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7 de septiembre de 2019

Por el desprocesamiento de Patricia Jure, Marisol Vázquez y Juan Carlos González

Representativa audiencia pública en el Congreso Nacional, un ejemplo de parlamentarismo de clase

Esta tarde se realizó en el Congreso Nacional la Audiencia Pública convocada por la diputada Romina Del Plá contra la persecución judicial a Patricia Jure, ex-concejala del Frente de Izquierda de la Capital de Neuquén y actual diputada provincial electa que debe asumir el próximo 10 de diciembre, y dos dirigentes de los trabajadores municipales de dicha Ciudad. Se presentó un proyecto de resolución firmado por Romina Del Plá, Victoria Donda, Nicolás Del Caño, Roberto Salvarezza, Carlos Castagnetto y Mónica Schlottauer, que reclama la anulación de la acusación. 

Una representativa y combativa Audiencia.      

Estuvieron en la audiencia diputados y legisladores del Frente de Izquierda (Del Caño, Gabriel Solano, Laura Marrone), dirigentes sociales y políticos (Néstor Pitrola candidato a diputado por el FIT U en Provincia de Buenos Aires, etc.), del PTS, IS y el PO, dirigentes de sindicatos: AGD UBA, Ademys, de diversas seccionales del SUTEBA y una importante representación del Sindicato del Neumático (SUTNA) no solo de la Comisión Directiva. También delegaciones de juntas internas, particularmente de ATE (Hospital Garraham,  Inti , etc), de ferroviarios de la Lista Gris, etc. De organizaciones de DDHH hablo Ismael Jalil (Correpi), enviaron su adhesión Nora Cortiñas y Elia Espen de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de APEL, CEPRODH, Liberpueblo, etc. Silvia Martínez Cassina, delegada de Canal 13 – TN y otros dirigentes del SIPREBA, las actrices Cristina Banegas; Mirta Busnelli; Laura Azcurra; Ana María Castel; Alicia Muxo; Pipi Onetto; Carolina Fernández; Natalia Badgen;  Anabel Cherubito. Una delegación del Polo Obrero encabezada por ‘Chiquito’ Belliboni.

Entre ellas se destacó, también la presencia de Gloria Saenz que viajó desde Chubut para reflejar en la Audiencia el movimiento de lucha que enfrente el ajuste.

Represión para imponer la reforma previsional

Patricia Jure relató los hechos y dijo “se nos acusa de ´perturbar el orden de la sesión legislativa´, el día del tratamiento de un proyecto de ley de reforma jubilatoria que representaba un robo a los trabajadores municipales, porque aumentaba la edad jubilatoria y los aportes, entre otras medidas que eran masivamente rechazadas. Fueron fuertemente reprimidos. En realidad “los que ´perturbaron el orden´ fueron los bloques políticos que promovieron la aprobación de la reforma previsional, cuando decidieron reprimir brutalmente la movilización que la rechazaba y vallar el Concejo Deliberante, impidiendo la entrada de los trabajadores y la mía propia, cuando en ese momento era concejala en mandato”. Frente a la represión, Jure salió del recinto para tratar de frenarla intercediendo frente a la policía. Pero… no solo que no lo logro, sino que le cerraron las rejas y las autoridades del Concejo se negaron a permitir la entrada de la concejala del FIT. Esta logró saltar las rejas y ocupar su banca, proponiendo que se suspendiera la sesión hasta que no acabara la represión Finalmente los gases llegaban hasta adentro del recinto. Ellos mismos debieron suspender la sesión”. Pero en otra sesión, la Ordenanza antiobrera fue votada en forma parcial, con otra brutal represión mediante”. 

Estos hechos fueron una repetición local de las jornadas del 14 y 18 de diciembre del 2017 donde Macri llevó al Congreso su reforma previsional. Una masiva movilización chocó durante horas contra una fuerte represión en torno al Congreso. En aquella oportunidad, la recién ingresada diputada del PO-FIT, Romina del Pla, que había asumido el 10 de diciembre, salió a la calle con otros diputados para tratar de impedir que siguiera la represión. Puso el cuerpo para impedir la acción de los gendarmes. Y luego entro a la Cámara a solicitar -con otros diputados- que la sesión se levantara hasta que cesase la represión y viniera el jefe del ‘operativo’ de militarización policial a explicar lo que estaba sucediendo, detener la represión y liberar a los detenidos.

El 14 de diciembre la presión de la calle hizo que la sesión se levantara. El presidente Macri se tuvo que empeñar con un fuerte operativo político para comprometer a los gobernadores del PJ y volvió a presentar el lunes 18 el proyecto un poco atenuado, con un impresionante operativo de militarización de toda la zona y fuertes choques represivos.

En Nación y en Neuquén la perdida de derechos previsionales para los trabajadores y jubilados se demostró como una política de Estado.

Parlamentarios de la clase obrera y de sus luchas

Pero en el caso de Neuquén, el intendente Horacio “Pechi” Quiroga, de Cambiemos, quiere hacer un escarmiento. Por eso ha armado una denuncia penal y presionado a la fiscalía para que se inicie un proceso contra la conejala del PO-FIT y los dos dirigentes sindicales municipales. ¡Quiere llevarlos a prisión “en defensa de las instituciones” que votan políticas de ajuste antiobreras!

No es la primera vez que los jefes de gobierno -y las bancadas mayoritarias reaccionarias- intentan quitar sus fueros a los parlamentarios del PO-FIT. Eso paso en Córdoba con Eduardo Salas por bajar a la calle para apoyar la lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza contra la represión. Y, también en Córdoba, con la legisladora Cintia Frencia que se puso junto a los vecinos de las barriadas que querían que cerrara la fábrica de la muerte (por la contaminación ambiental) que había instalado Monsanto. También en Salta, donde el diputado provincial Claudio Del Plá fue encausado por colocarse junto a los huelguistas docentes contra la represión. Y, ahora, acaba de suceder en Mendoza, donde el senador provincial del PO-FIT, Víctor da Vila fue procesado penalmente, junto a una decena de luchadores obreros por participar de cortes de ruta en defensa de sus reivindicaciones en esta Argentina hundida en el caos de miseria que han creado el gobierno y el FMI. Todo esto fue denunciado en su intervención por Néstor Pitrola.

Son ejemplos de parlamentarismo revolucionario: defienden los intereses y las luchas de los trabajadores dentro y fuera del recinto parlamentario, denunciando desde sus bancas y usando sus fueros para poner el cuerpo y frenar las represiones de los gobiernos contra los trabajadores. Y desde sus bancas llaman a que los trabajadores confíen en sus fuerzas, se organicen y vayan a medidas de acción directa para defender sus derechos.

El ajuste viene con represión

Frente a las masivas movilizaciones piqueteras por el pan y el trabajo, el gobierno ya amenazo con procesar penalmente a Chiquito Belliboni del Polo Obrero y otros dirigentes piqueteros. Y hoy mismo, se descargo una feroz represión sobre una movilización de los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba con una decena de detenidos.

En la Audiencia estuvo presente también Cesar Arakaki, uno de los reprimidos y procesados por las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre del 2017 contra la reforma previsional. Proceso que sigue abierto y pende como una amenaza permanente. No solo un símbolo de lucha obrera. Arakaki trajo una nota de apoyo a Patricia Jure, enviada por Daniel Ruiz, un militante petrolero del PSTU, que esta injustamente procesado y detenido hace un año por aquellas luchas del 2017.

La Audiencia se convirtió en una Asamblea de coordinación de que es necesario hacer consciente entre las masas que la represión del régimen es para hacer pasar este ajuste y si de verdad queremos “que la crisis la paguen los capitalistas”, tenemos que organizarnos en forma independiente para adoptar el camino de la lucha. 

“La causa contra Patricia Jure es un amedrentamiento. No tiene otro fin que desestimular las luchas de los trabajadores en defensa de sus derechos y de quienes ponemos nuestras bancas al servicio de las mismas”, dijo Romina del Plá.

Y señaló: “La causa que impulsa el intendente de Cambiemos, Pechi Quiroga, es muy peligrosa porque es para aleccionar a todo el movimiento popular que enfrenta el ajuste. La perspectiva de los capitalistas es descargar la crisis sobre los trabajadores, pagando el default con nuestros salarios y nuestras jubilaciones. Es el libreto del FMI para que los trabajadores paguemos la crisis. Para eso necesitan el control social, de ser necesario, a los palazos y con el Código Penal en la mano”. 
 

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