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29 de agosto de 2019 | #1562

[Editorial] Una política obrera frente a una transición de crisis

Cuando en el gobierno se ilusionaban sin motivo con que la modesta movilización macrista del sábado les devolvía una chance de pelear las elecciones, la corrida cambiaria que se desató esta semana puso las cosas en su lugar. Sin embargo, el encargado de pinchar el globo no fue su rival electoral, sino el FMI, su principal aliado en el último año y medio. Es que por más que los macristas quieran disimularlo, acusando a Alberto Fernández de desestabilizador, lo cierto es que fue el FMI quien reclamó de modo categórico que Alberto Fernández se haga cargo del gobierno para llenar lo que ellos llamaron “un vacío de poder”. Si el peregrinaje hacia Alberto Fernández ya lo habían comenzado los empresarios del grupo de Whatsapp, ahora también se sumó el FMI, dejando a Macri reducido a una nulidad total. Si la transición ya era convulsiva, ahora se ha transformado en traumática. Un gobierno acabado debe lidiar con una bancarrota económica y un muy probable estallido financiero.

El FMI

Así las cosas, el pedido del FMI persigue una mecánica previsible. Con un país al borde del default, quieren cobrar caro la entrega de la nueva cuota de  5.400 millones de dólares que debe depositar en las próximas semanas. Es que aunque no hay seguridad que ese dinero alcance para evitar el default y una nueva megadevaluación, lo cierto es que sin ese préstamo la suerte ya estaría echada. La negativa del FMI no sólo tendría un impacto económico sino también político. Sería la señal de que el capital financiero empuja a la Argentina al abismo para dictar las condiciones de la sucesión presidencial. 

Es cierto, sin embargo, que el FMI debe responder a sus mandantes, que no son exclusivamente los Estados que lo integran sino, por sobre todas las cosas, los fondos de inversión y la banca acreedora. Los fondos prestados por el FMI prácticamente coinciden con la fuga de capitales. Los recursos del Fondo se aplicaron masivamente a garantizar una política de rescate estatal al capital que lucró con la bicicleta financiera. El intento de atenuar la salida de capitales y la desvalorización consecuente de la moneda, así como del conjunto de la economía nacional mediante las tasas de interés por las nubes, ha fracasado, porque ni con tasas del 70% el Estado ha sido capaz de rescatar el valor de la moneda nacional. El intento de absorber la emisión monetaria con Leliq está llevando a la quiebra al Banco Central y amenaza los ahorros depositados en los bancos. El pago de las Leliq conduciría a un estallido monetario, el no pago, a una confiscación directa. En el medio, las tasas de interés profundizaron la bancarrota industrial y la parálisis del consumo. El empeño a fondo en esta política de rescate al capital arrastra al Estado a la bancarrota.  

Detrás del default se esconden disputas despiadadas de intereses, con sectores que ganan y otros que pierden. Lenin retrataba esas situaciones ironizando que los capitalistas se iban a pelear por ver quién vendía la cuerda con la que serían colgados. El capitalismo es un sistema basado en la competencia, que se intensifica en momentos de crisis. Por lo pronto, un derrumbe mayor del precio de los bonos, que ya cotizan al 50% del valor nominal, permitiría convertir a una reestructuración de la deuda en un negociado fenomenal, a costa de quienes compraron los bonos a un precio superior.  En estas condiciones, la continuidad del pago de la totalidad del capital en cada vencimiento es un acto de confiscación del capital privado sobre los fondos públicos. Ya sucedió bajo el gobierno kirchnerista, cuando los bonos comprados a precio de remate fueron reconocidos luego a un valor muy superior que al que fueron adquiridos en el mercado secundario y con el premio adicional del llamado cupón PBI. Cuando Alberto Fernández afirma que quiere volver al kirchnerismo de los orígenes, puede querer referirse a esta hipótesis. 

El derrumbe de los bonos conduce además a la quiebra del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, un 56% del cual está en bonos del Tesoro, potenciando los planteos en función de una nueva reforma del régimen jubilatorio. 

Con las acciones ocurre otro tanto: el derrumbe conduce a una tendencia a la baja y coloca al conjunto del capital que actúa en el país en situación de remate en relación con la capacidad de compra y financiamiento en dólares. El escenario de rapiña generalizada entre capitalistas es un factor de disgregación económica y política. Como sostuvimos en nuestro XXVI congreso, las elecciones presidenciales ponen en juego quién va a ser el síndico de esta gran quiebra nacional.  

Como se ve, el depósito o no de la cuota del FMI está sometido a choques de intereses capitalistas. Argentina se ha transformado en una colonia financiera y su suerte es decidida en la mesa de los especuladores. En el mismo sentido juega la suerte del valor de la moneda nacional. La devaluación permanente, la inflación que se va transformando en hiper, anticipan el default. Aquí también aparecen intereses contrapuestos. Un editorialista del diario BAE, muy ligado al kirchnerismo, comentaba que en el círculo íntimo de los Fernández-Fernández había opiniones contrapuestas sobre la conveniencia o no de un nuevo salto devaluatorio.  Mientras un grupo de sus economistas apostaba a esa posibilidad para licuar aún más salarios y jubilaciones, y también los pasivos del Banco Central, otro sector entendía que dado el alto grado de dolarización de la economía, la devaluación se trasladaría muy rápido a los precios y se neutralizaría su efecto. Pero mientras se discuten las alternativas, la crisis y la fuga masiva de capitales hacen su trabajo imponiendo en los hechos la licuación de la moneda.

Todas estas alternativas, sin embargo, no solucionan la cuestión de fondo: luego de asistir a la incapacidad de superar el derrumbe económico con un financiamiento externo masivo, ahora vemos la incapacidad del país de acceder al financiamiento internacional para superar la crisis financiera y el derrumbe general que afecta la industria y a todas las ramas de la economía. Una reciente reunión de la Cámara de la Construcción acaba de declarar que el gobierno no les paga las obras en curso; en otras palabras, que ante ellas ya está en default. Por eso hay quienes avizoran que la única variante a mano es recurrir a nuevos préstamos del FMI. Tendríamos así una situación harto llamativa: cuando todo el país reconoce el fracaso de los planes del Fondo Monetario, se insistiría en el mismo camino. De algún modo es lo que ocurrió en Grecia, donde los sucesivos planes de la troika se fueron sucediendo uno a otro a pesar de su recurrente fracaso. 

Alberto Fernández

Está claro que un nuevo acuerdo con el FMI, aún más si incluye el compromiso de nuevos desembolsos, deberá contar con el acuerdo abierto de Alberto Fernández y de su compañera de fórmula Cristina Kirchner. Quienes afirman (Altamira entre ellos) que un acuerdo con el Fondo Monetario haría “saltar por los aires” la coalición de gobierno revelan que consideran a la ex presidenta como una líder anti-imperialista. Ignoran, sin embargo, que la devaluación reciente fue reclamada por la fórmula Fernández-Fernández con el único propósito de garantizar el pago de la deuda. Es que se ha pasado por alto un detalle para nada menor. Cuando Fernández señaló que el dólar estaba atrasado en su cotización anterior, incurría en un forzamiento de la realidad. Con un dólar a 40 pesos, la recesión había logrado un superávit comercial que, proyectado, se acercaba a los 10.000 millones de dólares al año. Se había equilibrado también la cuenta que contabiliza el turismo. El desequilibrio monetario se reducía a una única causa: el pago de la deuda, que reclama una cantidad de dólares que el país no puede generar por su circuito comercial, lo que se agrava por la fuga de divisas que promueven el gran capital. No es casual que Fernández haya acusado al Fondo Monetario de apartarse de sus estatutos, tolerando el uso de reservas para sostener la moneda cuando debían usarse sólo para el pago de la deuda. Fernández se declara más papista que el Papa.

Alberto Fernández y la liga de gobernadores han ido muy a fondo en sus planteos capitalistas contra las masas. Al cuestionar las medidas desesperadas de Macri de reducción de impuestos, se presentaron como defensores del equilibrio fiscal que reclama el Fondo Monetario. Más grave aún fue su posición sobre el congelamiento de los combustibles, al asociarse de modo directo a las petroleras, en especial a las que tienen inversiones en Vaca Muerta. La invocación a la defensa de los intereses de las provincias fue reveladora, porque asocia la suerte de los Estados provinciales a la de las oligarquías locales y los monopolios imperialistas allí instalados. Nunca se les pasó por la cabeza establecer un impuesto especial a los sectores capitalistas beneficiados por la devaluación, como ser los exportadores de granos. 
La defensa de estos intereses capitalistas le da un sentido concreto al pedido de Alberto Fernández para que “Macri y el FMI se hagan cargo”. Siendo virtualmente el presidente electo, pretende que el trabajo sucio del ajuste contra las masas lo haga el gobierno saliente. 

Promover la intervención de los trabajadores

En este cuadro de bancarrota económica y de crisis política se están dando grandes luchas como en Chubut, Ran Bat, municipales de Jesús María y Colonia Santa Rosa o el movimiento piquetero. Sin embargo, están lejos de adquirir un carácter político de conjunto y de proyectar a la clase obrera como fisonomía independiente de la crisis. El proceso de contención para evitar una intervención masiva, aún restringida al terreno reivindicativo, alcanza tanto a la burocracia sindical como a las expectativas políticas en el gobierno que debe asumir. La fórmula Fernández-Fernández obtuvo una votación masiva en la clase obrera y en los sectores empobrecidos, refutando de paso a los que declaraban que el nacionalismo burgués había dejado de ser un obstáculo de peso. La superación del nacionalismo reclama el desarrollo de un partido de la clase obrera. Quienes sostienen esa superación invocando la ausencia de bases materiales para una política nacionalista no sólo caen en un mecanicismo que ignora la política y la evolución subjetiva de los explotados. También desconoce la forma contradictoria que asume la bancarrota capitalista que, al plantear la quiebra de capitales, obliga a una intervención estatal que recrea la ilusión en los trabajadores de una política nacionalista que utilice el Estado para atenuar el impacto de la crisis. 

Frente a la situación tomada de conjunto, la política que el Partido Obrero le plantea a los trabajadores y también al Frente de Izquierda es promover la intervención de la clase obrera y los explotados para que la crisis la paguen los capitalistas. Esa intervención parte de levantar un programa de transición que incluya la reapertura de paritarias, el aumento de emergencia a los jubilados, la lucha contra los despidos y suspensiones mediante la ocupación de las fábricas que despiden masivamente. Sobre la base de este programa planteamos el reclamo de Congreso de trabajadores ocupados y desocupados mandatado por asamblea  y el paro activo nacional a la CGT y a todos los sindicatos, y agrupar al activismo que lucha en el Plenario Sindical Combativo y en las agrupaciones clasistas. Los planes de lucha que impulsa el PSC tienen el valor de brindar al activismo una ruta de acción y atraer nuevos destacamentos de trabajadores. Es un instrumento de delimitación con el kirchnerismo y la burocracia sindical que reclama no hacer olas para no afectar la campaña electoral.

Junto con este programa ante la catástrofe social, planteamos una salida de fondo anticapitalista, rechazando  el pago de la deuda y por la nacionalización de la banca, el comercio exterior, la energía, la apertura de libros, impuestos progresivos a grandes rentas y fortunas, y el control obrero general. Este programa es la base de la plataforma del Frente de Izquierda-Unidad, cuya estrategia se resume en el gobierno de los trabajadores. La forma de la campaña debe estar determinada por su contenido. En este caso supone una fuerte movilización de trabajadores, mujeres y jóvenes para reforzar una construcción política socialista. Nuestra propuesta de un Congreso del Frente de Izquierda apunta en esa dirección. Colocamos a debate de toda la vanguardia obrera y popular esta caracterización de conjunto, el programa y esta iniciativa. 

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