Sindicales

22/7/2004|860

Zanón: ¿Hacia dónde?

En estos dos años y medio largos al frente de la fábrica, la gestión obrera de Zanón se ha afianzado tanto política como económicamente. Ha conquistado un enorme reconocimiento popular, ha reforzado su ascendiente sobre las distintas capas de la población. La producción que arrancó con un nivel mínimo de 15.000 metros cuadrados de cerámico, ha saltado, en la actualidad, a un volumen de 215.000 metros cuadrados mensuales. En el período indicado, se han incorporado 50 trabajadores a la fábrica, reclutados entre los miembros de las organizaciones de desocupados, quienes trabajan en pie de igualdad con los restantes trabajadores de la planta, cobrando un mismo salario que en los últimos dos meses supera los 1.000 pesos (con la antigüedad y los premios). Si partimos del estado de abandono en que la dejarán los dueños, la experiencia recorrida ha probado la superioridad de los métodos de organización de la clase obrera respecto al fracaso capitalista.


Fracasadas las sucesivas tentativa de desalojo (las cuatro órdenes judiciales se estrellaron con una férrea movilización popular que estremeció en su momento la provincia), el juez de la quiebra, Páez Castañeda, ha optado por un camino más sinuoso, pero que apunta en la misma dirección. Ha procedido a desplazar al directorio y designar en su lugar una interventora para todo el grupo empresario. Dicha interventora tomó posesión de su cargo en Barda Negra, Zafiro y Motta (es decir en las restantes empresas del grupo), pero no pudo hacer pie en Zanón. La designación de la intervención apunta a abrir una cuña que le permita a la patronal retomar el control de la fábrica, pero hasta ahora la maniobra ha fracasado.


En este marco, los compañeros de Zanón han vuelto a reflotar el reclamo al juez de una administración obrera transitoria de la empresa (dos años antes habían realizado un reclamo similar pero con un resultado desfavorable). La novedad consiste, esta vez, en la conformación de una cooperativa; los trabajadores solicitan que esa cooperativa se haga cargo de la administración de la empresa hasta la asamblea de acreedores. Esta alternativa ha sido presentada como una salida transitoria que permitiría, según la dirección de Zanón, defender mejor las conquistas de la fábrica mientras se avanza en una solución de fondo consistente en la expropiación y estatización de la fábrica. ”El camino que hemos resuelto –reza un documento dado a conocer en la planta– es el de mantener la autonomía y el control obrero con la forma de una cooperativa de trabajadores. Darle una forma jurídica para plantearle al juez y a la intervención judicial que la administración de la fábrica quede en manos nuestras”.


“La Cooperativa –se agrega– no es la solución de fondo. No es una cooperativa que tenga que hacerse cargo de la deuda de Zanón, ya que esta cooperativa la peleamos contra la intervención y sólo en el período del concurso. No para después de la asamblea de acreedores, que es cuando se abre la discusión sobre quién paga las deudas de Zanón… Es una cooperativa para seguir administrando con autonomía de la intervención judicial hasta que tengamos la solución de fondo por la que peleamos”.


¿Constituye una salida la mentada administración obrera judicial? ¿Es una táctica adecuada para defender las conquistas alcanzadas?


El concurso de acreedores es una institución patronal, cuya función es salvaguardar los intereses de los capitalistas. Los dispositivos que pone en marcha la convocatoria apuntan a salvar el capital, sea bajo la forma de un acuerdo o de la declaración de quiebra.


La administración obrera judicial, llámese transitoria, ya sea bajo la forma cooperativa o cualquier otra figura legal, significa convertir al colectivo de trabajadores en funcionarios del concurso, lo cual los ata a la decisión del juez y los convierte en rehenes de los acreedores.


Es falso que la cooperativa, en caso de entrar al concurso, no tenga que hacerse cargo de la deuda. El concurso nace ante la incapacidad de un capitalista de hacer frente a sus deudas y arbitra los mecanismos para pagarlas. En otras palabras, por definición, su punto de partida lo constituye el reconocimiento de las deudas patronales. Tampoco es válida la divisoria que se hace entre los períodos del concurso (anterior y posterior a la asamblea de acreedores). Aun en la etapa previa a la convocatoria de acreedores, la administración debe hacer frente a los vencimientos de cierto tipo de deuda, como las hipotecarias y prendarias.


Todo esto no es para nada desconocido, en primer lugar para la propia dirección sindical. En la presentación oportunamente realizada en el juicio de Zanón por el sindicato ceramista de Neuquén (que ha sido complementada con la formación de la cooperativa), no se dice una sola palabra de no hacerse cargo de las deudas. Por el contrario, se sostiene que “los trabajadores tendrán la obligación de conservar la unidad productiva, pago de sueldos, impuestos y cargos, y gastos por los insumos necesarios para el proceso productivo quedando el remanente a disposición del juez”. Ese “remanente” es ni más ni menos que la masa de utilidades que producen los obreros y que irían al bolsillo de los acreedores, según lo reconoce la misma presentación. No podría ser de otra forma, pues la función del concurso, en todas sus etapas, es garantizar el cobro de los acreedores. En salvaguarda de esos intereses, la ley dispone de una serie de cláusulas que impiden disponer libremente de los bienes de las empresas en convocatoria.


La administración obrera en el marco del concurso constituye una gestión compartida entre, por un lado, la patronal, representada por el dueño, el síndico, el juez y los acreedores y, por otro, la parte obrera. Estamos en presencia de un régimen compulsivo de colaboración de clases, arbitrado por un juez con poder decisorio. Este colaboracionismo se ha extendido durante estos años de crisis y colapso del régimen social y político, y de ningún modo se ha atenuado. Así lo prueba la participación de organizaciones piqueteras en los comités de crisis en los municipios, de los sindicatos en los consejos consultivos, ni hablar de las propias “fábricas recuperadas”, cuyos trabajadores han sido víctimas de un poderoso proceso de integración al Estado. Todas estas variantes de colaboracionismo son exhibidas invariablemente como un trampolín para impulsar los reclamos de los trabajadores, ocultando deliberadamente las ataduras, compromisos y condicionamientos que el ingreso a un órgano patronal representa para la acción independiente de los trabajadores. Por supuesto, en todos estos casos, nunca falta la promesa ritual de que los condicionamientos que se interpongan en el camino “serán rechazados” y se hace juramentos de que “se seguirá luchando”.


Como se puede apreciar, la administración obrera judicial, no es una consigna inocua. El PTS, en su momento, llegó a darle un alcance estratégico, al plantear un régimen de transición, según ellos mismos decían, en el camino de la estatización. Es decir, un escalón intermedio (durante el cual la fábrica no estaría estatizada y ni siquiera expropiada), que constituiría una suerte de peldaño hacia el control obrero y el socialismo.


Pero si se tratara de una simple maniobra y nos olvidáramos de todo este macaneo anterior sobre la consigna, lo que menos habría que hacer con ella es embellecerla. ¿Pero, yendo más lejos y admitiéndola como maniobra, que es lo que obliga a los trabajadores a entrar en ella? ¿Por qué aceptar semejante desvío? ¿Estamos, acaso, en vísperas de un desalojo violento? Como los propios trabajadores de Zanón lo reconocen, el nombramiento de la interventora dialoguista es la confesión del fracaso de la alternativa represiva. El juez ha tenido que echar lastre. Es decir, que en ese plano la “correlación de fuerzas” es favorable a los trabajadores y no al campo patronal. ¿Por qué, entonces, cederle un espacio a los enemigos que hasta ahora les estaba vedado? La administración de la cooperativa sometida a la capacidad decisoria de un juez, le daría al capital y a los poderes del Estado una posibilidad de meter una cuña y reconquistar una injerencia en el funcionamiento de la fábrica que, hasta ahora, no ha logrado imponer, ni mediante el garrote (represión) ni la zanahoria (intervención). Estaríamos promoviendo un serio autoretroceso de la fábrica, con serias consecuencias para el futuro pues esa injerencia, en caso de consolidarse, terminará de arrasar todo vestigio de gestión obrera independiente, que los trabajadores conquistaron en estos tres años y que vienen defendiendo con uñas y dientes.


No es la primera vez que se afirma que el eje central –la “solución de fondo”, como se dice– es la expropiación pero esta reaparición en escena de la administración obrera judicial, esta vez bajo el nuevo rostro de cooperativa, es la mejor confesión de que la reivindicación de la expropiación y la lucha por ella no pasa de un carácter ritual. Más allá de lo que se diga para las tribunas, la campaña de la fábrica, la única campaña real, gira en torno a la salida judicial. Es necesario abrir una discusión franca y seria entre los trabajadores de Zanón y operar un viraje. Llamamos a organizar una campaña de movilización nacional por la expropiación de Zanón.