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6 de septiembre de 2019

Juicio y castigo al abusador Enrique Aybar, intendente de Cambiemos

El juicio al mandatario catamarqueño, que fue denunciado por una menor en 2013, tendría que haber comenzado esta semana, pero hubo una nueva maniobra dilatoria.

El miércoles 4 se realizó una movilización exigiendo basta de impunidad para Enrique Aybar, intendente de Cambiemos del municipio catamarqueño Puerta de Corral Quemado y candidato a la reelección en las elecciones de octubre, que se encuentra denunciado por el abuso a una menor.

La marcha, de la que participaron varias organizaciones (entre ellas el Plenario de Trabajadoras-Partido Obrero), respondió a una nueva demora en el juicio. El mismo tendría que haber comenzado el martes 3, pero la defensa pidió el pasado miércoles 28 una suspensión del juicio a prueba (probation) -que fue rechazada- y que se elevara a la corte provincial, lo que generará dos o tres meses más de postergación.

Se trata de una (nueva) maniobra dilatoria, que le da tiempo suficiente a Aybar para superar las elecciones generales de octubre y tiene como objetivo de fondo garantizarle la impunidad.

Los hechos

El 26 de abril del 2013, Aybar –que ejerce el caso desde 2011- ingresó a un hotel alojamiento de la capital provincial con una adolescente de 15 años, oriunda de Puerta de Corral Quemado, a quien había prometido gestionar becas de estudio; e intentó violarla en el lugar bajo amenazas de muerte.

El hecho fue denunciado de inmediato, pero la causa ha sufrido desde entonces todo tipo de dilaciones. Fue elevada a juicio recién en 2015; en 2016 Aybar solicitó un sobreseimiento (finalmente rechazado) y fue en 2017 que empezó a tener algún avance en la justicia, aunque sin dar lugar al cambio de carátula pedido por la querella (ya que la víctima planteó que fue penetrada por el violador). Hoy estamos frente a una nueva chicana en pos de la impunidad.

El caso ha puesto al desnudo el accionar del sistema en defensa de su personal político. Durante todos estos años de dilación en el municipio que dirige Aybar, una pequeña comunidad rural del interior profundo de Catamarca en la que la intendencia juega un rol social determinante por ser la principal fuente de trabajo, se han llevado adelante persecuciones a las víctimas, a sus familiares y a todos los que han salido a denunciar al abusador, dejándolos sin trabajo, quitándoles beneficios sociales, etc... Es evidente que las maniobras legales están apuntaladas con un fuerte acompañamiento político. También ha desenmascarado la posición machista y encubridora del Frente Juntos por el Cambio que apoya la candidatura de un abusador, además de no pronunciarse contra el accionar del Aybar contra las víctimas, que sufren así una enorme presión.

El ataque a las mujeres no es privativo de Cambiemos: el PJ tiene lo suyo. Sus referentes han mantenido un silencio encubridor sobre Aybar. Es que “el que tiene cola de paja le teme al fuego”: Ricardo Rodríguez, referente de la agrupación Martin Fierro y hoy candidato a concejal por la capital provincial del Frente de Todos, ha sido denunciado por dos de sus compañeras de agrupación por trata de personas. El poder político de las fuerzas patronales es la garantía de la impunidad, que solo se vencerá con la movilización y la lucha independiente.

Aybar hoy está protegido, como lo están los tres curas pedófilos en la provincia, que con la misma matriz intentan la impunidad, la dilación de las causas hasta que prescriban, mientras que atacan con todo su poder a las víctimas y a su entorno.

Exigimos juicio y castigo ya; la desvinculación del cargo a Aybar hasta que termine el juicio, para que no entorpezca la investigación; y que se le imposibilite ejercer cargos públicos.

Total solidaridad a las víctimas y sus reclamos. El Estado es responsable.

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