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7 de agosto de 2019

Uruguay: fracasó la consulta oscurantista para voltear la Ley Integral para Personas Trans

Por Mayra Francica
Agrupación LGBTI 1969

Este domingo se ratificó la vigencia de la Ley Integral para Personas Trans en Uruguay, luego de que una consulta electoral –impulsada por sectores oscurantistas para avanzar hacia un referéndum que debatiese su derogación- no lograse alcanzar el 25% de adhesiones del padrón electoral requerido.

La iniciativa partió “de un sector del Partido Nacional que incluye al exlegislador Carlos Iafigliola”, diputado suplente del Partido Nacional y líder del Movimiento Adelante-Pro Vida y Familia, “”y por el diputado Álvaro Dastungue, miembro de lo que se conoce como la ‘bancada evangélica’ del PN y de la iglesia pentecostal Misión y Vida” (El País España, 27/7). En su campaña hacia la consulta han echado mano de todo tipo de mentiras, entre ellas la insistencia en que la ley habilitaría el cambio de sexo en personas menores de edad, cuando en verdad lo que autoriza es el tratamiento con hormonas con autorización judicial o de los padres. Participó de la votación el candidato a presidente Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército.

La ley en cuestión, aprobada a fines del año pasado con votos del Frente Amplio y de parte de la oposición, establece entre otras medidas cupos del 1% de las vacantes anuales en trabajos estatales para personas trans y del 2% para becas educativas, facilidades para tratamiento hormonal y cambios de género. Incluye también un subsidio para personas nacidas antes de 1976, que sufrieron la persecución de la dictadura y los gobiernos democráticos, aunque muy limitado tanto en monto (12 mil uruguayos) como en cantidad de beneficiaries.

Amparándose en discursos oscurantistas sobre la familia, los sectores antiderechos procuran que no haya modificación alguna en la situación desesperante a la que han llevado al colectivo los sucesivos gobiernos: “con una esperanza de vida que ronda los 35 años, cuando la media nacional es de 77, los cerca de 1.000 trans (travestis, transexuales y transgénero) que están censados (…) registran los mayores indicadores de marginalidad en términos de salud, educación y empleo. El 25% abandonó su domicilio antes de los 18 años después de ser rechazado por su familia, el 87% no terminó estudios secundarios y sufrió discriminación en el ámbito educativo y el 67% tuvo que prostituirse para generar un ingreso” (ídem).

La baja concurrencia a la consulta –menos del 10% del padrón- constituye un revés de esta avanzada reaccionaria, inescindible del creciente movimiento de mujeres y del colectivo LGBTI en el país y en toda la región.

Pero es preciso advertir que los sectores antiderechos –que protagonizaron una iniciativa similar (y también frustrada) contra la ley de despenalización del aborto aprobada en 2012- redoblan sus ataques al movimiento de mujeres y de diversidades sexuales y de género, envalentonados por el triunfo de Bolsonaro en Brasil y por el crecimiento de las iglesias evangélicas, en particular en el norte del país. Iafigliola ya señaló que buscará otras vías para avanzar contra la ley, como su derogación a través del parlamento.

En este contexto, es preciso denunciar las concesiones hechas por el gobernante Frente Amplio a las Iglesias, entre ellas la aceptación de la “objeción de conciencia” en la ley de aborto.

Está planteada la organización del colectivo LGBTI, de manera independiente del Estado y las iglesias, por la implementación efectiva de la ley y por el conjunto de los reclamos orientados a terminar con el genocidio silenciado al colectivo trans.

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