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1 de agosto de 2019 | #1559

[Editorial] La polarización de los devaluadores

Cuando la campaña hacia las Paso ha entrado en la fase final, Alberto Fernández acaba de anunciar los ejes de su plan económico, que tiene como punto central promover una nueva devaluación del peso. Lo dijo sin medias tintas, señalando que “necesitamos un dólar alto. Siempre lo creí. Tenemos la certeza que un dólar subvaluado nos condena al peor escenario. Con este dólar subvaluado no vamos a conseguir dólares para producir”. 

La promoción de una nueva devaluación se entrelaza con sus afirmaciones referidas a que dejará de pagar los intereses de las Leliq del Banco Central. Aunque Clarín maliciosamente equiparó esta afirmación con el intento de un default, lo que quiso decir Fernández es claro: en la medida que las Leliq vayan venciendo no las renovará, para que esos pesos vayan directamente a la compra de dólares. Esa mayor demanda producirá una suba de su cotización -o sea, una nueva devaluación. Ahora bien, como el stock de Leliq ya supera el 1,2 billón de pesos, lo que al tipo de cambio actual equivale a 25.000 millones de dólares, un pasaje de estos vencimientos no renovados al dólar puede producir una devaluación de altísimas proporciones. Como esos 25.000 millones de dólares equivalen a más que la totalidad de las reservas netas del Banco Central, la función de una devaluación es también licuar su impacto en dólares, permitiendo que las divisas existentes se usen para el pago de la deuda externa. Para quienes pusieron sus ahorros en plazos fijos, a cambio de intereses relativamente altos pagados por los bancos, se asoma la posibilidad de una nueva confiscación. Si en el pasado fue por mecanismos como el plan Bonex de la primera época de Menem o el corralito de Cavallo-De la Rúa, ahora puede ser directamente por la licuación que impondrá de hecho la devaluación sobre los ahorros en pesos.

Como se ve, los grandes beneficiados por una devaluación no serán los trabajadores y jubilados, como Alberto Fernández demagógicamente lo prometió, sino los acreedores internacionales y la clase capitalista nativa, que puede reducir aún los salarios medidos en dólares e incluso pulverizar ahorros de los sectores medios. En la actualidad, el salario mínimo argentino está en una cifra que no llega a los 300 dólares, quedando por debajo de la mayoría de los países de la región. Ni qué decir que una nueva devaluación pulverizaría aún más el ingreso de los trabajadores y jubilados. No es casual que Alberto Fernández haya señalado en el mismo reportaje que se reunirá con sindicatos y empresarios, para que “todos hagan un esfuerzo”. Pero son frases de circunstancia. Como los intereses de unos y otros son contrapuestos, si uno hace el ‘esfuerzo’ el otro se beneficia. En este caso, con una nueva devaluación, los grandes beneficiados serán los capitalistas. Ese ‘esfuerzo’ sería certificado con un pacto social, como Cristina Kirchner lo anunció en la presentación de su libro Sinceramente. Ahora confirmamos lo que siempre sospechamos: que el punto de partida de ese pacto será un nuevo golpe al salario, llevado adelante por una gran devaluación.

Con el objetivo de ganarse también al capital agrario, Fernández le dijo a Roberto Navarro que la devaluación será positiva también para facilitar la liquidación de la cosecha. La lógica es clara: con un precio internacional en dólares ya establecido, la devaluación incrementa el precio de la cosecha medida en pesos. Para el capital agrario, esto significa un premio extra, ya que muchos de sus costos están en pesos. El problema, en cambio, será para los trabajadores, porque esa medida redundará en un aumento significativo de los precios de los alimentos, que representan el gasto más importante de la canasta de los sectores con menores ingresos. La devaluación de Fernández generará más pobreza e indigencia.

Es interesante tener en cuenta que Fernández considera que la devaluación es la forma que tiene el país de conseguir dólares. Aquí también la lógica es clara: con un dólar más alto, los capitales que ingresan del exterior pueden comprar los activos argentinos a precio de remate. En particular, Fernández piensa impulsar la entrega total de Vaca Muerta. Sobre este punto, acaba de anticipar su programa uno de sus economistas, Guillermo Nielsen. En un reportaje con El Cronista, anticipó que si Fernández llega a la presidencia, reducirán impuestos a las petroleras, empezando por las retenciones y el impuesto al cheque. Y para darle ‘seguridad jurídica’ a las empresas y eludir el temor a un control de capitales, armarán un fideicomiso en Nueva York que permita asegurarle a las empresas la libre disponibilidad de sus ganancias. 

Macri

Ahora bien, la devaluación con la que Fernández pretende ganarse el apoyo de la clase capitalista también está en la mira del macrismo. El gobierno tiene plena conciencia que luego de las elecciones ejecutará una nueva devaluación, golpeando duramente los salarios y los ingresos fijos de los trabajadores. Esto no va en contra del beneficio a los capitales especulativos que han entrado en estas últimas semanas. Al revés, al retirarse a tiempo, la devaluación será la fase final de un negociado que no registra comparación a nivel internacional.

Que en el horizonte del macrismo está una nueva devaluación no sólo lo prueba el hecho de que sus voceros no han salido a polemizar con Alberto Fernández sobre este punto. Tomado de conjunto, es una conclusión inevitable que está inscripta en la quiebra generalizada de la economía argentina. Con una deuda que ya se acerca al 100% del PBI, con una inflación anualizada que oscila entre el 40 y el 50% anual, con una emisión oculta a través de las Leliq, que equivale casi a la totalidad de la base monetaria, con un cronograma de pagos de deuda imposible de afrontar, es inevitable nuevas corridas contra el peso y devaluaciones. Ya sucedió en 2014 y volverá a suceder en el corto plazo.

Que la crisis la paguen los capitalistas

El impacto que tendrá una nueva devaluación será el contrario al que Fernández le promete a los trabajadores: no habrá recomposición de salarios y jubilaciones, sino más caída. No es casual que los economistas de Alberto Fernández hayan sido aún más explícitos que el candidato, señalando que, además, deberá evitarse una suba del salario por sus “consecuencias inflacionarias” y que deberán modificarse los convenios colectivos de trabajo -es decir, avanzar en la reforma laboral. Estamos ante una política de confiscación de los trabajadores, que aunque por vías relativamente distintas, termina en la misma estación que el macrismo y su programa rabiosamente antiobrero. 

El Frente de Izquierda plantea que para evitar esta nueva confiscación hay que tomar medidas de fondo, que implican una reorganización social y política del país. Esta debe empezar por el no pago de la deuda usuraria, la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Sólo así podremos administrar planificadamente las divisas para un desarrollo económico, centralizar el ahorro nacional y desarrollar un comercio internacional que tenga por propósito dotar al país un mayor crecimiento de sus fuerzas productivas. Esta tarea es incompatible con el saqueo sistemático que ejecuta el capital financiero sobre el país y la tutela del FMI. Por su propia naturaleza, esta salida económica reclama una salida política, que es el gobierno de los trabajadores.
 

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