Trabajadores y afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) se concentraron el miércoles frente a la sede central para denunciar el intento del gobierno de avanzar en la privatización de la principal obra social de la provincia, de más de dos millones de afiliados.

Es que, hace unos pocos días, salió a la luz un convenio (firmado en mayo) que delega a Provincia NET el control total de los sistemas informáticos para la gestión de prestaciones y medicamentos, además del cobro y pago a afiliados. El servicio, agrega el convenio, puede ser prestado “por sí y/o a través de terceros”, habilitando la privatización de este área estratégica de la obra social de los trabajadores del Estado, mediante la subcontratación de empresas para la programación y mantenimiento de los sistemas, dándole la propiedad absoluta de los mismos.

Motivos

El gobierno de María Eugenia Vidal redobló durante su gestión el vaciamiento de la obra social, que padecen desde años los afiliados con recortes en las prestaciones. Al asumir, la gobernadora nombró como titular del Instituto a un hombre de la cámara de droguerías CADDE, Sergio Cassinotti. Considerando las sistemáticas denuncias en torno de sobreprecios y retornos, con esta designación se ponía zorro a cuidar el gallinero. Lo sucedió en el cargo Carlos D’Abate, quien debió renunciar en diciembre de 2017 acusado por el desvío de 1.000 millones de pesos. Para evitarse nuevos problemas, ese mismo mes Vidal incorporaba en su reforma a la Ley de Ministerios un artículo que habilita al gobierno a apropiarse de los 'excedentes' anuales que tenga la caja de IOMA.

El correlato de todo esto fue la agudización de una política de rechazo de órdenes y trabas administrativas que obstruyen la cobertura médica, los cual terminó en algunas ocasiones con fallecidos por esta desidia, como el caso de la docente Gabriela Ciuffarella. El actual presidente de la obra social, Pablo Di Liscia, debió enfrentar incontables veces acciones de lucha de los acompañantes terapéuticos y otros prestadores, que además de sufrir el fraude laboral de ser obligados a facturar como monotributistas, acumulan sistemáticamente varios meses de retraso en sus cobros.

Lejos de ser una innovación de este gobierno, los negociados vienen de larga data: investigaciones fundamentan que se desviaron 2.800 millones de pesos en el último mandato de Scioli. Para hacer frente a este desfalco, que es una confiscación a los trabajadores que aportan todos los meses y financian IOMA, el Frente de Izquierda presentó en 2018 un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para oponer, al actual directorio de funcionarios del gobierno y burócratas sindicales, la conformación de un directorio electo por los trabajadores. El proyecto, que además plantea la derogación de las cláusulas legales que permiten el vaciamiento y el llamado a un congreso de delegados electos mediante asambleas que establezca un plan de prestaciones médicas para todos los afiliados, despertó el interés de sectores de la docencia y estatales.

Gerenciamiento

La privatización de los sistemas informáticos de IOMA debemos tomarla entonces como un primer paso en la privatización general de la obra social, hacia convetirla en una gerenciadora de prestaciones de la medicina prepaga. Es, además, parte de la política de vaciamiento de la salud pública y la privatización del sistema de salud, que tiene a los hospitales bonaerenses en ruinas mientras proliferan los despidos y la falta de insumos.

Pero también debemos tener en cuenta que este convenio es un paso más en la aplicación de la reforma laboral en el Estado. El gobierno de Vidal viene de cerrar un acuerdo con el Sindicato de Comercio para que los trabajadores de Provincia NET -encargada ahora de administrar el sistema informático de IOMA- se enmarquen dentro de ese convenio colectivo de trabajo, con sueldos que no llegan ni a la mitad del de bancarios, que les corresponde como al resto de los trabajadores del BaPro. María Eugenia pareciera seguir el libreto de Alberto Fernández, quien afirma que la reforma hay que aplicarla destruyendo convenio por convenio, de la mano de la burocracia sindical.

Vamos por un plan de lucha

Los sindicatos juegan en esta trama un rol penoso. UPCN y Suteba, que integran el directorio del Instituto (motivo por el cual han sido alcanzados por denuncias de corrupción) brillan por su ausencia, convalidando así la medida del gobierno. Por su parte ATE, Cicop y Judiciales habían convocado para el miércoles a una "asamblea de afliadxs del IOMA", pero la convirtieron en un acto de dirigentes que esquivaron proponer cómo seguir la lucha y evitaron llamar a cualquier instancia que abra una deliberación con el conjunto de los afiliados.

En defensa de IOMA y de la salud de los trabajadores bonaerenses, planteamos la necesidad de discutir un plan de lucha hasta la anulación del convenio entre el Instituto y Provincia NET. Es una causa que, al igual que la defensa del IPS y el reclamo salarial, unifica a los más de medio millón de trabajadores del Estado en la provincia. Un congreso provincial de delegados con mandato serviría para poner en movimiento la enorme fuerza de los trabajadores para derrotar la ofensiva del gobierno en retirada de Vidal y el ajuste del gobierno que se viene. Con estas banderas, vamos con todo organizar en cada lugar de trabajo el paro nacional del 10 de septiembre.