Finalmente, el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria horas antes del comienzo del paro anunciado para el 2/8 por la UTA, que acató la suspensión de la medida de fuerza. Recordemos que el 27/7 el gremio formalizó ante las cámaras patronales del sector un reclamo de incremento salarial -inicialmente para la zona AMBA pero que ahora es reclamado a nivel nacional- de una suma fija no remunerativa de $25.000 para el mes de agosto y la reapertura de las paritarias a partir de septiembre, mes en el que se cobra el último tramo de la paritaria 2022 de un acuerdo que totaliza un 50%, que contrasta con una inflación anual que se estima en alrededor del 75% u 80%, o quizás más.  Con esta última 4ta cuota, a cobrarse en septiembre, el básico inicial conformado de bolsillo queda en $120.000 (a ese monto hay que agregarle el viático de $20.600 para completar el salario neto). Para el sector de técnica el salario básico conformado se encuentra alrededor de un 15% abajo, o sea, $100.000 inicial.

Lo primero que hay que decir es que el reclamo del gremio es una lágrima, totalmente insuficiente. Una suma fija no remunerativa y un pedido de aumento sin solicitar un monto ni porcentaje.

Ante este pedido, las cámaras empresarias -con el cinismo que las caracteriza- manifestaron que “comprenden la justeza del reclamo” aunque rápidamente ataron cualquier mejora al incremento del subsidio estatal y reclamaron además por $14 mil millones de pesos en concepto de compensaciones tarifarias que, según manifiestan, les deben.

Este curso de las negociaciones ya es un “clásico” en el gremio. El contenido principal de la paritaria no pasa por el salario de los trabajadores sino por los montos del subsidio que reclaman las empresas.

La burocracia sindical con Roberto Fernández a la cabeza actúa abiertamente como el mejor defensor de las ganancias de las empresas, a la par que el salario no para de caer año tras año a niveles de un deterioro muy pronunciado, al mismo tiempo que avanza la reforma laboral que también dejan correr -los choferes “multilíneas”, los contratos a tres meses, el desconocimiento de los tratamientos médicos, y un largo etcétera.

La medida de fuerza anunciada (y ahora suspendida) por la burocracia sindical sin hacer una sola asamblea en ninguna empresa, empalma con el lock out parcial -disminución de servicios- que las patronales iniciaron el 18/7 y se extendió por alrededor de 2 semanas. Ahora es el turno de la burocracia sindical de continuar la hoja de ruta que marcó la patronal, todo a cambio de que le tiren algún “hueso” mientras las patronales nunca pierden.

Por esta razón, fue recibida con total desconfianza y sin ninguna expectativa por la base del gremio. Los delegados en las empresas salieron a anunciar que “Fernández va a pelear el salario”, pero a nadie escapa que este discurso obedece a que ya comenzó la campaña electoral para elegir la dirección del gremio en octubre, en la que tal vez “juegue” la oposición pro patronal de Miguel Bustinduy y la agrupación “Palacios”, agentes burocráticos del grupo Dota.

Respecto a la política del gobierno hay que decir que por una u otra vía -incremento de subsidios o tarifas- siempre ha intervenido en favor de los monopolios y empresas del sector.

Deliberemos e impulsemos nuestras reivindicaciones

Con la conciliación obligatoria y el aplazamiento del paro entramos en un periodo de idas y vueltas que dilatan el reclamo. Las maniobras deben ser enfrentadas por medio de una política para desarrollar y profundizar los reclamos presentes en todas las líneas. La burocracia sindical va a rehuir una profundización de las medidas de fuerza en el centro político del país y en medio de una crisis galopante como la que se vive y donde existe un fuerte movimiento en la base del gremio expresada en las recientes luchas y autoconvocatorias por el salario.

La orientación de la burocracia sindical debe ser claramente caracterizada y denunciada ante los trabajadores como un auxilio a la patronal. A su vez debemos deliberar, reclamar  asambleas, colocar el planteo del básico conformado inicial de bolsillo de $180.000 mil, reclamar la reincorporación de los despedidos, enfrentar todas las expresiones de la reforma laboral en las empresas y utilizar como punto de apoyo cualquier medida de fuerza si es finalmente convocada. Necesitamos organizar un plan de lucha que ponga a la totalidad de los trabajadores en la calle. Debemos expresar además el apoyo y la solidaridad con los trabajadores de la línea 60 que reclaman la reincorporación de los activistas y delegados despedidos y para potenciar todos los reclamos que cruzan el gremio.

Esa es la orientación que llamamos a desarrollar en el gremio. Hay que recoger el guante y desenvolver un reclamo que vaya a fondo. Ante la entrada en un terreno de maniobras alrededor de las disposiciones del ministerio y las propias maniobras del gremio, organicemos y empujemos el reclamo salarial desde todas las líneas y empresas.