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27 de septiembre de 2019

Avanza la causa contra el cura abusador Eduardo Lorenzo

Allanaron su domicilio por primera vez desde los hechos denunciados, acometidos hace 11 años, y confirmaron una nueva víctima.
Por Corresponsal

En los últimos días hubo importantes avances en la causa contra el cura Eduardo Lorenzo por abuso sexual agravado, corrupción de menores y amenazas.

El martes 24 se realizó por primera vez una inspección ocular a la casa parroquial donde vive Lorenzo, y la que entre 2007 y 2008 habrían ocurrido muchos de los abusos que perpetró valiéndose de su posición de autoridad dentro de la Parroquia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet.

A su turno, hubo un nuevo testimonio por parte del cura Mario Peralta contra Lorenzo, que entre otros aportes dio cuenta de una víctima de la que no se había tenido registro, un joven de 15 años, “alto y delgado”, que era trasladado por Lorenzo a una quinta en Villa Elisa para “pernoctar”.

Allanamiento

En el operativo del martes 24 estuvieron presentes el primer denunciante, Diego Pérez –cuyo caso ocurrió en estas instalaciones-, con sus padrinos Julio Frutos y Adriana Lara; así como Dino Bartoli, padre y abogado patrocinante de Julián Bartoli. Diego y Julián son los dos particulares damnificados en la causa, a quienes se suma un grupo de sobrevivientes de abuso eclesiástico nucleados en Iglesia Sin Abusos.

Durante el allanamiento estuvo presente Lorenzo. Juan Pablo Gallego, el abogado de la querella, calificó como “escandaloso” que la fiscalía haya confrontado al victimario con su víctima, Diego, a quien previamente amenazó por televisión y trató como un mentiroso. Gallego destacó que era Diego quien tenía que reconocer la escena del crimen y aportar detalles a la Fiscalía, y la presencia de Lorenzo suponía un acto de revictimización.

Testimonio

Peralta, quien ya había declarado en la causa en el 2008, denunció que antes de ello le había contado todo lo que sabía al monseñor Héctor Aguer, por carta y en una reunión en el arzobispado. Por estos motivos el abogado Gallego señaló que podría iniciarse una investigación por encubrimiento contra Aguer.

En la correspondencia, Peralta daba cuenta de una constante actitud de Lorenzo de “conflictividad y descalificación hacia sacerdotes laicos y feligreses en general”, hablando de forma desvergonzada y agresiva, alardeando de su riqueza y de tener importantes nexos religiosos y políticos, mintiendo y acusando falsamente de robo al personal.

Sobre los hechos denunciados, el testigo señalaba que los menores “pasan desde las 17 hasta no sé qué hora de la noche en la casa parroquial, hay un juego de manos imprudente, el lenguaje es altamente grosero, les permite ingresar a su habitación, a su baño privado y los atiende solo (…) En ocasiones, alguno de estos adolescentes se queda a dormir en la casa o viaja de un día para otro con él a Capital. También se los ve ingresar a altas horas de la noche a la casa parroquial” (TN, 26/9).

En esa ocasión, Aguer le respondió “qué quiere que haga con un hermano que no me escucha”, y “Lorenzo, al enterarse del informe, le reprochó diciéndole, ‘tu declaración no me favorece’. Peralta recuerda que reaccionó con furia, a los gritos. ‘No quiero ni recordar’, confesó el testigo. Lorenzo comenzó una campaña de persecución laboral contra Peralta como represalia dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde era su superior” (ídem).

Con conocimiento de todas estas denuncias, la iglesia platense permitió a Lorenzo seguir en contacto con menores. Lo propio debe decirse del gobierno bonaerense de Daniel Scioli, que estaba al tanto porque Peralta llevó luego su denuncia al ministro de Justicia Ricardo Casal. La protección estatal continuó en pie durante el gobierno de Vidal, que sigue pagando un gran sueldo a Lorenzo como funcionario del Servicio Penitenciario.

Existen pruebas contundentes para demostrar la responsabilidad del cura Lorenzo sobre los abusos sexuales agravados, la corrupción de menores y las amenazas, por los cuales la jueza de garantías Marcela Garmendia debería dictar la presión preventiva, y la inmediata detención del cura. Asimismo, debería investigarse la responsabilidad de la cúpula eclesiástica y de los funcionarios del gobierno de Scioli; sin su complicidad hubiera sido imposible que la causa se archivara. 

¡Basta de impunidad a los curas abusadores, a la cúpula clerical y a los funcionarios cómplices!

Separación de la Iglesia del Estado.

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