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3 de octubre de 2019

Playón de Chacarita: una urbanización al servicio de la expulsión

Defendamos el derecho a la vivienda
Por Chelo

A más de 3 años de la sanción de la ley de reurbanización del barrio, en octubre comenzará el proceso de mudanza y demolición de casas en el barrio histórico. Se espera para la primera semana que más de 60 familias dejen su casa. El gobierno pretende avanzar en una serie de puntos que chocan contra el derecho habitacional de los vecinos y vecinas del Playón de Chacarita.

Escrituras

Ayer a la noche, en una asamblea informativa sobre el final del proceso, el IVC presentó un modelo de escritura, sin debate de por medio. Una semana antes ya habían presentado otro que, ante el rechazo inmediato, fue modificado. Pero en ambos modelos de escritura mantienen los puntos más leoninos.

En primer lugar, establece que pasados los tres meses de mora en el pago de las cuotas establecidas correrán punitorios cuyo interés será indexado con la referencia de la tasa de interés del Banco Nación (la TNA es de 70%), un verdadero atropello. En un contexto en que los capitalistas no utilizan esa tasa para financiarse por el hecho de que es literalmente impagable, quieren imponer esto a los trabajadores más vulnerables de la ciudad. Esta cláusula en este contexto económico es una bomba de tiempo, corriendo el riesgo de endeudar a trabajadores y que los intereses de esa deuda se capitalicen en refinanciamientos futuros.

Por otro lado, en el nuevo modelo sigue en pie la posibilidad de remate y establece como comprador prioritario dentro de los primeros 5 años al IVC, sin aclarar los términos de la hipoteca a la hora de la compraventa. A diferencia del texto anterior, donde figuraba como condición necesaria la cancelación del 100% de la hipoteca, en la nueva escritura no se aclara esto. Más grave aún, le otorga al IVC un lugar de privilegio en la negociación como comprador prioritario.

Chauchas y palitos

Otro punto ya denunciado por nuestra corriente y por vecinos y activistas del barrio es la valuación de las casas que “compra” el IVC por chauchas y palitos. Ya con el comienzo de la valuación de algunas casas queda claro que nuestra denuncia era cierta. El valor del metro cuadrado queda condicionado por el estado de las casas y al día de hoy el valor para las casas en mejor estado es de $17.000 el metro cuadrado (280 dólares), mientras que para las casas en peor estado puede bajar a $6.000 u $11.000 pesos, una verdadera estafa.

En este cuadro el precio de un departamento de 40 m2 puede llegar a ser menos de medio millón de pesos o 7 mil dólares. Resulta evidente que el valor que busca imponer el IVC es considerablemente más bajo que el valor de mercado de las casas, incluso del costo real de la construcción (materiales y horas de trabajo). Cabe tener en cuenta que esas casas fueron construidas con el trabajo y dinero de sus propios habitantes durante años y esa compra funciona a modo de “descuento” de las hipotecas futuras.

Los servicios

Otro punto central para la defensa del derecho a la vivienda consiste en garantizar el acceso a los servicios. Hay que tener en cuenta que  los vecinos que se muden al barrio nuevo empezarán a pagar servicios de energía, agua, ABL y expensas. El gobierno ofrece solamente 6 meses de período de tarifa social para la luz y el gas, y un año de agua.

Si tenemos en cuenta que los departamentos nuevos tendrán un gasto fijo de entre $2.000 y $2.500 de expensas ordinarias (para los que tengan ascensor este valor sube entre un 30% y 40%), más la cuota de la hipoteca, la tarifa común de servicios sin dudas va a reventar la economía familiar de los habitantes del barrio y con ello su derecho a la vivienda.

Por otro lado, los servicios energéticos y el agua son derechos vulnerados para los habitantes del barrio. El acceso precario a estos servicios causa daños perfectamente evitables como inundaciones e incendios. Para las viviendas del barrio histórico todavía no está asegurada la conexión de gas natural al momento de la firma de las escrituras, ni tampoco el gobierno puso fecha para la conexión.

Es responsabilidad del gobierno garantizar el acceso a los servicios de todos los vecinos del Playón, los que se quedan en el barrio histórico y los que se mudan a los edificios. Exigimos una tarifa especial permanente para ambos.

En esta instancia del proceso de urbanización queda clara la intención del gobierno, proceder a una expulsión silenciosa encareciendo las condiciones para vivir en la ciudad. Desde el Polo Obrero y el Partido Obrero en el FIT-U proponemos a los vecinos del Playón que nos organicemos para impedir esto y garantizar el derecho a tener una vivienda en la Ciudad. Exigimos:

- Congelamiento de las cuotas durante el período de mora.

- Una tarifa especial para garantizar acceso a los servicios.

- Valuación de las casas en el barrio histórico sin reducción por estado edilicio, la habitabilidad de las casas es responsabilidad del gobierno, los vecinos no pueden pagar una penalización por lo que no son responsables.

- Acceso a una solución habitacional de todos los inquilinos cómo contempla la ley, que nadie se quede afuera.
 

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