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30 de agosto de 2019

Un fallo de impunidad a genocidas en Bahía Blanca

Once represores fueron liberados en el segundo juicio por los crímenes en centros de detención de la Armada.

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dictó sentencia en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el buque junto a Baterías y el puesto 1 de la Base Naval Puerto Belgrano, que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura.

Los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu dictaron once condenas (penas bajas en su mayoría) y seis absoluciones, lo que implicó la liberación de once represores. Los genocidas “cumplirán” su pena en sus domicilios a pesar de haberse solicitado el cumplimiento efectivo en cárcel común por parte de la querella y la Fiscalía, que fue rechazado junto con la acusación contra 13 marinos por delitos sexuales y el delito internacional de genocidio.  

Este juicio -el sexto por crímenes de la dictadura en Bahía Blanca- tuvo su inicio el 26 de octubre del 2018, abarcando a 66 víctimas de secuestros, tormentos, abusos sexuales y homicidios cometidos por la Armada y Prefectura. La mayoría se cometieron en las bases navales de Punta Alta y en la sede de Prefectura en Ingeniero White. 

“De las trece penas de prisión perpetua pedidas por los fiscales Miguel Palazzani, José Nebbia y Pablo Fermento, y por la abogada Mónica Fernández Avello, el tribunal dictó sólo una: a Sergio Aráoz de Lamadrid, ex jefe de un “centro de instrucción y adiestramiento contra la subversión” y de la división inteligencia del Comando de Operaciones Navales. Penas de 18 años recibieron Mario Bilecio y Heberto Rubattino, ex jefes de la compañía Pitón de infantes de marina; de 15 años, Francisco Martínez Loydy, ex jefe de informaciones de Prefectura y quien firmó el informe que calificó como “personal a ser raleado” del diario La Nueva Provincia a los gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, luego secuestrados, torturados y acribillados; de 9 años, Enrique de León, ex jefe de contrainteligencia de Baterías; 8 años, Miguel Angel Torra, ex subjefe de la base aeronaval Espora; de entre 3 y 6 años los marinos Luis Conti, Carlos Lacoste, Alejandro Lorenzini, Alvaro Hermelo y Emilio Schaller”, señala Página 12 (28/8).

Los absueltos fueron Ricardo Araujo, ex capitán de corbeta y comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1, Rómulo Illa, ex capitán de corbeta y comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1, Arturo Quintana, ex teniente de navío y 2° Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1, Aristóbulo Moreira, ex teniente de navío y jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1 José Abdala Figueroa capitán de fragata, jefe de la División Cuartel Base, del Departamento General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías y luego ayudante secretario del jefe de esta división y Carlos Louge, capitán de fragata y jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN.
Vale llamar la atención sobre el primer tramo de la Causa Armada, denominada Fracassi y otros, cuyo tribunal actuante dio por acreditada la existencia de los centros clandestinos de detención ubicados en la ciudad de Punta Alta, como el Buque Ara 9 de Julio, la séptima Batería y el Establecimiento de policía naval del Puesto 1, por donde numerosos sobrevivientes declararon haber estado en cautiverio. Todos los delitos fueron probados y sentenciados con las perpetuas correspondientes en el primer tramo, lo que torna injustificable y contradictorio el fallo de este último juicio.

La movilización al juicio

La sentencia se dio a conocer en el recinto del Aula Magna, donde se realizó la audiencia, al igual que en la Sala de Fundadores de la sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur, las cuales se vieron colmadas de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos.

La sala se colmó de pañuelos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y reclamos de “cárcel común” en el momento en que los jueces daban su veredicto, exigiendo a su vez el fin de la impunidad para Vicente Massot, tío del diputado oficialista Nicolás Massot. Dueño del diario local La Nueva Provincia, Vicente Massot fue el primer periodista en la historia argentina en ser imputado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, por su responsabilidad y la de las autoridades del diario en el encubrimiento de treinta y cinco crímenes cometidos durante esos años, presentándolos como “enfrentamientos” entre militares y organizaciones armadas, y como coautor de los homicidios de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, dirigentes gremiales del diario que habían encabezado la huelga contra la patronal en el ’75 –representada por Massot-. Fueron secuestrados en la madrugada del 30 de junio de 1976, cuando regresaban de su trabajo y el 4 de julio fueron hallados sus cadáveres maniatados por la espalda, con signos de haber sido torturados y con más de 52 vainas calibre 9 milímetros a su alrededor. Massot fue llevado a juicio en 2015, aunque no recibió ninguna condena.

Por su parte, los genocidas llegaron a la audiencia caminando por sus propios medios, con sus familias, y se fueron provocando, gritando e insultando a los familiares de víctimas, sobrevivientes y organismos de DDHH.

Este fallo está en sintonía con el intento de “reconciliación” con las Fuerzas Armadas y de negacionismo por parte del gobierno de Macri y Bullrich, que intentó aplicar el "2x1" a los genocidas y benefició con prisión domiciliaria o con la libertad por vencimiento de prisión preventiva a una gran parte de los represores que estaban condenados. Debe ser repudiado como una muestra del pacto de impunidad que apunta a frenar los juicios de lesa humanidad, que ya se desarrollan a cuentagotas.

Seguiremos luchando contra la impunidad. Fue genocidio; son 30.000. ¡Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas!

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