Los trabajadores municipales de Zarate han denunciado a través de distintos medios de comunicación que están siendo obligados a tomar “tareas extraordinarias” que nada tienen que ver con las tareas para las que fueron contratados.

Las “tareas extraordinarias” van desde hacer controles en los accesos a la ciudad para hacer relevamiento de casos de coronavirus pasando por el reparto de barbijos y hasta hacer controles de precios en los supermercados. Todas tareas que suponen una exposición evidente al contagio.

Estas tareas se vuelven obligatorias porque bajan como aprietes desde Recursos Humanos hacia las distintas direcciones donde se hace el relevamiento del personal disponible: se apoyan en la extendida precarización laboral para imponer un régimen de “voluntariado” compulsivo, dado que quien no acepta corre el riesgo de que su contrato no sea renovado, un método similar al utilizado por Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.

La presión no sólo se ejerce sobre los precarizados, dado que a los que trabajadores de planta, que también son reasignados compulsivamente a otras tareas, les están llegando cartas documentos donde se los intima a justificar las tareas realizadas durante la cuarentena: se encuentra en marcha un operativo de rebaja salarial, dado que quien no acredite tareas, será afectado en su remuneración.

Para avanzar contra los municipales, la intendencia dictó una ordenanza municipal que la habilita a disponer los recursos de manera discrecional. El telón de fondo es la crisis en la caída de la recaudación, que el municipio busca trasladar a los trabajadores mediante cesantías y rebajas salariales.

Los trabajadores se encuentran desprotegidos frente a la arbitrariedad de la gestión del intendente Osvaldo Caffaro y a la inacción de los sindicatos municipales que no toman cartas en el asunto: ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales deben denunciar la situación, impulsar la organización y efectuar medidas de lucha en defensa de los trabajadores.

La pandemia requieren medidas extraordinarias para enfrentarla: pase a planta permanente, salario mínimo igual al costo de la Canasta familiar y actualización por inflación. Planteamos la necesidad de poner en pie comisiones de seguridad e higiene que controlen las condiciones de bioseguridad de los municipales.