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31 de julio de 2019

La crisis en el Partido Obrero y la encrucijada de la IV Internacional

Parte I

La crisis y división en el Partido Obrero de Argentina, pública y ampliamente divulgada, estalló y precipitó con velocidad sorprendente. En apenas dos meses se pasó de la presentación de un documento disidente con la orientación política de la dirección nacional, en el 26º Congreso del partido (a mediados de abril), un hecho banal en todo partido político democrático, a la constitución, por los disidentes, de una fracción pública, condenada como “rupturista” por el Comité Nacional elegido en ese congreso, la exclusión (de hecho o de derecho) de los miembros de la fracción (que pasaron rápidamente de poco más de 600 firmantes iniciales de su documento político para mil), incluyendo la incautación de locales y materiales allí donde la fracción opositora fuese mayoritaria; toma por la fuerza de locales; desplazamiento de los círculos partidarios de la militancia opuesta a las posiciones políticas del Comité Nacional o que se solidariza con su reclamo de constituir una fracción pública. La dirección del PO procedió a la intervención judicial del partido en Tucumán, donde la fracción opositora es ampliamente mayoritaria, contra la voluntad expresa y explícita del comité Tucumán del PO. Tal medida privó a los militantes del PO tucumano de derechos políticos, inclusive del control sobre su política electoral. Todas esas medidas, y otras, han sido justificadas en nombre del “centralismo democrático”, esto es, en la responsabilidad de la dirección de garantizar la “unidad de acción”.

Según Jorge Altamira: “Quienes recurren a la intervención del Poder Judicial en el partido, violan de este modo el método político del PO por partida doble: expulsión de militantes en lugar del reconocimiento del derecho de tendencia al interior del partido y reclamo al Estado para que desempeñe un papel de árbitro en la crisis de nuestra organización”. Al “arbitraje” (debate político) propuesto por las organizaciones revolucionarias de otros países con las que el PO milita en el CRCI, la dirección del PO ha opuesto el arbitraje del Estado. En diversos locales del PO han sido cambiadas las cerraduras, para impedir el acceso de militantes no alineados con la dirección. La “fracción pública” es llamada, despectivamente, de “grupo de (Jorge) Altamira”, a pesar de reunir un efectivo militante situado entre un cuarto y un tercio del partido. Se pretende, no minimizar, sino ignorar lo que, en caso de consumarse, sería una escisión. De modo significativo, fue así (como una escisión) que interpretó los hechos la prensa argentina y los partidos y publicaciones de izquierda, argentinos o extranjeros. La fracción ha precisado el alcance de las divergencias y de la crisis como sigue: “El carácter de esta crisis está determinado por la tentativa explícita de romper la continuidad histórica del partido - o sea sus principios, su estrategia y sus métodos”.

A la publicación del documento que proclamó la “fracción pública” (“Porque una fracción pública del Partido Obrero”) el Comité Central del PO respondió en un “Boletín Interno” al que tuvimos acceso en el sitio del PO, a través de un texto que, además, resumía y ventilaba el contenido de decenas de boletines internos anteriores, los que, de ese modo, dejaban de ser internos en cualquier sentido de la palabra, lo que no impidió al Comité Nacional de acusar a la fracción de violar el centralismo democrático, interpretado al parecer como un método destinado a ocultar públicamente las divergencias internas. En dicho texto, después de criticar prácticamente cada afirmación de la fracción, sobre cuestiones tácticas o estratégicas, el CC concluyó: “De la naturaleza del debate que venimos realizando surgen divergencias importantes pero que no son de principios. El documento presentado no aporta ninguna cuestión nueva que ya no ha haya formado parte previamente del debate precongresal” (itálico nuestro). No habría, en consecuencia, fundamento (“de principios”) para cualquier fracción y, sobre todo, para cualquier discusión organizada al respecto.

Frente a una nueva respuesta de la “fracción pública” (y frente al propio cariz que la cuestión asumió en la prensa y en la TV), la dirección del PO respondió nuevamente, en un editorial de Prensa Obrera, declarando divergencias tácticas, programáticas, metodológicas y hasta filosóficas (llegando a denunciar una “ruptura con el marxismo”) con la fracción, esto es, cuestiones “de principio” en grado sumo, múltiple y variado, con el mismo fundamento con que declaraba la inexistencia de esas cuestiones. Cuando una persona (o partido) miente, es un mentiroso; cuando lo hace contra toda lógica, o sea, contra todo criterio de verdad, y sin manifestar la menor preocupación por tal criterio, estamos frente a una burocracia, que pretende imponerse contra toda veracidad y coherencia lógica, esto es, imponerse la pura fuerza de su aparato. Los ejemplos históricos abundan y son demasiado obvios. ¿Estamos ante una burocratización del Partido Obrero?

Altamira, uno de los pocos representantes actuales del núcleo fundador original del partido (el grupo Política Obrera, en 1963-1964), y su principal (no único) dirigente histórico, no se conformaría, según la dirección del PO, con el hecho de haber sido excluido “democráticamente” de la dirección partidaria, ni tampoco con el hecho de no ser su principal candidato electoral (desde 1983, fue cinco veces candidato a presidente, habiendo ocupado también la posición de legislador en Buenos Aires), esto después de un “inéditamente democrático” debate pre-congresal de tres meses de duración, con 17 boletines internos conteniendo 300 textos, grandes o pequeños. Habiendo tenido acceso a esos documentos, nos cupo constatar que lo “inédito” en ellos era la enorme cantidad de argumentos e invectivas ad hominem contra Altamira, y también contra Marcelo Ramal, Julio Quintana y otros cuadros políticos reconocidos del PO, con un contenido que extrapolaba ampliamente el campo político (uno de los textos, sólo pasible de interpretación psicoanalítica, se llamaba “fuimos todos sijorgistas” [sic, se refiere al ‘Jorge’ de Altamira] y era una clara catarsis expiatoria de la figura paternal por parte de su autor). Esto no es apenas inédito en relación a la tradición del PO, sino también a la de los partidos de izquierda en general, por lo menos desde la “bolchevización” (stalinización) en clave anti-trotskista de los partidos comunistas.

Inmediatamente después del congreso de abril, la dirección del PO se movió en el sentido de formalizar la presentación electoral del FIT (Frente de Izquierda de los Trabajadores) ampliándolo hacia otros grupos y partidos, en especial el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), con los que ya venía discutiendo, acordando con éstos un programa. El ahora FIT-U (Unidad) representa la convergencia de corrientes que, hasta el presente, poseían políticas y estrategias opuestas. Un fuerte destaque ha sido concedido en la propaganda de todos sus componentes a la concreción de la tan anhelada “unidad de la izquierda” o, por lo menos, de 90% de ella, según la propaganda electoral. El programa presentado por el FIT-U no tiene carácter estratégico (aunque se llame “declaración programática”), sino coyuntural, esto es, está basado exclusivamente en un análisis de la coyuntura política: no caracteriza al país, sus clases sociales y su dinámica histórica, sus principales movimientos políticos (en especial el nacionalismo burgués, el peronismo) ni la etapa histórica, nacional y mundial, y las tareas objetivas que plantea. A partir de ese análisis coyuntural se presenta un conjunto amplio de reivindicaciones, una suma de consignas, antiimperialistas, democráticas y clasistas, culminadas en el planteo de “una Asamblea Constituyente Libre y Soberana… Por un gobierno de los trabajadores y del pueblo impuesto por la movilización de los explotados y oprimidos”. La cabeza de la fórmula presidencial del FIT-U para el PTS (Nicolás Del Caño) fue acordada por sus componentes; el PO concordó con ella en base a sondajes electorales y de opinión, su dirigente Romina Del Plá integra la fórmula como candidata a vicepresidente.

La fracción pública del PO ha señalado que “en el programa del FIT-U, el slogan de ‘que la crisis la paguen los capitalistas’, ha sido desnaturalizado, ya que se propugna ‘brindar créditos baratos’, o sea, un rescate del proceso capitalista…. El FIT, y ahora el FIT-U, es un frente formalmente independiente de la burguesía, de contenido democratizante. Es un episodio político transitorio que debe concluir en el desarrollo del partido revolucionario, o en caso contrario en la disolución política”. Para Daniel Gaido, militante del PO, “el FIT-U no es simplemente una coalición de partidos unidos por un programa de independencia de clase, ya incluye un elemento de frentepopulismo con su planteo de ‘brindar créditos baratos’ (por no hablar del historial de alianzas del MST con políticos de la burguesía como Luis Juez)”. Lo de los “créditos baratos” (rebaja de las tasas de interés) está en el punto nº 1 del programa (son veinte puntos) que plantea la nacionalización de la banca y el comercio externo: seria como imponerle a la banca estatal un subsidio a las empresas medias o pequeñas, que sólo podría ser financiado por los salarios (depositados con tasas de interés más bajas) o por los pequeños ahorristas. Apuntemos que los monopolios poseen el recurso de dividirse legalmente en empresas medias o pequeñas, cuando les es necesario, recurso que ya han usado diversas veces.

Debemos, por lo tanto, interrogarnos sobre el vínculo entre la crisis del PO, la tentativa de marginalización de su “fracción pública”, y la configuración del FIT-U. Una reconstrucción elemental de los hechos puede despejar, al menos en parte, ese interrogante. Los argumentos ad hominem en los BIs (boletines internos) tenían (y tienen, en la medida en que continúan a correr sueltos) un sentido objetivo, político, más allá de la rabia, grande o pequeña, de sus autores, que fueron varios, contra el objeto de sus iras. Hasta frases pronunciadas en conversaciones personales, en especial por Altamira o Ramal, han sido usadas como base para argumentos y posiciones contra éstos, a pesar del carácter altamente subjetivo (y obviamente sujeto a cuestionamientos) de semejante procedimiento. Altamira habría sido responsable por un régimen personalista en el PO durante medio siglo (esto es, durante prácticamente toda su historia), ciertamente que con cómplices (“fuimos todos sijorgistas”), una pequeña concesión al sentido común. Este régimen habría creado un “culto a la personalidad”, que el actual Comité Nacional habría substituido por una “dirección colectiva” (compuesta, sin embargo, por personas formadas en el “culto”). Vamos a dejar de lado las elucubraciones acerca del “breve período” (¡50 años!) en que el régimen personalista habría sido necesario, hasta que fuesen reunidas las condiciones para una “dirección colectiva” – aunque hayan sido escritas por personas de apariencia adulta, miembros de la dirección del PO.

No preocupó a nadie, por lo que parece, el hecho de que la explicación arriba citada se pareciese como una gota de agua al concepto kruscheviano (“culto a la personalidad”) cuñado por la burocracia de la URSS para desvencijarse de la incómoda figura de Stalin, no contra el peligro de la crítica democrática y socialista de las masas soviéticas, sino en función de la búsqueda de una convergencia estratégica con el imperialismo (“coexistencia pacífica”). El concepto permitía blanquear los crímenes de la burocracia durante el período estalinista, atribuyéndolos exclusivamente a la personalidad patológica de Stalin, y preservar los privilegios y política reaccionaria de la misma burocracia en el post-stalinismo. Para ello se falseaba la relación líder/burocracia/Estado: si Stalin fuera factor activo en la organización y victoria de la burocracia contra el bolchevismo, una vez obtenida esa victoria la burocracia lo conservó (después de casi echarlo en el 17º Congreso del PCUS, en 1934, en el que Stalin fue el último elegido en la lista para el CC) como factor de unidad por encima de sus alas divergentes y enfrentadas, y como factor de “legitimación política”, en su calidad de único sobreviviente de la dirección bolchevique histórica, creadora del Estado soviético y aniquilada físicamente por la burocracia. El precio a pagar por la operación fueron las purgas asesinas en el interior de la propia burocracia (dos tercios de los delegados del 17º Congreso fueron asesinados) y tolerar por dos décadas la “escuela estalinista de la falsificación” del bolchevismo y la Revolución de Octubre, el llamado “culto a la personalidad”, hasta que éste se transformó en un obstáculo para la “modernización burocrática”, consolidación jurídica de sus privilegios (y no “tentativa de renovación socialista”, como interpretaron Isaac Deutscher y la fracción mayoritaria de la IV Internacional), que concluyó en la “perestroika” y en la restauración capitalista en la ex URSS.

No es negar en absoluto los problemas en la dirección del Partido Obrero, a lo largo de su historia, decir que es al ñudo buscar cualquier semejanza entre ese proceso y la trayectoria del PO. Según los BIs citados, Marcelo Ramal habría escrito un texto (que no leímos) en el que calificó a Altamira de “hombre-programa” o cosa semejante, no sabemos en qué contexto. El concepto, de todos modos, no tendría mucha utilidad, pues si los hombres son falibles, los programas también lo son; los programas socialistas o marxistas, por su propia naturaleza, son superables y mutantes, por el desarrollo y los problemas puestos por la historia y la lucha de clases. Si tal “hombre-programa” existiera, ello no impediría la necesidad de forjar una dirección política, colectiva por su propia naturaleza. Una dirección unipersonal no es una dirección, sino un unicato; los militantes de un partido dirigido por una sola persona, por genial o “programática” que ella fuese, no serían militantes sino súbditos, un concepto superado (a sangre y fuego) por las revoluciones democráticas, que lo substituyó por el de “ciudadanos”. Una organización con esas características no sería un partido, y sólo conseguiría reclutar adeptos, con la excepción de algún que otro retardado mental, ofreciendo ventajas materiales (a veces un mendrugo, como es el caso en Brasil, un país con 25 millones de desocupados y una enorme miseria social). Que un “partido” originado en la CRCI (Coordinadora por la Refundación de la IV Internacional) responda casi como una fotografía a esa descripción no le quita el “mérito” de haber llegado con sus propias piernas a semejante resultado.

Según algunos textos de los BIs precongresales, el “régimen unipersonal” en el PO habría estado acompañado de ventajas materiales (sobresueldos y/o privilegios funcionales) para Altamira y Ramal. Después del Congreso, tal vez entusiasmado frente a la nula reacción ante semejantes “insinuaciones” (y no se entiende como militantes de un partido revolucionario puedan haber leído cosas semejantes como si se tratara de un informe meteorológico), un miembro del nuevo Comité Nacional transformó lo nebulosamente insinuado en hecho comprobado, lanzando (poéticamente, según parece) una acusación de “corrupción” contra Altamira, en redes sociales. Al PT de Uruguay cupo el mérito de no haber dejado pasar en blanco la cuestión, criticando, en un pronunciamiento público, que “se deslicen elementos que apuntarían a privilegios o corrupción, que no se habían mencionado hasta que Altamira y Ramal asumieron una lucha por una posición discrepante, como minoría del anterior CN. Aparecen recién ahora como instrumentos para difamar a esta oposición a la línea mayoritaria”.

La observación es exacta, inclusive en el uso del verbo “difamar” (acusar sin pruebas), y encuadrada en el propósito militante del PT de resolver la cuestión a través de un debate interno en la CRCI: “El Comité Central del Partido de los Trabajadores llama al Comité Nacional del Partido Obrero a rever esta resolución (de exclusión de la fracción), a dar todas las garantías estatutarias a sus militantes, a defender la unidad del PO. Otra cosa significaría un retroceso histórico para la clase obrera y los revolucionarios de todo el mundo, por lo que apostamos a que se retorne a las mejores tradiciones de nuestra corriente. Las organizaciones de la CRCI han solicitado una reunión urgente y están dispuestas a intervenir para evitar una fractura que sería liquidadora del PO. El PT de Uruguay se pronuncia por la defensa del centralismo democrático, lo que implica el derecho a tendencia o fracción, como mecanismo de defensa de la unidad del partido y de la CRCI”. Lamentablemente, la acusación mencionada arriba, al tomar estado público, abre también otras posibilidades. Las acusaciones de inconducta dentro de un partido pueden y deben ser esclarecidas en sus propios organismos (Comisión de Control, en el caso del PO). La acusación pública de corrupción es una cuestión diferente, pues afecta no sólo la imagen, sino también el ejercicio de los derechos públicos (derechos políticos incluidos) del acusado, lo que es particularmente grave en el caso de un dirigente político. En Brasil existe una ley (ficha limpa) que prohíbe el ejercicio de los derechos políticos y la ocupación de cargos públicos a todos los procesados y condenados por corrupción, de cualquier tamaño que ésta sea y en cualquier ámbito en que haya sucedido. Es lo que impidió la candidatura de Lula, que continúa, no obstante, cobrando (en cana) sus beneficios como ex diputado y ex presidente. No conocemos la legislación argentina al respecto.

En el caso de que la acusación no sea comprobada (poco importando que ella haya sido formalizada ante la Justicia, basta que sea pública) el acusador se expone a proceso judicial por crimen de injuria y difamación, ya se trate de una persona, una entidad o un organismo partidario. El recurso a la Justicia, en este caso, no se compara (políticamente) al uso de ésta para apropiarse de locales, materiales o derechos políticos, como el citado inicialmente, pues la defensa contra la calumnia fue (y es) una conquista democrática histórica que busca preservar los derechos de ciudadanía frente a abusos de poder, del Estado, de grupos económica o políticamente poderosos, de los grandes medios de comunicación, etc. El quid de la cuestión de la corrupción sería el problema de las rentas (que parecen haber crecido vertiginosamente, en número, en el PO, se llegó a afirmar que superan, proporcionalmente, las de la histórica socialdemocracia alemana): según la dirección, imperaba en la materia un régimen “discrecional”, al que opone ahora un “método colectivo”, consistente en la “revocabilidad de todos los compañeros que cobran sueldos en todo el país por parte de la dirección nacional, con la participación de los comités locales” (itálicos nuestros). No sabemos cómo habrá sido el régimen precedente (recuerdo una votación en el Ejecutivo, en tiempos de la dictadura militar, en que éste se negó a aumentarse los bajos salarios que percibían sus miembros, que eran prácticamente todos los rentados del partido); podemos, sin embargo, decir que el “método colectivo” de la actual dirección no es democrático (“colectivo” y “democrático” no son sinónimos), pues deja en sus exclusivas manos (con “consultas”, claro) decidir sobre la vida y las familias de los que serían hoy cientos de militantes rentados, o sea, le da un arma formidable de presión política sobre la militancia. No conocemos, pero si medimos en su potencial, el papel que esta arma puede jugar en la actual crisis del PO.

Volvamos a la cuestión de las acusaciones infamantes. Cuando Juan Pablo Bacherer, dirigente trotskista boliviano, se defendió de las acusaciones públicas lanzadas por Guillermo Lora (POR), en un Tribunal Moral Internacional realizado en La Paz (del que fui secretario; Esteban Volkov, nieto de León Trotsky, fue su presidente), destacados juristas miembros del Tribunal, como Waldo Albarracín, le propusieron, dado que había sido objeto de execración pública por parte de la dirección del POR, que llevara el caso también a la justicia común, lo que Juan Pablo descartó por una opción política (afirmando que le bastaba la absolución política por el Tribunal Moral), no porque condenara ese procedimiento por principio. Juan Pablo había sido excluido del POR (en el que constituyó una fracción pública, la “Oposición Trotskista” del POR, fundadora de la CRCI). No de otro modo procedió León Trotsky frente a las acusaciones infamantes y calumniosas que le lanzó la burocracia del Kremlin (contra la cual constituyó una fracción pública, la “Oposición de Izquierda”), de las que fue absuelto por el Tribunal Moral presidido por John Dewey.

Retomemos el hilo de los acontecimientos. Una vez en el 26º Congreso del PO, las acusaciones de los BIs contra los disidentes cobraron un nuevo grado, mediante la divulgación del contenido de ciertos mensajes (mails) de Marcelo Ramal, de cuyo contenido la mayoría de la dirección del PO sacó determinadas conclusiones políticas, mensajes obtenidos mediante la violación del correo electrónico de Ramal, por medios no esclarecidos, configurando un acto de violación de correspondencia personal (lo que constituye crimen común en el derecho civil), y pretendiendo que aquellas conclusiones se incorporasen al debate político, antes de la votación de los documentos de la mayoría y la minoría, y de la elección de la nueva dirección. La dirección no negó el espionaje: hasta lo reivindicó como una suerte de “deber revolucionario”. Ramal protestó y exigió que una comisión disciplinar juzgase de inmediato la cuestión. La comisión, de ocho miembros, expidió dos resoluciones diferentes y diametralmente opuestas, cada una con 50% de los votos, respectivamente justificando y condenando lo acontecido.

Inmediatamente después del Congreso, Ramal dirigió una carta a los otros partidos miembros de la CRCI (PT Uruguay, EEK Grecia, DIP Turquía) exponiendo en sus términos, claro, lo sucedido, y solicitando un Tribunal Moral Internacional, con copia al CN del PO. En nombre de éste, Pablo Heller dirigió una carta a los mismos partidos, desautorizando y condenando la carta de Ramal (por haber sido enviada sin autorización de los organismos partidarios), y explicando lo acontecido: no hubo espionaje, sino una “torpeza” (sic) de Ramal que permitió “ojear” su correspondencia personal, que habría revelado una actividad de “infiltración”, que el CN tenía la obligación de hacer pública al partido (y, como después se vio, también a la opinión pública). Los elementos de esa argumentación son extraordinarios, no solo por su torpeza (secundaria y formal) sino por su contenido:

1) Si la torpeza de la víctima justificase el robo (en este caso, de correspondencia) o el crimen, todos los crímenes estarían justificados, pues siempre será posible encontrar algo de torpeza en el comportamiento de la víctima (por ejemplo, llevar la billetera parcialmente expuesta en el bolsillo trasero, lo que, según la lógica del CN del PO, justificaría su substracción por un carterista y ¡transformaría a la víctima en culpable!);

2) En la tradición de la izquierda y de la democracia militante, el término “infiltración” tiene un significado inequívoco: la penetración secreta por organismos de espionaje y represivos del Estado (en el caso de enfrentamiento o de guerra nacional, se refiere también a la penetración de “quintas columnas” del enemigo). Afirmar que no fue ese el sentido con el que se la utilizó no sirve de nada, pues las palabras no tienen un sentido arbitrario o subjetivo, sino aquel definido por el diccionario y la tradición escrita u oral. No se puede llamar a alguien de “hijo de puta” o de “negro de mierda”, ofendiendo a las mujeres y a los negros, y después argumentar que no se usó la expresión en su sentido habitual. Digamos, recorriendo a nuestra tradición política, que fue exactamente una cuestión de este tipo la que motivó el Tribunal Moral que juzgó a Lora y Bacherer, aunque de carácter menos grave, pues Bacherer fue acusado de “revelar un trabajo clandestino del partido” (en un Congreso del POR), tan clandestino que ni los militantes del partido podían conocerlo, no de favorecer o pretender favorecer la infiltración del partido por agentes de la represión. La cuestión del Tribunal Moral, por lo tanto, quedó abierta;

3) Justificando de ese modo abstruso el espionaje y la delación, el CN del PO instauró, de hecho y de derecho, un régimen de espionaje y alcahuetería en su propio partido. Para un partido obrero, es un certificado de defunción; para un aparato, un medio de sobrevivencia.

En esas condiciones, fue realizada en el 26º Congreso del PO la elección de su Comité Nacional, de 31 miembros, votados por 320 delegados, aproximadamente. Los 31 electos no tuvieron una votación homogénea, algunos pocos (como Romina Del Plá) tuvieran una votación casi unánime. Lo que sí fue casi homogéneo fue la votación de los dirigentes visibles de la disidencia (Altamira, Ramal, Quintana), que obtuvieron poco menos de un tercio de los votos, casi la misma votación que había obtenido su documento político, lo que los excluyó de la dirección. O sea, que hubo claramente un “voto dirigido” de carácter fraccional (y faccioso) para excluirlos del CN (yo mismo, presente en el Congreso, tuve dificultad para admitir lo que estaba sucediendo, aún después del agudo debate precedente). El fraccionalismo fue unilateral, pues si algunos miembros de la mayoría obtuvieron casi el 100% de los votos (lo que significa que fueron también votados por los “disidentes”, la futura “fracción pública”), lo contrario no sucedió. Una fracción partidaria, la fracción de la mayoría de la dirección, estaba actuando plenamente, aunque no de modo declarado.

La proclamación de una fracción pública por parte de la minoría fue una respuesta a esa situación, bajo el criterio elemental de que no se puede enfrentar desorganizadamente a quien está organizado, aunque lo esté de modo no declarado. Los firmantes de su documento fundador fueron puestos bajo ultimátum: o retiraban su firma, o se los excluía del partido. El argumento es que firmar un texto proponiendo una orientación política divergente (un derecho democrático elemental; un hecho que ya tuviera lugar varias veces en la historia del PO, sin dar lugar a exclusiones) significa autoexcluirse automáticamente del partido, bajo el pretexto de que esa orientación fuera derrotada en un congreso (lo que significa proclamar que las minorías, cuando derrotadas en votaciones, pierden el derecho de pensar y expresarse) y que ninguna divergencia política podría ser expuesta públicamente. La UJS (Unión de Juventudes por el Socialismo), en consonancia con la dirección del PO, afirmó: “La conformación de lo que quiere presentarse como una "fracción pública" constituye… conformar una nueva organización, separada del Partido Obrero, toda vez que rompe de la manera más directa con la unidad de acción de la organización”. En un documento “sindical” de la dirección se condena el debate público de divergencias en un partido obrero, argumentando que todo debate de esas características llevaría agua al molino de la burguesía.

El reconocimiento del derecho de tendencia o fracción en el estatuto del PO parece ser, por lo tanto, puramente formal. Cuando Trotsky fue derrotado en el debate de fracciones del PCUS, en mediados de la década de 1920 (debate que fue mundialmente público), y se le planteó que abjurase de sus posiciones en virtud de ese hecho, respondió que no lo haría y que semejante exigencia privaba a los miembros de la Oposición del derecho de pensar por su cuenta. De modo semejante, ante los planteos de la dirección del PO, dirigentes sindicales de la fracción opositora respondieron: “El texto (de la dirección del PO) nos acusa de “desconocer los debates y resoluciones del XXVI” Congreso” o “vulnerar lo resuelto”, todo lo cual es doblemente falso. La unidad de acción no puede nunca implicar la renuncia a nuestras convicciones políticas. Esas convicciones implican, en la actual etapa política, caracterizar que el proceso electoral no dará salida a la inmensa crisis de régimen; que el Partido Obrero debe intervenir en él, por medio de la agitación y la propaganda, en la perspectiva de preparar una intervención histórica de los trabajadores, o sea, para que se constituyan como alternativa de poder”.

La cuestión de las exclusiones, quid de la actual crisis, merece una reflexión. Que se nos disculpe no citar exactamente las numerosas afirmaciones al respecto en la enorme cantidad de documentos producidos (si alguien quiere jugar a una “guerra de citas”, de documentos o de textos clásicos citados fuera de contexto y de modo talmúdico, típica de sectas, lo dejaremos jugando solo). La actual dirección, que ya era mayoría en direcciones precedentes (las dos últimas, por lo menos, hasta donde sabemos) afirma que hubo exclusiones políticas en el pasado, pero no las hay ahora. Llega a afirmar lo que sigue: “Un informe de la Comisión de Control al congreso comparó las sanciones producidas en los últimos 3 años con los 50 años anteriores e inapelablemente en este último caso [los 50 años] las sanciones, separaciones y expulsiones por actividades faccionales surgidas de divergencias políticas dejaron fuera del partido a decenas de compañeros (solo para recordar las ultimas: el grupo que luego constituyó la TPR, el de Vidal en Neuquén, el de Hueso). Las que ha habido en los últimos años han tenido que ver en su inmensa mayoría [sic] con actos de violencia, abusos e incluso de violaciones por parte de militantes varones, donde se procedió dando lugar a las denuncias, investigando y finalmente sancionando. El partido actuó así en defensa de las víctimas, pero también de la propia organización. Hoy hay organizaciones de izquierda e incluso trotskistas en el mundo que han desparecido (la ISO norteamericana) o retrocedido enormemente (el SWP británico) por no haber actuado frente a las denuncias sobre violencia a la mujer”.

Parece motivo de orgullo que en el pasado hubiera habido divergencias políticas, que llevaron inclusive a exclusiones, alejamientos o escisiones, y que ahora no las hubiera, siendo substituidas por casos, aparentemente numerosos, de violencia de género, abusos y hasta violaciones. ¡Qué progreso! Antes había militantes políticos, que divergían y hasta rompían políticamente, ahora hay animales dominados por la rabia ciega, el machismo o los apetitos sexuales descontrolados. Nos preguntamos si quien redactó las líneas citadas pensó en ellas, y, en caso afirmativo, si está afectado por disturbios mentales. La afirmación de que el SWP inglés y la ISO yanqui entraron en crisis o extinción porque cascaban o violaban a sus militantes femeninas, no por su programa y sus políticas, tira a la basura décadas de combate teórico y político contra esas corrientes (no sólo “del PO”, sino de nuestra corriente internacional), empezando por su caracterización de los Estados Obreros degenerados, del stalinismo como “capitalismo de estado” y su neutralismo en conflictos entre Estados Obreros (Cuba incluida) y Estados imperialistas.

La ISO tuvo su lejano origen en la corriente liderada por Max Shachtman en 1940, basada en la juventud del Partido Socialista yanqui liderado por Norman Thomas, y en ruptura con la IV Internacional. Esa corriente tuvo repercusiones latinoamericanas, pues a ella adhirió Mário Pedrosa (“Lebrun”), miembro del Comité Ejecutivo de la IV Internacional en 1938, dirigente de una importante corriente política socialista en Brasil (“Vanguardia Socialista”) en los años 40-60, vinculada con aquella, y afiliado n º 1 del Partido de los Trabajadores (PT) en 1978. La ISO desarrolló un importante trabajo en el movimiento obrero norteamericano, con Solidarity y Labor Notes, teniendo también fuerte influencia en el movimiento estudiantil y en la intelectualidad de izquierda (Hal Draper perteneció a ella, entre otros). Vinculada a otra importante corriente inglesa, International Socialism, del SWP (Tony Cliff), la ISO conoció períodos de gran reclutamiento (1968), y fue entrando en fuerte decadencia en el nuevo siglo debido a la situación general y a su incapacidad de enfrentarla con base en su centrismo (“la ISO sin estrategia o programa”, dice al respecto Mike Pearn, en un texto llamado… ¡“El Suicidio Revolucionario de la ISO”!). La cuestión del sexismo entró como ingrediente, o detonador, en una crisis en la que un sector mayoritario la levantó como parte (sin duda existente) de un planteo en favor de un “partido amplio”, de “las minorías” y los “nuevos movimientos”, o sea, de hacer del abandono del clasismo y de la falta de programa su único programa. Liquidar esos 80 años de historia y esa crisis de amplios y múltiples alcances (en la cual no tuvimos participación, debido a la extrema debilidad de la CRCI, que no consiguió implantarse en los EEUU, aunque existió un pequeño núcleo) en “no haber actuado frente a las denuncias sobre violencia a la mujer”, más que limitado (aunque de base real), es ceguera intencional.

Otra corriente, hoy desaparecida, liderada por Gerry Healy en Inglaterra, la primera en el mundo a publicar un cotidiano trotskista, acabó revelando que su mentor y dirigente había cometido numerosas violaciones, obviando (como también lo hace Tariq Ali en su novela “Redención”) que casi todas ellas tuvieron como víctimas militantes o simpatizantes extranjeras del “Tercer Mundo” que se encontraban ilegalmente en el país (por lo tanto, imposibilitadas de hacer la denuncia judicial correspondiente, so pena de expulsión territorial). Y Tariq lo sabía, en su novela la violada por Healy es… ¡una militante argentina! Esa corriente se hizo mierda (literalmente, y en todos los sentidos) por su política, su programa y sus métodos, que eran la expresión de los dos primeros e incluían las barbaridades cometidas por su “personalista” (ese sí) dirigente, y también una bella cantidad de prejuicios imperialistas contra los pueblos oprimidos (Healy era bancado por el líder libio Khadaffi, que ahorcaba militantes de izquierda en su país, lo que tenía poca importancia para Healy, al final eran árabes que procreaban como conejos, diferentemente de los civilizados ingleses). Las explosiones de Trotsky contra los militantes del SWP norteamericano que despreciaban a los “atrasados mexicanos” (que le habían dado asilo político y recibido de brazos abiertos, como no lo había hecho el “progresista” Roosevelt) están registradas por escrito; Trotsky atribuía a la cuestión un carácter de principios.

Una militante, cito de memoria, afirmó en un BI que en el pasado pre “nueva dirección” también había actitudes sexistas y violaciones en el PO, pero que, así como sucedía en la sociedad toda, no eran denunciadas, el PO era tan atrasado y conservador como la sociedad argentina. Aunque no me parece cierto (no sé si ha habido una investigación al respecto), no voy a desmentir esa afirmación realizada a la ligera (que me indigna profundamente). Si, durante 50 años de historia, una de las características del PO, ocultada por su dirección y sus militantes, fue el abuso de sus militantes del sexo femenino, y/o la discriminación de [email protected] LGBTI, borrón y cuenta nueva. Hemos sido una corriente de explotadores, opresores y encubridores, oculta bajo una fraseología revolucionaria. Un provocador poético afirmó, en una revista literaria argentina, que el PO excluyó a Néstor Perlongher (una gloria de la poesía argentina) por ser homosexual, en sus inicios como Política Obrera. Roberto Gramar, que apoya a la fracción mayoritaria, responsable de Néstor en los años 60, lo desmintió de modo terminante, reconstruyendo los hechos. Yo conocí a Néstor en los años 80, en Brasil, y no tenía ninguna bronca hacia el PO, muy por el contrario. En plena dictadura, Política Obrera denunció en un artículo la represión dirigida específicamente contra homosexuales en Mendoza (yo lo escribí), a partir de una denuncia llegada por canales clandestinos, y llamó a los afectados a organizarse en un movimiento independiente. Repito, en plena dictadura de Videla. Los padres del PTS, IS, MST, Nuevo MAS y tutti quanti no sabían siquiera que la cuestión existía, o no le daban bola (y decían que la presencia de la mujer de Videla en la cancha de River durante el Mundial del 78, cerquita de la ESMA, era un índice de liberación femenina). ¿Y vamos a recibir lecciones sobre el asunto? ¿O imitar su postura demagógica y anti-clasista, argumentando que “no la vimos”? Pero haganmé el favor…

En esto de las exclusiones hay tela para cortar. Según nos informa el actual CC del PO, en el BI nº 21, “hace casi 20 años se separó del partido al grupo Razón y Revolución por tener una publicación propia”. Y punto. ¿Nada más que por eso? ¿No hubo divergencias políticas y, sobre todo, programáticas? Lo que se quiere decir es que, si la fracción pública publica por cuenta propia, hay que hacer lo mismo que con RyR, excluirlos, lo de la publicación es de principio. Yo no sabía que RyR había pertenecido (orgánicamente) al PO. ¿Tenían una publicación antes de entrar (y la siguieron después de)? En ese caso, se los incorporó y se los expulsó en el mismo acto, lo que sería un poquito ridículo. Bueno, en ese caso también habría que haber expulsado a Pablo Rieznik, que tenía una publicación propia (Hic Rhodus). No, pará flaco, está el artículo 25 del estatuto, que dice que el CC “controla la participación de todo militante en cualquier publicación”. Ah, entonces Pablo sometía sus artículos en Hic Rhodus (y no sólo los suyos, él era el editor de la publicación) y sus (muy numerosos) artículos en otras revistas, sus libros y todo lo demás, al CC, que le daba el imprimatur (¿será que mandó alguno al index?). Flor de laburo habrá tenido el CC, Pablo escribía mucho. ¿Qué son publicaciones? ¿Vamos a ser formalistas, decir que sólo lo son revistas con periodicidad y número? ¿Los libros, ensayos, artículos, poesías, músicas (también portadoras de ideas políticas, filosóficas y estratégicas) no son publicaciones? ¿Los músicos del PO someten sus letras al CC? ¿Los periodistas que escriben todos los días le someten sus artículos? ¿Los poetas sus poesías? Me parece que hay que rever ese artículo 25, parece que Jdanov anda revolviéndose en su tumba, ofendido por tanto radicalismo.

La dirección ha armado un esquema de ejemplos, deformados o fuera de contexto, para hacer un análisis administrativo de la crisis del PO, que justifique las exclusiones, desconsiderando o poniendo en segundo plano las divergencias políticas, que no pretende discutir. Viejo compañero de Córdoba, Augusto Ludueña sintetizó: “Las expulsiones en masa de militantes disidentes del Partido Obrero, excluidos de su propia organización por la conducción nacional de dicha organización, los ataques y violaciones de locales partidarios en regionales con mayorías disidentes, la proscripción, las persecuciones y las amenazas de patotas que responden a la conducción nacional del PO llevados a cabo desde el 1º de julio último, así como la intervención del Poder Judicial a la conducción de la regional Tucumán del PO, impulsada por la conducción nacional , constituyen un golpe contrarrevolucionario a la lucha por la independencia política de la clase obrera mundial, y por lo tanto al desarrollo de la vanguardia obrera socialista internacional. En nombre del centralismo democrático, esa conducción partidaria está llevando a cabo una de las purgas políticas partidarias más violentas, si no la más violenta, de la historia de los partidos políticos de nuestro país, con el agravante de que se trata, nada más y nada menos, de una organización obrera y socialista. El centralismo democrático carece de importancia política cuando en una organización todos piensan del mismo modo y uniformemente —como pretende la conducción oficial del Partido Obrero— y sólo tiene sentido como instrumento revolucionario ahí donde aparecen divergencias. La doble finalidad de la democracia socialista revolucionaria deber ser garantizar el derecho a debatir y resolver la orientación política por el voto de la mayoría, siempre en función de su programa y sus principios, pero al mismo tiempo garantizar el derecho a mantener disidencias, no con el programa ni con los principios de la organización sino con la orientación establecida por la mayoría, asegurando un proceso de debate interno partidario sin censuras y abierto públicamente al conjunto de los trabajadores”.

En su documento básico, la fracción pública planteó un debate programático: “En una reinterpretación reformista del Programa de Transición, en el llamado “sistema de consignas” las reivindicaciones transitorias se suceden unas a otras en forma escalonada, con independencia de los problemas planteados por la crisis política, cuando el Programa de Transición es la articulación de un planteo de poder, no un esquema etapista. Cada una de sus reivindicaciones responde a la crisis tomada en su conjunto y plantea una cuestión de poder – desde un reclamo por el precio del pan que desata una crisis política e incluso una revolución (Egipto, 2011; Sudán, 2018), o cuando eso lo produce el suicidio de un vendedor ambulante al que la policía secuestró sus mercaderías (Túnez, 2011). El Cordobazo y el Argentinazo han sido dos casos ejemplares de una articulación orgánica de la crisis capitalista - lo mismo vale para los “chalecos amarillos” y, antes, para “noches despiertas”, en Francia. El Programa de Transición da una respuesta política concreta a cada aspecto de la crisis y de la lucha de las masas y desenvuelve las relaciones recíprocas que las anudan - de ningún modo es un menú con primero y segundo plato, bebida y postre. La circunstancia de que el PTS e IS adopten una posición similar a la del grupo dirigente del PO está marcando un retroceso político del Frente de Izquierda tomado en su conjunto, y un remarcado electoralismo. Un planteo de poder significa una campaña sistemática de agitación política…”.

Frente a este planteo de un debate de fondo y de principios, la dirección respondió de inmediato que “el pedido de fracción constituye un intento por darle legitimidad a un accionar incompatible con el partido. No es casual que este pedido se realice en momentos donde muchas compañeras y compañeros han sumado denuncias [¡más denuncias!] sobre este accionar faccional… Se trata de la adaptación del Partido a la actividad que Jorge quiere hacer [y dale con eso], a saber, dar charlas”. Las puteadas, interminables, contra Altamira, basadas en denuncias (lo del espionaje funcionó) substituyen el debate y la clarificación política: “La falta de seriedad de la facción deja en claro que lo único que busca es el protagonismo personal de un individuo. Todo lo demás es funcional a ese objetivo mezquino” (itálico nuestro). O sea, lo que dice la fracción no vale nada, no es preciso discutir. ¿Cuál sería la explicación de la existencia de la fracción? Según esa interpretación, mil militantes (o más) pretenderían volver a chuparle las medias a un Mesías. ¿Esa es la idea que la dirección tiene de su propio partido (o de parte significativa de él)? Si fuera verdad, ¿cómo se llegó a eso? La fracción pública no acusó a quienes no adhirieron a ella de ser una manga de burócratas empedernidos, y eso marca toda la diferencia.

 

PARTE II

Los planteos de la fracción serían, así, irrelevantes; aun así, contradictoriamente, la dirección los discute hasta la saciedad, llenando páginas y páginas, de manera puramente negativa, o sea, sin hacer un planteo superador, sino llegando siempre a la misma conclusión; Altamira es la fuente de todos los males, pasados, presentes y futuros, concediéndole así, como en el negativo de una foto imaginaria, la importancia que la dirección supone que le otorgue la fracción, en cuyos documentos las referencias a Altamira son incidentales. De te fabula narratur (Horacio, después de describir la hediondez del avaro [Sátiras 1, 1-69]). En medio a tantas puteadas y acusaciones de carácter subjetivo, aparecen cosas interesantes: “Trotsky tuvo sobre sus espaldas el combate contra Stalin y su régimen y lo hizo con el cuidado y la precaución de que no fuera usado por los enemigos contra la clase obrera y en particular la Revolución Rusa del 17”.

¿Se puede saber de dónde sacaron eso? ¿En qué lugar Trotsky recomienda “guante blanco”, por cualquier motivo que fuese, contra el Caín-Stalin (“¡Abajo la camarilla del Caín-Stalin!” dice el Programa de Transición, sin agregar nada de tipo “pero cuidado con fulano o beltrano”, o “tomando la precaución de no hacerle el juego al imperialismo”)? En su última obra (“En Defensa del Marxismo”, que da su nombre a la revista del PO) Trotsky cagó a puteadas a los que le recomendaban “precaución”, que no testimoniase contra Stalin en un tribunal (la “Comisión Dewey”) compuesto, en buena parte, por norte-americanos, y con sede en los EEUU. Liborio Justo llegó a acusarlo de ponerse al servicio del imperialismo yanqui, en el título de un libro suyo, con base en ese y otros hechos (llegó a putear al SWP, partido trotskista, por solicitar autorización para que los restos de Trotsky fuesen velados en Nueva York, o sea, que Trotsky sería un agente imperialista post-mortem, cosa que ni James Bond hubiera conseguido). La suprema estupidez arriba citada (suprema porque escrita sabiendo lo que Trotsky no supo cabalmente, que la “prisión de los pueblos” estalinista se irguió sobre decenas de millones de muertos) está en un párrafo dedicado, significativamente, al “aparato” del partido (o de los partidos), que tendrían que ser tratados con “precaución”: “Un aparato (y su ideología) no se crean de la noche a la mañana, no surgen por la decisión de un grupo, requieren de condiciones especiales, políticas y materiales. En la supuesta advertencia sobre la aparición de una ideología de aparato, Altamira no ofrece una caracterización, un desarrollo, que permitan a la militancia del partido juzgar los alcances de tamaña afirmación”.

Bueno, en ese caso Trotsky y “los 46” dirigentes bolcheviques (no fue sólo Trotsky, nunca está demás insistir) no tendrían que haber lanzado públicamente (muy públicamente) la Oposición (Fracción) de Izquierda, porque tampoco hicieron nada parecido. Se contrapusieron a una política (conciliación con los kulaki y los nepmen, la “pequeña y media empresa”, ausencia de un plan de industrialización para desarrollar las fuerzas productivas y reforzar la base obrera del régimen social y político) y a los métodos con que se la impulsaba (burocratismo, privilegios de aparato y ausencia de democracia obrera) propusieron un programa y se lanzaron a la lucha, sin prejuzgar ni anticipar sus resultados. Las caracterizaciones que permitieron (nunca definitivamente) “juzgar los alcances de tamañas afirmaciones” fueron surgiendo en el transcurso de la lucha, que nunca es ciega: la Oposición de Izquierda es de 1923, “La Revolución Traicionada”, de 1936. En el medio de esas fechas, Trotsky no se quedó de brazos cruzados (por eso Stalin lo mató, si no lo hubiera ignorado, como a un intelectual políticamente frustrado).

El CN acusa a la fracción (bueno, a Altamira, la fracción no existe) de, al igual que Guillermo Lora, ignorar los estados de consciencia de las masas (que la dirección juzga conocer a la perfección, un argumento que se las trae) y plantear siempre la “dictadura del proletariado”, sin más ni menos. Un momentito, por favor, Lora no era tan pelotudo: de nuevo, de te fabula narratur. Lora (el POR) impulsó e hizo aprobar las Tesis de Pulacayo, en 1946, un programa transitorio hacia la toma del poder, en un momento de victoria de la contrarrevolución (a través del golpe de la “rosca”, que inauguró el “sexenio”, inmediatamente anterior al Congreso de la FSTMB que aprobó las tesis). Preparó, con eso, la intervención del proletariado y del POR en la revolución por venir, que estalló en 1952 (sobre los problemas de esa intervención, que no concluyó en la revolución obrera, ver “La Revolución Boliviana”, del propio Lora, y los artículos de Pablo Rieznik en EDM). Y preparó, de inmediato, la intervención electoral del POR y del movimiento obrero, que se concretó en la lista del POR/Federación Minera y en el Bloque Minero/Parlamentario (Lora fue elegido senador), que marcó la historia y la consciencia del movimiento obrero boliviano: como lo demostramos (¡tantos artículos! No estoy hablando de mí) en EDM, el montaje de la coalición y la ideología que llevó al gobierno a Evo Morales fue una larga polémica explícita con la “herencia porista”, en nombre de la autogestión y del indigenismo. El POR (en 1946) ignoró cualquier supuesta contradicción entre agitación revolucionaria e intervención electoral.

En la evolución (degeneración) ulterior del POR, lo de “revolución y dictadura proletarias” no tuvo que ver con que Lora se hubiera transformado en un conferencista al margen de la política concreta (¡el POR llegó a organizar fracciones en el ejército y la policía!) sino a que el “el POR se transformó en una secta nacionalista”, como lo demostró Juan Pablo Bacherer y su “fracción pública” del POR, en un artículo publicado en EDM exactamente con ese título, que reflejó y sacó las conclusiones de su lucha política en el POR, que no tuvo nada que ver con acusar a Lora de ser un boludo al margen del tiempo y del espacio (o de la “evolución de la consciencia de las masas”), sino con su nacional-trotskismo, que terminó en el nacionalismo a secas (llegó a defender la producción y exportación de cocaína – la dirección del PO ¿oyó hablar del “paco”? – y a teorizar “la excepcionalidad (positiva) del ejército boliviano”, ejem, no sé si me entienden). Los presupuestos teóricos de esa evolución los analizó Pablo (Rieznik), en charlas por ocasión de la actividad del PO por los 50 años de la IV Internacional, publicadas bajo la forma de artículos en EDM. Ignorando toda esa lucha teórica y política, dos miembros de la dirección afirman ahora que el problema del POR fue que “Lora decidió reemplazar al Programa de Transición y su método político por el llamado a las masas a que se eleven al programa revolucionario, condenando al POR a la pasividad”, presentando una (muy parcial y deformada) consecuencia como causa, y limitando la crítica al POR a que no se presentase en elecciones (hasta García Linera, el vice de Evo, hizo mucho más). El problema es que la actual dirección del PO no lee “En Defensa del Marxismo”.

En el texto nacional-autoproclamado citado arriba (donde se afirma que “el Partido Obrero (se) distingue de otras organizaciones que se reclaman de la IV Internacional e incluso de la izquierda radical, tanto en la Argentina como a nivel internacional”, o sea, es único en el mundo), publicado como editorial de Prensa Obrera, Gabriel Solano y Rafael Santos buscaron dar estatuto teórico a las divergencias (admitiendo así, sin quererlo, que existen divergencias teóricas y programáticas, lo que se esfuerzan también, como vimos, en soslayar, para negar el derecho de fracción) afirmando lo siguiente: “(En los planteos de la fracción) la lucha de clases real era sacrificada y se invertía los términos fundamentales del marxismo: el motor de la sociedad dejaba de ser la lucha de clases y ese lugar lo ocupaba la ‘crisis capitalista’. El sujeto se transformaba en objeto pasivo de la determinación material. El grupo de Altamira pretendió encubrir esta ruptura con el marxismo… Si el sujeto pasa a ser la ‘crisis’ y no las clases en la lucha que desarrollan entre sí, entonces qué importancia tiene analizar el estado de situación del movimiento obrero y su vanguardia (cuya ausencia es) fatalismo y mecanicismo en su concepción más pura”. Personalismo, fatalismo, mecanicismo, los pecados no terminan: el uso de los verbos en tiempo pasado pretende extender un certificado de defunción (a la fracción).

Muy bien, empecemos entonces por recordar los inicios del Manifiesto Comunista: “Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases… La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha, que han venido a sustituir a las antiguas. Nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el proletariado”.

Bajo el capitalismo, las contradicciones de clase (y la lucha de clases que es su consecuencia) se encuentran materialmente (si, materialmente) determinadas por las contradicciones del modo de producción, o sea, la contradicción (común a todas las sociedades humanas) entre el desarrollo de las fuerza productivas sociales y las relaciones de producción imperantes, que bajo el capitalismo, modo de producción que consiste, en primer lugar, en libertar a las fuerzas productivas de todo obstáculo extraeconómico, llega al paroxismo, como contradicción entre el carácter cada vez más social de la producción y el carácter cada vez más privado de la apropiación del sobreproducto, cada vez mayor. Ese proceso (en las palabras de Marx, “el modo de producción del capital es la contradicción en proceso”) crea las condiciones específicas de la lucha de clases bajo el capitalismo, primer modo de producción histórico tendencialmente universal, primero también a crear, por ese motivo, las condiciones materiales (sí, materiales) para una emancipación igualmente universal: a diferencia de las clases oprimidas y explotadas que le precedieron, el proletariado no puede emanciparse sin proceder a la emancipación de toda la sociedad (incluidas todas las clases oprimidas), lo que conduce a la sociedad sin clases sociales y sin Estado (comunismo).

El siervo de la gleba se emancipó (o fue emancipado, dependiendo de cada caso) sin emancipar a las otras clases explotadas, y lo hizo (o se lo hicieron), en general, creando las condiciones para la explotación capitalista. La emancipación del proletariado, y la transición hacia el comunismo, claro, no será realizada de un solo golpe, conocerá diversas etapas, dependientes del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas sociales: de ahí la paradoja apuntada por Trotsky, de que el proletariado de los países atrasados puede llegar antes (debido al carácter más agudo de sus contradicciones materiales) al poder, en relación al de los países avanzados, pero llegará después al comunismo, en un proceso de alcance mundial, que la revolución proletaria vinculará cada vez más entre sus partes: “Es que considera usted que Rusia está bastante madura para una revolución socialista? [...]. Y yo les contestaba invariablemente: — No, pero sí lo está la economía mundial en su conjunto y, sobre todo, la europea. ¿La dictadura del proletariado en Rusia nos va a llevar o no al socialismo? ¿A qué ritmos y con qué etapas? Todo esto depende del futuro de la economía europea y mundial” (Trotsky).

¿Qué viene primero, las contradicciones objetivas del capitalismo o la lucha de clases? No es la discusión sobre el huevo y la gallina. O mejor, si lo es, si se da la respuesta correcta al problema del huevo y la gallina. Históricamente, la lucha de clases viene antes porque “toda la historia de la sociedad humana es una historia de luchas de clases”. Ninguna lucha de clases, no obstante, se produce en el vacío, sino en las condiciones materiales creadas por el desarrollo de las fuerzas productivas sociales. En la era de la decadencia capitalista, los embates de clase se proyectan, más directamente que en las etapas precedentes, en la arena política, y tienden a transformarse, más agudamente, en luchas en las que está en juego el poder político. La crisis económica capitalista no es aleatoria, es la expresión más aguda y concentrada de las contradicciones capitalistas, pudiendo o no abrir la vía para la revolución socialista (lo que depende de la consciencia y organización del proletariado). Si el capitalismo no tuviera (o suprimiese) sus contradicciones objetivas y materiales (lo que es imposible), la lucha de clases no existiría (el proletariado sería “integrado”) o se resumiría a la “puja redistributiva” de Alfonsín-Portantiero, sin plantear la cuestión del poder. Según el documento de la “fracción pública”, “el argumento de que un planteo de poder está condicionado por el estado de las masas, con independencia de la situación en su conjunto, vale desde el punto de vista táctico”, o sea, la oportunidad o no de lanzar consignas destinadas a la conquista más o menos inmediata del poder.

A eses fenómenos obedece el Programa de Transición, cuyo instrumento es el “sistema de consignas” (pero no se limita a él, pues es un método, no un “sistema”) conduciendo, invariablemente a la lucha por el poder; ese programa sólo podría haber sido formulado, como programa, en la era de la decadencia capitalista, aunque fuese antevisto por revolucionarios de las eras precedentes (como Marx, Engels o Blanqui), del mismo modo que sólo en esa era la revolución permanente pudo ser formulada como teoría, y no sólo como idea, como lo fue para Saint-Just, Blanqui, Cabet, Marx, Engels, Parvus o hasta Kautsky (en 1902, “El Camino del Poder”). Teoría, recordemos, es la capacidad para comprender la realidad por fuera de la experiencia sensible, a partir de la asimilación de experiencias y su descripción por medio del lenguaje, estableciendo intelectualmente tendencias y leyes objetivas (independientes de la consciencia). Una teoría es un sistema lógico que se establece a partir de observaciones, axiomas y postulados, y persigue el propósito de afirmar bajo qué condiciones se llevarán a cabo ciertos supuestos.

El planteo de Santos/Solano, contraponiendo lucha de clases y determinación material (o “crisis”, que no es sino la expresión aguda de las contradicciones materiales), y concediendo primacía a la primera contra la segunda, por lo tanto, no tiene pies ni cabeza, desde el punto de vista teórico. Lo que cabe es analizar la interpenetración dialéctica entre una y otra, eso es el marxismo (materialismo histórico o dialéctico). El planteo tiene, sí, sentido desde el punto de vista político. Al contraponer el “estado de consciencia” de las masas a las contradicciones objetivas, dando a aquellas la primacía, no sólo se invierte la primer proposición de la teoría marxista (el ser social determina la consciencia, y no lo contrario), sino que la primera (consciencia) pasa a tener un desarrollo independiente de la segunda, por lo tanto aleatorio, y también determinante. El programa, de ese modo, pasa a ser determinado por un factor subjetivo y materialmente (científica o teóricamente) indeterminado. No depende, por lo tanto, de la comprensión de las contradicciones objetivas del capitalismo por la clase obrera, en primer lugar por su vanguardia, sino de la interpretación de “la consciencia”, sus giros y posibilidades, por personas dotadas de poderes especiales o clarividencia, tal vez sólo una persona, tal vez un “guía genial de los pueblos”. El idealismo subjetivo no tiene consistencia teórica, pero, políticamente, es una de las bases del stalinismo y del nazismo.

Todo esto es materia de discusión. ¿Cómo discutir, militando al mismo tiempo unificadamente por la emancipación de la clase obrera? El centralismo democrático, desarrollado por Lenin en ¿Qué Hacer?, planteó una respuesta, no eterna e inmutable, en las condiciones rusas de inicios del siglo XX, que eran autocráticas y represivas (diferentes, por lo tanto, de las condiciones más o menos democráticas existentes en Europa occidental) y también explosivas, debido al desarrollo explosivo, objetivo (número y concentración) y subjetivo (huelgas, actividad independiente), del proletariado. ¿Qué Hacer? no definió, como se suele creer, al bolchevismo, pues es anterior al surgimiento de esa fracción (el bolchevismo fue inicialmente una fracción, dividido frecuentemente en fracciones internas, desde su nacimiento en 1903 hasta 1917, cuando se transformó en Partido Comunista). Ese texto resumió una década de combate político del socialismo ruso, por la organización obrera políticamente independiente, contra el “economicismo” (reformista y enemigo de la actividad política independiente de la clase obrera) y el “marxismo legal” (o “liberal”), que proponía una transformación capitalista y concluyó como una variante del liberalismo burgués.

¿Qué Hacer? era un patrimonio de todo el socialismo (socialdemocracia) ruso cuando se reunió el congreso del POSDR que testimonió el surgimiento de las fracciones bolchevique y menchevique. Las polémicas que suscitó (con Rosa Luxemburgo, con Trotsky, en la socialdemocracia rusa) llevaron, doce años después de su publicación, a Lenin a combatir la tendencia a situar sus conclusiones fuera del tiempo y del espacio. Como se sabe, bajo el stalinismo esas conclusiones, formalizadas en una suerte de “modelo universal e invariable” (algo que a Lenin ni le pasó por la cabeza en ¿Qué Hacer?) se transformaron en una monstruosidad que sirvió (junto a la revivida teoría de la revolución por etapas y a la política de Frentes Populares) a la castración política del proletariado mundial, a la victoria del nazismo y del franquismo, a la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Ella fue anticipada por Stalin en 1924: “La existencia de fracciones es incompatible con la unidad del Partido y con su férrea disciplina. No creo que sea necesario demostrar que la existencia de fracciones lleva a la existencia de diversos organismos centrales y que la existencia de diversas organismos centrales significa la ausencia de un organismo central común en el Partido, el quebrantamiento de la unidad de voluntad, el debilitamiento y la descomposición de la disciplina, el debilitamiento y la descomposición de la dictadura” (Cuestiones del Leninismo).

A lo que Trotsky respondió: “La doctrina actual que proclama la incompatibilidad del bolchevismo con la existencia de fracciones está en desacuerdo con los hechos. Es un mito de la decadencia. La historia del bolchevismo es en realidad la de la lucha de las fracciones. ¿Y cómo un organismo que se propone cambiar el mundo y reúne bajo sus banderas a negadores, rebeldes y combatientes temerarios, podría vivir y crecer sin conflictos ideológicos, sin agrupaciones, sin formaciones fraccionales temporales? La clarividencia de la dirección del partido logró muchas veces atenuar y abreviar las luchas fraccionales, pero no pudo hacer más. El Comité Central se apoyaba en esta base efervescente y de ahí sacaba la audacia para decidir y ordenar. La justeza manifiesta de sus opiniones en todas las etapas críticas le confería una alta autoridad, precioso capital moral del centralismo” (La Revolución Traicionada).

La fracción pública del PO defendió en su documento constitutivo que “el centralismo democrático es la actividad colectiva del partido bajo la dirección política del Comité Nacional y el Congreso – no la supresión de ella bajo el bastón de mando del Comité Ejecutivo”. ¿Cuál fue la respuesta de la dirección del PO?: “El grupo de Altamira se ha autoproclamado ‘fracción pública’ para actuar como un partido propio, desarrollando hacia fuera de la organización sus propios planteos y actividades. Pero nuestro Estatuto no habilita tal ‘fracción pública’ por una cuestión estratégica y no disciplinaria, que tiene que ver con la defensa de la unidad de acción de Partido. Un principio innegociable, que proyecta al interior de la organización la defensa del frente único de clase. Por otro lado, la diferencia entre una fracción y una organización separada es el reconocimiento obligatorio para la fracción del congreso y el Comité Nacional que el congreso elige, algo que el grupo de Altamira se ha negado a hacer”.

O sea, una respuesta 100% estatutaria. El “frente único de clase”, que es el resultado de una lucha política en el interior de la clase, entre opiniones y tendencias diversas, es propuesto como presupuesto: el carro delante de los caballos. El bolchevismo tendría que haber expulsado a Lenin (o mejor, declarado que se había autoexcluído del partido) cuando pronunció su famoso discurso en la estación Finlandia en medio de la revolución democrática de febrero de 1917, contrario a la línea política conciliadora del Partido; al día siguiente, la embarró más, publicando (esto es, dirigiendo al público) las “Tesis de Abril”, que sólo obtuvieron un voto en el CC bolchevique (el del propio Lenin). Si Lenin hubiera actuado con el “criterio Santos/Solano”, se habría tenido que callar y aceptar la línea mayoritaria hasta el próximo congreso (y la Revolución de Octubre no hubiera acontecido). En las semanas siguientes, la empeoró todavía más, armando una “fracción pública” con un “elemento hostil” (no bolchevique) llamado Trotsky (algunos bolcheviques lo acusaron de haberse vuelto trotskista), puteando en el camino, muy públicamente, a varios dirigentes bolcheviques. Así es la vida, que no es regida por un estatuto, ni por un “modelo”.

Claro que ni a Lenin ni a Trotsky (o a un montón de otras personas inteligentes) se les ocurrió proponer un “modelo” calcado en esos acontecimientos; subrayaron, sí, las cuestiones de método implicadas en cada cambio o circunstancia. El historiador Alexander Rabinowitch, en su clásico The Bolsheviks Come to Power (The revolution of 1917 in Petrograd) comenta (con mucho fundamento empírico) que el centralismo bolchevique prácticamente fue por los aires en el período insurreccional, cuando un partido de un cuarto de millón de miembros se lanzó a derribar a la burguesía y su “gobierno provisional” en el más grande país del planeta (¿hubiera podido ser de otro modo?). El ejemplo más clásicamente citado, el de la polémica pública Lenin vs. Zinoviev/Kamenev sobre la insurrección, después de la decisión del CC bolchevique en favor de ella, es el peor de todos. Pues Zinoviev/Kamenev, miembros del CC, se opusieron públicamente a la insurrección (en el periódico de Máximo Gorki), cuando ella ya había sido votada por el partido y estaba en plena preparación; Lenin no sólo los criticó, sino que propuso que fuesen expulsados del partido, pero no (como aparentemente hubieran hecho Santos/Solano) por “desconocer el Estatuto” (escrito con mayúscula, como Dios), ni por “violar el centralismo democrático” (una acusación que nadie hubiera entendido, ni siquiera los bolcheviques), sino por “carneros” (esa la entendió todo el mundo). El CC bolchevique no acogió la propuesta de Lenin, por consideraciones de naturaleza política, no estatutaria.

Veamos la cuestión de las fracciones en el movimiento obrero, y sus polémicas, dentro de un panorama más amplio. Diversos compañeros apuntaron el papel imprescindible de la lucha de fracciones en la historia del movimiento obrero revolucionario, refiriéndose en especial a las fracciones en el socialismo y el comunismo ruso. El PT uruguayo subrayó: “En nuestra tradición, va de suyo que una fracción se dirige abiertamente a la clase obrera y no es un mero agrupamiento de cara a un congreso. ¿O acaso la Liga Espartaco de Luxemburgo-Liebknecth-Mehring-Zetkin no era una fracción pública? No hablemos de la fracción bolchevique en los períodos en que la socialdemocracia rusa estaba unificada. La Oposición de Izquierda de Trotsky no se proclamaba como partido, era apenas una fracción no reconocida, perseguida y reprimida por el aparato estalinista, que se dirigía a la clase obrera. Sorprende, por ello, tanto énfasis en contra de una fracción ‘pública’, dado que la existencia de fracciones se produce precisamente cuando las diferencias políticas y metodológicas han superado los marcos ‘normales’ del funcionamiento partidario. ¡Las fracciones espartaquista y bolchevique tenían publicaciones propias! Y libraban abiertamente una lucha teórica y política en el seno del partido, buscando ganar influencia en la vanguardia y las masas. La idea de que una fracción elabora únicamente textos para un Boletín Interno y que luego de perder una votación se calla, es ajena a la democracia obrera. El centralismo democrático concebido de esta manera es ajeno a nuestra tradición”.

La historia del movimiento obrero moderno (sin la cual la cuestión del partido ni siquiera se plantearía) es la de la lucha por sus reivindicaciones básicas y su agrupamiento social y político independiente, contra la burguesía y en pro de la conquista del poder político. Esa lucha se procesó a través del enfrentamiento entre fracciones, desde sus inicios. Fue la lucha entre Enragés, Égaux y Amis du Peuple, en la Revolución Francesa. La lucha entre alas en la London Corresponding Society, a finales del siglo XVIII, en medio y después de las primeras grandes huelgas obreras, que se prolongaron en la lucha entre partidarios de la fuerza o del ejemplo moral en el movimiento “cartista”. La lucha entre blanquistas, comunistas y las diversas variantes del socialismo utópico o filantrópico-cristiano (que estaba presente en la Liga de los Comunistas, a través de Wilhelm Weitling) en las revoluciones de 1848, de la que da cuenta el capítulo final del Manifiesto Comunista (que critica sin concesiones diversas variantes del socialismo), un documento que testimonia la avanzada lucha de fracciones que ya existía en el movimiento obrero y revolucionario. La lucha más que pública entre marxistas y bakuninistas en la Asociación Internacional de los Trabajadores (I Internacional).

La lucha, también pública (a través de periódicos, revistas, libros, conferencias, etc.) entre revisionistas, reformistas, centristas y revolucionarios en la Segunda Internacional. La más que conocida lucha entre tendencias en la Internacional Comunista, hasta ser ahogada por la burocracia estalinista (lo que condujo, de modo perfectamente lógico, a su disolución). La historia de la IV Internacional es la de la lucha entre sus tendencias desde que Trotsky proclamó su necesidad, en 1933. El trotskismo europeo mantuvo una lucha pública entre tendencias en países bajo ocupación nazi (sin dejar de combatir al nazismo, claro). Desde la posguerra hasta el presente, la IV Internacional ha sido, sobre todo, el teatro de una lucha pública entre tendencias y fracciones. Querer “encajar” o interpretar toda esa historia a través de un “Estatuto”, supuestamente basado en un “modelo” (centralismo democrático) surgido en medio de esa lucha (y, ciertamente, no con esa intención) es como querer meter una tempestad oceánica en una botella.

Si Trotsky, frente a la tarea de construir la IV Internacional, hubiera propuesto a la vanguardia internacional un estatuto y una autoproclamación (“somos el partido más importante del mundo”) no habría juntado más que una asociación internacional de chupamedias asustados, que no le habría sobrevivido. En lugar de eso, les propuso un programa (el Programa de Transición) y un método: "Los bolchevique-leninistas son una fracción de la Internacional que se construye”, una de cuyas tareas sería “regenerar un nivel histórico más elevado la democracia revolucionaria de la vanguardia proletaria”. Ese es el método que la CRCI buscó recuperar; su recuperación está más planteada todavía ahora, en especial lo del “nivel histórico más elevado”. El desarrollo de la CRCI sufrió de varios problemas, la dificultad, en primer lugar, de mantener publicaciones internacionales regulares e iniciativas sistemáticas, que la llevaron a una crisis política y a un empantanamiento del trabajo internacional. El PO propuso un análisis y una salida para esa crisis, suscitando un debate que concluyó con el alejamiento del PCL italiano, su única sección en un país capitalista (imperialista) desarrollado. Después de un inicio promisorio, cuando disolvió su tendencia internacional (la ITO) en el SU (Secretariado Unificado) para trabajar en la CRCI, el PCL entró en estagnación “nacional”, junto con el resto de la “extrema izquierda” italiana abrigada en la Refundación Comunista (que explotó y casi desapareció), en una crisis que sumó su debilidad teórico/política al sectarismo autoproclamado, y proyectó esos problemas al trabajo internacional, planteando debates interminables e inconsecuentes en las actividades de la CRCI, de las que se transformó en un parásito (pues con nada contribuía con ellas, a no ser con su presencia discutidora).

Permítaseme plantear otro elemento, que a nuestro juicio estuvo y está en el centro de la crisis del trabajo latinoamericano, pero con proyecciones mayores. La organización brasileña (no es preciso subrayar la importancia del Brasil, objetivamente y por su papel – vía gobiernos del PT – en la evolución y el “imaginario” de la izquierda mundial) se retiró de la CRCI inmediatamente después de su fundación, con pretextos formales que no soportaban cualquier análisis (pretendía ser “sección simpatizante”, esto, es, conservar el sello e impedir cualquier trabajo de la CRCI en el país, sin contribuir política, organizativa o financieramente con ella). Esa retirada coincidió con el incremento cualitativo de sus financiamientos estatales, que ya eran importantes, administrados por una fundación privada bautizada con el apellido de su capo indiscutido (¿alguien dijo algo sobre personalismo?), no dejando dudas acerca de quién manda y administra la guita. “Causa Operária” (PCO) inició una trayectoria política aberrante, transformándose en un satélite político cada vez más acentuado de los gobiernos petistas (llegando a defender sus ajustes antiobreros) y del chavismo, y multiplicando las provocaciones contra el PO (que ni vale la pena mencionar o relatar).

La disolución de la organización boliviana (sólo ahora el trabajo comenzó a recomponerse, en el país con la clase obrera probablemente más politizada del planeta) fue atribuida a la muerte prematura y lamentada de su principal dirigente, Juan Pablo Bacherer, pero hubo también otros elementos importantes, en realidad decisivos. Pues parte de esa organización (OT) y, sobre todo, de su periferia militante (que participó en varias reuniones de la CRCI, inclusive antes de su fundación en 2004) se incorporó, en diversos cargos (las conocidas “pegas”), al gobierno de Evo Morales, llegando a ocupar un par de importantes (en realidad, decisivos) cargos ministeriales. Significa que en esos dos países la CRCI fue afectada por la cooptación política (y financiera) y por la integración de sus organizaciones y simpatizantes al Estado. Un elemento que también está presente, según la fracción opositora, en la crisis en curso en el PO.

Ésta dio lugar a reacciones periodístico-políticas, más significativas de los reactivos que de la propia crisis. El POR boliviano se manifestó afirmando que, siendo ambas fracciones partidarias de una Asamblea Constituyente, ambas son igualmente contrarrevolucionarias a los ojos de los únicos trotskistas del planeta (el propio POR), lo que confirma que la actual condición de éste es la de ser una especie de ONG “política” conservadora y museológica que parasita su lejano pasado revolucionario. Pablo Stefanoni, un periodista activo en Bolivia que, según parece, tuvo un breve pasaje por el PO, publicó un artículo cuya subjetividad se expresa en su título: “Matar a Altamira”. Según este, de modo semejante al planteo de la dirección, el PO habría conocido un largo desarrollo autoritario (“personalista”) / sectario, que encontró sus límites en la conquista de posiciones en el movimiento sindical y social y también en el parlamento, que Stefanoni detalla con bastante cuidado, lo que lo puso frente a obligaciones de gestión (parlamentarias y de planes sociales). Le llegó, así, la transición hacia la “edad de la razón”, que no sería otra que la razón “realista” del propio Stefanoni, transformada en razón mayoritaria en el propio PO. Vale, en fin, por las informaciones para los poco informados.

El PTS, principal aparcero del PO en el FIT, reaccionó a través de un artículo de dos “sociólogos”, no quedando claro en qué el esclarecimiento de la condición profesional de sus autores influye en el juicio de ese partido. Sobre la propia crisis, el artículo se queda en la vulgaridad periodística (sin ninguna de las virtudes periodísticas de Stefanoni), seguida de una larga contraposición de la actividad del PO con la del PTS, siendo obviamente ésta muy superior a aquella para los sociólogos en cuestión. El artículo concluye con un largo “chivo” comercial de la actividad editorial del PTS (también muy superior a la del PO, claro) sobre los más diversos temas, desde textos clásicos hasta investigaciones de cuño académico/político del propio PTS: sólo falta una lista de precios y de facilidades de formas de pago. El “Nuevo MAS” (creo ser ese) aborda la crisis en un breve artículo en el que explica que el fondo de la crisis del PO se debe a que nunca alcanzó la “universalidad” a la que llegó el bolchevismo en 1917 (por la que todo el mundo, Trotsky incluido, se hizo bolchevique), un concepto de cuño del o los autores que le (o les) permite abordar olímpicamente esta crisis, con una noción que habría sido válida 102 años atrás, en un imperio multinacional y en medio de una guerra mundial, o sea, una huevada tan sublime como pretensiosa e ignorante. Lo que significa que: 1) La “izquierda trotskyzante” porteña es, a pesar de su referencia a Trotsky, un fenómeno de retroceso teórico/ideológico en relación a décadas precedentes; 2) La izquierda argentina, sobre todo desde la constitución del FIT (2011), baila políticamente alrededor del PO, a pesar de todas las críticas faccionales a éste y de “Del Caño Presidente”.

Las organizaciones de la CRCI (EEK, DIP, PT), así como grupos en otros países (como la LPS, Luta Pelo Socialismo, del Brasil), se pronunciaron rápidamente en la actual crisis, buscando naturalmente evitar la escisión del PO y ofreciendo su disponibilidad para actuar como instancia conciliadora. Está planteado ir más adelante: la crisis en el PO debe abrir un debate internacional y replantear las condiciones de la lucha por la refundación o reconstrucción de la IV Internacional. Frente al conjunto de las organizaciones nacionales o corrientes internacionales que se reclaman del marxismo, la CRCI conquistó un lugar objetivo: definió un programa, aprobó diversos documentos acerca de la lucha de clases mundial, definiendo las tareas de la vanguardia revolucionaria, intervino en procesos decisivos de lucha (experimentando inclusive, como registramos arriba, retrocesos), evitó el sectarismo autoproclamado tanto como la disolución del marxismo y de la posición clasista en posiciones y políticas democratizantes y/o identitarias, que conducen hacia la integración al Estado, pues éste las absorbió, frecuentemente en el marco de políticas superexplotadoras y represivas. Formuló las condiciones para integrar la lucha contra la opresión étnica, sexual o generacional al combate de todos los explotados contra el imperialismo y el gran capital. Y nunca declaró que, realizando todo eso, había resuelto, siquiera en parte, los problemas de la estructuración política de la vanguardia obrera y combativa, sino apenas abierto un camino a ser recorrido en el marco de “la democracia revolucionaria de la vanguardia proletaria”.

Los problemas de táctica electoral en Argentina suscitaron la crisis y revelaron divergencias estratégicas. Aun así, ellos no pueden ser considerados sólo como proyecciones de cuestiones estratégicas, esto es, carentes de especificidad inmediata. El centro de la crítica de la oposición en el PO es que “la crisis política fue subordinada a las elecciones, y las elecciones a la subordinación de la crítica al gobierno a la crítica al kirchnerismo – convertido en el enemigo electoral principal. Metodológicamente, un revolucionario debe proceder de otra manera: debe convertir el ataque al poder político en el elemento delimitador de las otras fuerzas patronales, que se esfuerzan, sea por pactar con el gobierno o por socorrerlo frente al temor de que se desencadene una lucha de masas… El ángulo de la actual dirección del PO es electoralista, hace abstracción del conjunto del cuadro de poder de la burguesía, para concentrarse en una disputa con el rival electoral inmediato, que por fuerza asume un carácter abstracto, verborrágico, y no una confrontación en una lucha de clases directa”. Política que se proponen criticar y superar desde el interior del Partido Obrero, reivindicando públicamente su derecho a hacerlo, integrándose en lo inmediato a la campaña electoral del FIT-Unidad desde una posición independiente.

Para la CRCI, sus secciones y simpatizantes, así como para toda la izquierda clasista que comprende el alcance de esta crisis y de lo que está en juego en Argentina, está planteada la defensa del derecho de la oposición del PO a constituirse en fracción pública, la organización de un debate internacional, y profundizar las iniciativas y los medios de reagrupamiento de la vanguardia revolucionaria en todos los continentes.

En defensa de la unidad revolucionaria y militante del Partido Obrero. Respuesta a Osvaldo Coggiola. Por Rafael Santos

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