y nos pronunciemos por una asamblea general de estatales que organice un plan de lucha y la huelga general para quebrar la política del gobierno.

La base está, necesitamos una nueva dirección.