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17 de octubre de 2019 | #1569

[Editorial] El día después

[Editorial] El día después

El voto al Frente de Izquierda-Unidad es un impulso a la acción independiente de la clase obrera y los explotados

Cuando faltan pocos días para las elecciones generales, el resultado está ya cantado. Todas las encuestas coinciden en pronosticar una derrota del macrismo aún más grande que la sufrida en las Paso. Otro tanto sucedería en la provincia de Buenos Aires, donde la derrota de Vidal es irreversible. La explicación de este resultado cantado es muy simple: la bancarrota económica que selló la suerte del macrismo pegó varios saltos después del 11 de agosto, con nuevas devaluaciones, un agravamiento de la inflación, que durante septiembre ascendió al 5,9%, la depresión de la producción y del consumo, y un ciclo de nuevos cierres de fábricas con su secuela de despidos masivos. Ante este cuadro de bancarrota económica generalizada, el macrismo decidió apelar como recurso desesperado a una campaña derechista, ganando protagonismo los Pichetto y Bullrich con sus promesas de más mano dura, ataque a los inmigrantes y rescate de los genocidas de la dictadura. El recurso de una campaña fascistizante no tendrá impacto electoral, pero sí podrá ser utilizada en un futuro por Alberto Fernández contra los trabajadores que se movilicen contra sus planes de ajuste. Después de todo, en el campamento albertista están todos los que parieron la ley antiterrorista y pusieron al frente del aparato de seguridad y defensa a los Berni y los Milani. 

Mirando al FMI

Ante la certeza de la derrota del macrismo, el peso específico de la situación política se ha trasladado a Alberto Fernández y a sus economistas más cercanos. Varios de ellos fueron enviados por el candidato del Frente de Todos a la reunión plenaria del FMI, como una especie de misión para-oficial, con el propósito de continuar las negociaciones que, con mucho sigilo, ya están en marcha con los fondos de inversión y los grandes bancos para renegociar la deuda pública. Aunque es sabido que existe un enfrentamiento soterrado entre el FMI y los fondos que tienen en sus carteras la deuda argentina, en relación a los términos de una segura reestructuración de los bonos, lo cierto es que todos coinciden en un punto central: el futuro gobierno deberá asegurar condiciones de pago de la deuda reestructurada mediante un superávit fiscal, que sólo puede lograrse con nuevos ajustes que afecten a la población trabajadora, a las provincias y, desde ya, a los jubilados.

Alberto Fernández ya se expresó en esa dirección, declarándose partidario del ‘superávit gemelo’ (fiscal y comercial), lo que supone nuevas devaluaciones para asegurar una desvalorización del salario y de los gastos sociales del Estado, así como un incentivo a los exportadores. Por la estructura económica del país, muy dependiente en su cadena industrial y comercial de las importaciones, ese superávit comercial sólo se logra en momentos de depresión económica interna, por la caída de las compras al exterior. Algo de esto ya anuncia el FMI, cuando anticipa que el año que viene Argentina sufrirá una nueva caída de su economía. El modelo uruguayo de reestructuración de deuda, que Alberto Fernández citó como ejemplo a seguir, implicó justamente esto que señalamos: reducción nominal de salarios, devaluación de la moneda nacional y la flexibilidad laboral para los trabajadores, para asegurar en aquel momento un 4% de superávit fiscal destinado al pago de la deuda reprogramada. 

Por la envergadura que ha adquirido la crisis, es muy probable que estas medidas comiencen a aplicarse el 28 de octubre, sea con Macri como presidente o con una entrega anticipada del gobierno. En los últimos días, las reservas del Banco Central sufrieron nuevos retrocesos y se estima que a este ritmo sus arcas llegarán vacías al 10 de diciembre. Sobrevuela un mayor endurecimiento del cepo cambiario, que apuntaría especialmente a los ahorristas y no a las empresas, y una generalización del default. Amparándose en la necesidad de ‘cuidar las reservas’ se espera también un nuevo salto en el tipo de cambio. De hecho, el dólar contado con liquidación que usan las empresas para adquirir divisas y calcular mucho de sus costos, ronda ya los 68 pesos. Una nueva devaluación impactaría otra vez sobre los precios, en momentos donde los salarios se encuentran congelados o con cifras fijas que están lejos de compensar la pérdida de este año y de los anteriores. Un salto del dólar metería más presión también sobre el precio de los combustibles, que tiene un impacto enorme en toda la cadena comercial y que al momento tiene un “atraso” del 17%, según las petroleras. El lobby petrolero, que tiene fuerte presencia dentro del grupo íntimo de Alberto Fernández, presionará con seguridad por trasladar la devaluación al precio final de las naftas, con la amenaza velada de que si eso no ocurre, se paralizarán las inversiones. Pero fue justamente un naftazo lo que desató la rebelión del pueblo ecuatoriano. 

Pacto social vs. Ecuador

La intención de Alberto Fernández de acelerar este verdadero plan de guerra contra el pueblo tiene una explicación. Sería la antesala de la firma del llamado ‘pacto social’, para el cual ya tiene comprometida a la Unión Industrial y a la burocracia de la CGT, al moyanismo y a las CTAs. El ‘pacto social’ se ha convertido en la columna vertebral del futuro gobierno porque debe reunir los recursos políticos necesarios para aplicar un nuevo ajuste contra los trabajadores. Lo dijo Pablo Moyano cuando señaló que la unidad de la CGT debe tener por propósito “acompañar al presidente ante las medidas difíciles que debe tomar”. Para muestra un botón, la UOM comenzó el proceso de revisión de su convenio para adecuarlo a las necesidades patronales. La burocracia sindical y el kirchnerismo prevén un incendio y ya se están alistando como bomberos. La cuestión de una reforma laboral, convenio por convenio, será puesta en la mesa de ofrecimientos al FMI y a la UIA y el resto de la burguesía que la sigue exigiendo.

Es probable que Alberto Fernández utilice el ejemplo ecuatoriano para solicitar un margen mayor de negociación al FMI y a la banca acreedora. Que se lo den, sin embargo, es otro cantar. A pesar del triunfo asegurado, los kirchneristas reclaman el voto para su fórmula con el argumento de que una votación más contundente amplía la capacidad de negociación con los acreedores. Pero la situación es la contraria: una mayor votación será usada para reforzar la capacidad de imposición del pacto social y de aislar las luchas que surjan contra él, con el argumento remanido de que se desconoce la voluntad de la mayoría. 

Votar a la izquierda

El voto al Frente de Izquierda-Unidad en este cuadro adquiere un significado concreto: es un voto en contra de los planes de guerra contra los trabajadores que se cocinan a miles de kilómetros del país, entre los técnicos del FMI, la banca acreedora y los enviados de Macri y de Alberto Fernández. Es un voto de rechazo al pacto social diseñado por la burocracia sindical y las patronales, para atenazar las luchas obreras. Es un voto por una salida anticapitalista y socialista, que parte de la ruptura con el FMI, el desconocimiento de la deuda, la nacionalización de la banca, del comercio exterior y los recursos naturales, la prohibición de los despidos y suspensiones, el reparto de las horas de trabajo, por un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones y la reapertura de las paritarias. El voto al Frente de Izquierda-Unidad es un impulso a la acción independiente de la clase obrera y los explotados para derrotar a los gobiernos capitalistas y abrir el camino a un gobierno de los trabajadores. Sus diputados servirán a este objetivo. 

En los días que quedan, llamamos a reforzar la campaña del FIT-Unidad en todo el país. 

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