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23 de octubre de 2019

Importante fallo contra los desmontes en Chaco

El Juzgado Civil y Comercial 21 de Resistencia dictó una importante medida cautelar contra los desmontes. Se trata de una causa que tramita el destino de 53 recategorizaciones de zonas amarillas (donde no se puede desmontar) a las cuales se les había cambiado el uso legal, para habilitar los desmontes. En estos 53 terrenos, que abarcan 33.000 hectáreas, no solamente no se podrá desmontar, sino que se prohíbe el aprovechamiento forestal de lo que ya fue talado.

Las recategorizaciones son un mecanismo que utilizan los Gobiernos provinciales para habilitar que los productores salten las reglamentaciones de la Ley de Bosques y desmonten en zonas no permitidas. En el caso del Chaco, el mecanismo administrativo de la recategorización de zonas donde no se permitía el desmonte fue puesto bajo la órbita del Ministerio de Producción, y se utilizó masivamente. El resultado fue la tala de más de 40.000 hectáreas anuales, llevando a una gravísima crisis ambiental.

Las denuncias y movilizaciones en torno al tema obligaron a Peppo a cesar las recategorizaciones, desarmando el mecanismo legal que las permitía. Sin embargo, quedó pendiente, entonces, el destino de los 53 terrenos ya recategorizados, que son los que ahora son afectados por el fallo judicial. Aurelio Díaz presentó un proyecto para que estas hectáreas fueran nuevamente protegidas contra los desmontes, que la Cámara de Diputados no quiso tratar.

Es que el Gobierno está jugado a que estas 33.000 hectáreas de monte se habiliten para desmontar. Por eso, apeló el fallo judicial planteando que la medida afecta gravemente a la industria forestal. Confía en que en la Cámara de apelación se dé vuelta la cautelar y se permita desmontar estos terrenos.

El fallo, de todas formas, afecta a una cantidad limitada de terrenos. Ocurre que por más que cesen las recategorizaciones, los desmontes se siguen permitiendo en zonas verdes y además se desarrollan ilegalmente en toda la provincia, frente a la mirada cómplice de los funcionarios gubernamentales.

Por eso, la lucha contra los desmontes requiere un planteo integral. En la Cámara de Diputados, Aurelio Díaz es firmante de un proyecto de emergencia ambiental que establece la prohibición de todo tipo de desmontes. Incluso de ser aprobado, se plantea el problema del control popular del desmonte, y por otro lado, de la reconversión de los trabajadores de la industria forestal para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo.

El problema de la reforestación integral de zonas desmontadas es otra necesidad, porque el avance de la tala ya coloca a la provincia en crisis ambiental.

Vamos por estos objetivos.

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