La extraordinaria huelga que desarrollan hace una semana los trabajadores del transporte de Córdoba, contra la miserable paritaria firmada recientemente, es objeto de los más furibundos ataques del intendente capitalino Ramón Mestre, del gobernador Juan Schiaretti, de sus medios de comunicación adictos y, por supuesto, de la burocracia sindical de Roberto Fernández.

 

En el día de ayer, la burocracia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Nacional emitió un comunicado amenazando a los luchadores cordobeses de quitarles la cobertura de la gremial en caso de continuar con las medidas.

 

En el texto se exhibe sin tapujos la alcahuetería de Fernández y su séquito: sostiene lisa y llanamente que la lucha en curso “está socavando las bases del Estado de derecho y del sistema democrático”. Una invectiva que une el ataque contra el derecho a huelga con la autoafirmación de la burocracia como garantes de la gobernabilidad del ajuste y las ganancias de las patronales. 

 

El comunicado sostiene que “algunos delegados han expuesto a trabajadores y afiliados a la confusión e incumplimiento, con consecuencias sumamente perjudiciales a estos, como lo es la pérdida de la fuente de trabajo”. La oposición entre la lucha por derechos laborales y conservación de los puestos de trabajo, común a la burocracia sindical de toda laya, no solo es una extorsión pro-patronal, sino que rápidamente se ha demostrado como una falacia: en el sector del petróleo y de la leche, entre otras, la liquidación de los convenios con la venia de las dirigencias sindicales no ha detenido el tendal de despidos.

 

Fernández y su séquito temen un efecto contagio de la lucha, que ya puede palpitarse. Días atrás, la rebelión cordobesa estimuló una autoconvocatoria de cerca de un millar de choferes de Capital Federal y Gran Buenos Aires, también en rechazo del acuerdo salarial.

 

La burocracia busca preservarse de una pelea que la ha puesto en la picota. Los trabajadores y trabajadoras cordobesas denuncian la intervención de la seccional provincial de UTA desde septiembre pasado, realizada con la complicidad de Schiaretti con el fin de garantizar las ganancias de las empresas; y reclaman un aumento del 32,5%, que permita recuperar lo perdido en 2016 e incorpore la inflación prevista para este año –contra la paritaria firmada por UTA de 21% en tres cuotas (que supone un incremento del 8% hasta fin de año).

 

La UTA nacional usa el lenguaje de la Triple A para atacar la lucha de las choferes y los choferes de Córdoba. pic.twitter.com/E0AEZWbnFU

— Gabriel Solano (@Solanopo) 12 de junio de 2017

 

Exhiben públicamente lo que las empresas y los gobiernos saben de sobra: que la UTA es su socia en las buenas y en las malas. Días atrás, se conoció un audio en el que el ministro de trabajo de la provincia de Córdoba describía a personeros de UTA el negocio del transporte como una asociación entre “mafias privadas” y “mafias estatales”, y explicitaba la persecución en el gremio (“de los zurdos nos encargamos nosotros”). Se trata de un entramado criminal dirigido contra el conjunto de la población trabajadora, que en la ciudad de Córdoba viene de sufrir un boletazo del 37% (mientras las empresas reciben subsidios y evaden impuestos a diestra y siniestra).