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5 de agosto de 2019

Impactante audiencia en el Congreso para reclamar justicia por los pibes de Monte

Por iniciativa de la banca de Romina Del Plá, se realizó en el Congreso Nacional una masiva y conmovedora Audiencia Pública para reclamar justicia por las víctimas de la masacre San Miguel del Monte.

Desde el distrito bonaerense se organizó para participar una delegación de casi una veintena de familiares (padres, hermanos, primos) de los jóvenes asesinados y de Rocío, la única sobreviviente que aún está peleando su recuperación, junto con destacados activistas de la Comisión de Amigos y Familiares de Monte –que fueron un motor de la organización de la jornada. La mamá de Gonzalo, Susana, que no pudo participar, envió su adhesión y su completo apoyo a la Audiencia.

Fueron de la partida asimismo los diputados del Frente de Izquierda Mónica Schlotthauer, Néstor Pitrola y Nathalia González (diputados mandato cumplido) y Guillermo Kane, legislador de la Provincia de Buenos Aires. Junto con ellos estuvieron dirigentes de Correpi, Apel, la Comisión por la Memoria, APDH La Matanza, la secretaria general de la AGD-UBA, Ileana Celotto, y enviaron su saludo y solidaridad el Encuentro Militante Cachito Furkman y las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora Elia Espen y Nora Cortiñas.

Los familiares realizaron una denuncia contundente contra el operativo pro impunidad que se puso en marcha desde la intendencia de Sandra Mayol (massista y candidata del Frente de Todos) y que cuenta con el respaldo de la gobernadora María Eugenia Vidal -una de las principales exponentes del gobierno que ha convertido el gatillo fácil en doctrina de la mano de Patricia Bullrich. No es casualidad que no se hayan hecho presentes no sólo los diputados del oficialismo, sino tampoco del kirchnerismo ni de las distintas alas del peronismo.

Los testimonios: “transformar el dolor en lucha”

Yanina (mamá de Camila) sostuvo que la masacre de Monte no era un caso aislado, sino expresión de una política represiva dirigida especialmente contra la juventud: “el Estado es responsable porque es quien forma, adoctrina e instruye a la policía que actúa de este modo contra los pibes. Y por eso responsabilizamos a Macri, a Ritondo, a Bullrich y a Mayol”. Hugo (tío de Aníbal) reivindicó las marchas que han realizado en Monte con un enorme apoyo popular y marcó que esta lucha se trata no sólo de pedir justicia por el asesinato de los 4, sino para “pedir seguridad por los niños que vienen detrás”.  Gladys (mamá de Danilo) denunció que “la policía sigue molestando e intimidando”, y denunció la alevosa protección de este accionar contra los familiares por parte de la intendenta de Monte: “ella fue la primera en mentirnos en la cara diciendo que no había imágenes de las cámaras de seguridad” –lo que se reveló una maniobra digitada desde el municipio para tratar de anular pruebas que son clave. Y reclamó: “acá los que gobiernan piden siempre mano dura para los pobres, yo quiero mano dura para los policías y que no haya ninguno libre”. Loana (mamá de Rocío, la única sobreviviente) reforzó la denuncia al accionar policial y afirmó que “vamos a seguir hasta el final, porque queremos justicia y no vamos a abandonar esta lucha”.

La Audiencia sirvió para reagrupar otros casos. Hubo una muy importante presencia de familiares y amigos de Diego Cagliero, otra joven víctima –con 30 años de edad y a pocos meses de ser papá- de la brutalidad de la Policía Bonaerense y el gatillo fácil del partido de 3 de Febrero. Junto con casi una decena de amigos, participaron Adriana, Horacio y Yamila (mamá, papá y hermana de Diego).

“Luego de su asesinato, la policía y el intendente Diego Valenzuela (Cambiemos) salieron a informar que Diego era parte de un grupo comando que habían ido a robar, lo cual se demostró absolutamente una estafa en cuanto aparecieron las cámaras de seguridad y los testigos”, relató Yamila. Y denunció que el oficial Canstatt, responsable del asesinato, pidió una excarcelación extraordinaria aduciendo depresión y que su familia ha debido sufrir todo tipo de presiones. Yamila fue muy clara en su comprensión de la lucha que tienen por delante: “Cuando a los familiares nos acusan de que hacemos política, yo respondo que claro que hacemos política, porque la muerte de mi hermano fue una cuestión política. No como responsabilidad de un Estado ausente, sino de un Estado que se hace presente de este modo. Por eso quieren poner a la Gendarmería a educar a los jóvenes”.

También estuvieron Elsa Rodríguez, sobreviviente de la patota criminal de Pedraza, y su hija Vanesa; Lidia Saavedra, mamá de Ramón Sugus Santillán –otro emblemático caso de gatillo fácil de fines de los ´90 en la localidad bonaerense de William Morris; y María Lura Romero, mujer de Sergio Jasi, asesinado a golpes por la policía de 3 de Febrero (entre quienes estaba Canstatt), luego de que María Laura llamara a la comisaría para pedir que brindaran socorro a su marido que estaba sufriendo un ataque de pánico debido a su adicción a la cocaína producto de una fuerte depresión. En lugar de asistirlo, lo golpearon hasta producirle un derrame cerebral y paro cardíaco. “El problema para ellos siempre es el adicto, no los que venden droga”, dijo, y concentró en esa frase una brutal radiografía de la connivencia policial y estatal con las mafias narco, mientras hacen demagogia con la persecución y penalización del consumo.

Vamos a fondo en esta lucha contra la impunidad

Al cierre de la Audiencia, Romina destacó las responsabilidades políticas que se buscan dejar impunes. “Aquí se ha denunciado al intendente de 3 de Febrero, Valenzuela de Cambiemos, y a la intendenta de Monte, Sandra Mayol del Frente de Todos, dos signos políticos diferentes y sin embargo una misma orientación: el encubrimiento y la protección a las mafias policiales que operan contra la juventud”.

Explicó asimismo que estos casos son la expresión de la descomposición de un aparato policial absolutamente corrompido por la naturaleza de su propia función política y social. Es el brazo ejecutor de la represión contra los trabajadores y la juventud que está comprometido hasta los tuétanos con el delito organizado. Y forma parte de ese aparato represivo al que Bullrich le quiere asignar la “educación en valores” de la juventud, entregando a los pibes a la Gendarmería.   “Los mismos que balean a nuestros pibes ahora quieren disciplinar a esos mismos pibes a los que no les garantizan educación ni trabajo”.

La Audiencia fue un gran punto de apoyo para la lucha por justicia por las víctimas, contra la impunidad y contra el régimen político y social que sostiene a las mafias policiales del gatillo fácil y la barbarie.

 

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