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3 de agosto de 2019

La detención de “Vino Caliente”

A propósito del arresto del secretario general del Sindicato de Portuarios de San Lorenzo

La detención de Herme Juárez, alias “Vino Caliente”, secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentina (Supa) por malversación de fondos, estafa y lavado de dinero, forma parte de la historia de los burócratas empresarios argentinos, que finalmente caen bajo el peso del entramado capitalista que contribuyeron a sostener.

El operativo policial descomunal para apresarlo a él y a otras 9 personas de su entorno sindical-empresarial, entre ellos, a un ex intendente de la ciudad de San Lorenzo, mostró en primer lugar el encubrimiento con el que contó de parte de las altas esferas del poder durante todos los años en los que estuvo a la cabeza del doble comando del Supa y de la Cooperativa de Trabajadores de Puerto General San Martín, como Secretario General y Presidente, respectivamente.

“Vino Caliente” -cuyo apodo se ganó distribuyendo vino en un bote entre las islas de Entre Ríos en verano- alcanzó un enriquecimiento descomunal basado en administrar la explotación de los obreros de la estiba en la zona portuaria de San Lorenzo mediante la explotación de una cooperativa trucha. Las fotos de la impresionante mansión que poseía frente al río Paraná, la enorme cantidad de metálico, fichas de casino y armas que confiscaron en la casa de uno de sus lugartenientes, recuerdan a la detención de José Pedraza, que amasó su fortuna tercerizando el trabajo ferroviario detrás de la pantalla de cooperativas digitadas por la burocracia Verde de la Unión Ferroviaria.

Los capitalistas a la carga

A diferencia de lo ocurrido con Pedraza, enjuiciado y encarcelado por la movilización popular que encabezó el Partido Obrero tras el crimen de Mariano Ferreyra, la caída en desgracia de Juárez tiene todo el tufillo de una causa impulsada desde las altas esferas económicas y políticas, que vieron la oportunidad de sacarse de encima a un socio costoso.

El negociado gremial-empresarial de Juárez se desarrollaba en torno a la Cooperativa de Trabajadores de Puerto General San Martín, que hasta 2017 tuvo el monopolio de la concesión para la carga y descarga de los barcos de la zona portuaria que va de Puerto General San Martín a Timbúes, donde se concentra alrededor del 80% de las exportaciones de granos del país. El lucro provenía de la diferencia entre la tarifa de estibaje en dólares y el salario en pesos de los estibadores, que eran contratados por la cooperativa de Juárez, que a su vez era quien firmaba la paritaria del sector como secretario general del Supa. Como Pedraza, Juárez estaba en los dos lados del mostrador.

El valor de esa tarifa en dólares produjo no pocos choques entre el Supa y los pulpos agroexportadores, incluida medidas de lucha que mantuvieron paralizados los puertos de la zona norte del Gran Rosario. En esa puja, se conquistaron mejoras salariales como el salario Copa (una diferencia salarial que pagan las patronales a los trabajadores que no están encuadrados dentro del convenio aceitero pero trabajan en el Complejo Oleaginoso Agroexportador) que deben ser fuertemente matizadas a la luz de la fortuna que amasan pulpos internacionales como Cargill, Cofco, Dreyfus, o Aceitera General Deheza, y que Vino Caliente ayudó a garantizar limitando cualquier acción de fondo contra estas patronales, siendo él mismo un beneficiario directo de estos compromisos.

Como ocurrió con el “Caballo” Suárez del Somu, todo indica que las causas contra Juárez se encuentran en las repetidas denuncias de los grupos capitalistas vinculados a la actividad agroexportadora que les exigía “peajes” suculentos, que ascienden a millones de dólares. Como el “Caballo”, Vino Caliente está acusado de haber desviado dinero mediante una asociación ilícita que tenía como pantalla una cooperativa obrera. Como con Suárez, el “pecado” fue “excederse” en la intromisión de los negocios de grandes capitalistas por la vía de la extorsión y con empresas propias que complicaban los empresarios del sector.

Régimen sojero

Los medios locales destacan que la instrucción la dio un juez de Campana y no de Santa Fe, para señalar el encubrimiento judicial que lo ampara en la provincia, pero lo cierto es que Vino Caliente ha sido socio de todos los gobiernos durante los 43 años en los que dirigió el Supa. Integrante del régimen político del cordón industrial, él mismo fue intendente de Puerto San Martín en los `90 ligado al menemismo, cuando los trabajadores municipales realizaron una huelga con carpa instalada en la puerta de dicha municipalidad por el no pago de los sueldos y pase a planta permanente, que terminó con su renuncia.

Esto quedó puesto de relieve en las horas posteriores a su arresto, en que se prendió el ventilador de las inmundicias del régimen político que banca el modelo agroexportador argentino, con los candidatos de todos los signos políticos mostrando la relación de este burócrata empresarial con alguno de sus adversarios circunstanciales en estas elecciones. Circularon fotos de Juárez junto a Omar Perotti y Marcos Cleri, el futuro gobernador de Santa Fe y candidato a diputado nacional por el Frente Todos, respectivamente, en la reciente gira de Alberto Fernández a la provincia.

Se lo ve también con Jorge Capitanich, de quien se dice fue el artífice del levantamiento del paro de 10 días de 2010 a cambio de la asignación de un plan de viviendas prebendario y la designación, vía Julio De Vido, del entonces secretario de Transporte Alejandro Ramos. Tiene cálidas fotos con Moyano, Scioli y Pichetto, cuando gobernaba CFK. También junto a Cristiano Ratazzi, de la Fiat.

Con el cambio de gobierno Juárez se ligó al macrismo, y realizó una serie de acuerdos como la reducción de las tarifas de remolque, lanchas de amarre, estiba, sanidad marítima y peaje, lo que permitió que se lleven a cabo inversiones millonarias en las terminales portuarias de zonas como Timbúes, San Lorenzo y Puerto San Martín, a costa del recorte de puesto de trabajo y salariales.

Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de Cambiemos, lo anunció así en 2017: “Te quiero agradecer Herme, por el esfuerzo que han hecho para mejorar los costos, porque no tengo dudas que en este nuevo camino que iniciamos vamos a estar juntos”. Ese año, Patricia Bullrich y el gobierno del Frente Progresista inauguraron el Plan Cosecha Segura en el cordón industrial destinado a reprimir cualquier acción que pudiera bloquear el “libre tránsito” de la cosecha gruesa.

Una nueva dirección

El desconocimiento del Copa y la entrega del convenio aceitero de San Lorenzo, la creciente precarización laboral y las muertes obreras son resultado de este entramado mafioso. Ni la CGT de Edgardo Quiroga ni la CGT de Pablo Reguera, han dicho nada al respecto de esta crisis que involucra a toda la burocracia peronista del cordón industrial. Entre bueyes no hay cornadas.

Ante la crisis de la burocracia sindical, los trabajadores debemos recuperar los sindicatos para que sean palancas en la lucha contra el ajuste de los gobiernos fondomonetaristas.

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