Sindicales

30/8/2017

Villa Gesell: la seguridad en las playas, en manos privadas

El gobierno municipal delega en los concesionarios privados la contratación de guardavidas. La Unión de Guardavidas denuncia intimidaciones.


La intendencia de Villa Gesell, en manos de Gustavo Barrera (Frente para la Victoria), deja la seguridad y la salud de turistas y geselinos sometida a la lógica del lucro empresario; esto es, tiende a empeorar una situación que lleva ya 30 años y deja en manos de los concesionarios privados de las playas la contratación de guardavidas. Esos privados, con el consentimiento de la municipalidad, no contratan dos guardavidas por turno, como marca la ley, y ésa es sólo una de tantas irregularidades.


La Unión de Guardavidas de Gesell ha denunciado esta situación, al tiempo que exige la contratación de los trabajadores en playa por parte del gobierno municipal y bajo convenio nacional.


En cuanto a las playas que no están concesionadas, la municipalidad contrata guardavidas por fuera del convenio. Además, no los contrata por la temporada completa sino por tandas. Así, por citar un ejemplo, el absurdo: un guardavidas debería trabajar 75 veranos para acceder a una jubilación.


El Partido Obrero local manifiesta su solidaridad activa con estos trabajadores en defensa del convenio nacional, para que se respeten las 36 horas semanales de trabajo y se contrate al personal de guardavidas por temporada completa, es decir desde el 15 de noviembre al 15 de abril según contempla la ley nacional 27.155.


La Unión de Guardavidas exige también que se convoque a concurso con acto público para cubrir los puestos de trabajo, y evitar así el clientelismo político. Una ordenanza en ese sentido viene siendo demorada por el poder político.


Corresponde exigir al municipio y al Concejo Deliberante la inmediata resolución de este reclamo para la convocatoria a concurso con un acto público, que permita un ingreso laboral democrático. Por otra parte, se debe reclamar al Ministerio de Trabajo el reconocimiento inmediato de la personería gremial a la Unión de Guardavidas (sólo tiene la inscripción), puesto que nuclea al 85 por ciento de los trabajadores en playa; tiene, por tanto una representatividad indiscutible.


Entretanto, siguen pendientes cuestiones clave para el sector. Hoy, por ejemplo, hay aproximadamente 95 guardavidas contratados por concesionarios privados, y 135 por la municipalidad. La relación laboral queda librada a los acuerdos del municipio con el Sugara, sindicato ligado al ejecutivo, o al arbitrio de los privados. Esta situación se arrastra desde hace décadas y se le debe poner fin con la aplicación del convenio 179/91.


La seguridad y la salud no pueden quedar en manos de privados.


Hoy en Gesell se paga el convenio del año 1998 (298/98), firmado por el Sugara con el entonces intendente Luis Baldo (hoy encabeza la lista de Cambiemos). Ese convenio local empeora todas las condiciones establecidas por el convenio colectivo nacional, el 179/91. El convenio nacional no se aplica en Gesell por la resistencia de la Cámara de concesionarios privados y la complicidad del Ministerio de Trabajo.


Por otra parte, las dos leyes que regulan la actividad de los guardavidas (la nacional 27.155 y la provincial 14.798) no se cumplen en Gesell ni de lejos; por ejemplo, las 36 horas semanales de trabajo, cinco meses de trabajo por temporada, un guardavidas cada 80 metros.


Después de años de lucha, la Unión de Guardavidas logró la promulgación de la ordenanza que regula el ingreso por concurso, pero de poco ha servido porque los concursos son manipulados groseramente por el Jefe del operativo, el concejal suplente de Barrera (FPV), Juan Manuel Martínez. Es así que el urgente tratamiento y resolución del actual proyecto de modificación es indispensable para mejorar y transparentar el ingreso laboral evitando los manejos clientelares y dar solución antes del comienzo de la temporada.


El Partido Obrero, además, repudia enérgicamente el ataque sufrido por los miembros de la comisión directiva de la Unión de Guardavidas.


La seguridad y la salud no pueden quedar en manos de privados y de funcionarios cómplices.