El extraordinario corte protagonizado por los trabajadores de Parmalat hace dos semanas en la Ruta 2, al cual nos referimos en el anterior número de Prensa Obrera, ha provocado un vuelco en el conflicto. Los nuevos datos suministrados por los propios compañeros que estuvieron presentes corroboran plenamente lo que adelantamos desde nuestras páginas. En primer lugar, que este corte tuvo como protagonistas al activismo, que tomó la iniciativa y forzó la medida, que no estaba en los cálculos de la burocracia. La conducción nacional de Atilra ya había pactado con las autoridades y las fuerzas de seguridad una jornada inofensiva de agitación que se limitaba al reparto de un volante a los automovilistas que circulaban por la ruta, con los manifestantes ubicados en los costados del camino. La propia intendenta intervino con nerviosismo denunciando que el corte no era lo que se había acordado. La burocracia de Atilra trató de impedirlo, pero su esfuerzo fue insuficiente. Más allá de la enorme repercusión mediática, el acontecimiento trajo como consecuencia la remoción del jefe policial a cargo del operativo, quien fue destituido por negarse a reprimir. La remoción del jefe policial pone en evidencia el alto grado de fractura e inestabilidad que reina en el aparato de seguridad.

 

El viraje se hace sentir

 

La política de la conducción nacional de Atilra, que cifró todas sus expectativas en un comprador de Parmalat, ha fracasado por completo. En la mejor de las hipótesis, los únicos interesados que se conocieron no pretendían absorber las plantas y menos aún a los trabajadores.

 

Ponce, con las manos vacías, ha tenido que volver a las negociaciones con Taselli, pero, ahora, en el nuevo cuadro creado por este nuevo viraje en la lucha. Con la intervención del Ministerio de Trabajo, se acaba de aprobar un acuerdo por el cual la empresa se compromete a un plan de pagos de lo adeudado hasta diciembre, que debe completarse antes del 15 de febrero, y a normalizar en un plazo de dos meses el funcionamiento de las plantas, restableciendo en forma inmediata los servicios de luz, gas y agua. En ese intervalo de dos meses, se dispondría una suspensión general del personal, abonándoseles a todos el 100 por ciento de lo que venían cobrando. Sólo 80 peronas, a través de un listado que daría a conocer la empresa, deberían presentarse en ese lapso para hacer tareas de mantenimiento.

 

Este acuerdo encierra una trampa porque apunta a que los trabajadores se queden en sus casas, ahora que la lucha ha pegado un vuelco. Si esto prosperara, estos meses serían aprovechados por Taselli para avanzar en los despidos y en el convenio de crisis. Pero no tuvo más remedio que echar lastre, pues en menos de una semana los trabajadores recibieron 1.500 pesos a cuenta de la deuda. Pero en la asamblea general que tuvo lugar en Pilar el viernes 10 de febrero se cuestionó el listado selectivo, denunciándolo como discrecional. En oposición a la pretensión de Taselli, un sector del activismo planteó que todos los trabajadores se presenten a trabajar en sus horarios habituales. El activismo es consciente de que más que nunca en esta etapa crucial hay que mantener la presencia física diaria en la fábrica. Este clima fue advertido por los delegados, quienes sacaron de la manga la propuesta de que el listado de los 80 sea elaborado por el Cuerpo de Delegados y se dieron maña para que dicha moción resultara finalmente aprobada. La moción será llevada nuevamente a la patronal y está prevista una nueva asamblea.

 

Perspectivas

 

A Taselli le salió el tiro por la culata y Ponce se ha quedado sin libreto. Se replantea la necesidad de que discutamos una salida de fondo.

 

La industria láctea sigue en expansión y viene batiendo nuevos récords. Parmalat, en caso de que se reactivara, tendría un lugar asegurado.

 

Están maduras las condiciones para exigir que el Estado financie y respalde un plan integral de reactivación de este estratégico centro industrial bajo gestión de sus trabajadores.