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21 de noviembre de 2019

Ley de alquileres: un ‘Consenso’ para que no haya cambios de fondo

Ya hemos analizado en una anterior nota la nueva Ley de Alquileres que se aprestaba a votar el parlamento. Finalmente, la Cámara de Diputados votó el proyecto consensuado entre oficialismo y oposición -que ahora rotan en sus papeles, pero mantienen una política que no afecte las ganancias capitalistas y permita descargar la crisis sobre las masas trabajadoras- que es terriblemente limitado. 

Como dijo la diputada del PO-FIT, Romina del Pla, “se trata de una aspirina” para combatir el cáncer de la crisis de la vivienda obrera. 9 millones de inquilinos sufren el problema de los alquileres abusivos en un marco de despidos y retroceso salarial. 

La ley aprobada por 191 votos y 26 abstenciones (de la derecha) introduce algunas mejoras paliativas para el inquilino: eleva el plazo mínimo de ajuste de los alquileres a un año, extiende los contratos de alquiler de 2 a 3 años y otros. Pero en algunos aspectos, está por detrás de otras normas, como la votada en la CABA que elimina el pago de comisiones de los locatarios a inmobiliarias y corredores. 

Buscando el ‘consenso’ las bancadas del PJ-K-Renovadores aceptaron que el índice de indexación del alquiler sea un mix que tome en cuenta en un 50% los datos de aumento de la carestía (Indec) y la otra mitad, el índice de actualización de salarios (Ripte, que calcula el Ministerio de Trabajo). Se trata de una indexación desfavorable para el trabajador: su alquiler, crece más rápido que su salario.

La ley fue entusiastamente saludada por las bancadas del PJ, K, Renovadores y sectores de la UCR-Cambiemos, como un signo de la nueva etapa de consensos que se abre a partir de la próxima asunción del gobierno de Fernández. Pero es un proyecto claramente insuficiente que no podrá afrontar la grave crisis habitacional que ésta atravesando la población trabajadora. En el año 2018, 80 mil trabajadores han sido despedidos: ¿Cómo podrán afrontar el pago de sus altos alquileres que -según encuestas- llega a consumir hasta el 50% del ingreso familiar en el gasto de vivienda? Ya hay en las calles de la CABA 9.000 familias sin techo durmiendo bajo puentes.

Una salida de emergencia plantea prohibir los desalojos por falta de pago en los casos de desocupados y trabajadores y jubilados indigentes bajo el nivel de pobreza. Otro el de colocar un tope en gastos de alquiler que no sobrepase el 10% del ingreso familiar. La baja de los salarios, producto de la crisis capitalista en curso, transforma el problema de la vivienda en un inmenso sufrimiento social para las masas explotadas.

La derecha de Cambiemos aceptó este consenso para evitar un debate mayor y una irrupción de las masas inquilinas. Un consenso donde se retocan aspectos claramente arbitrarios de parte de los patrones inmobiliarios, para seguir manteniendo en pie el edificio de la especulación inmobiliaria.

Los sectores más recalcitrantes de la derecha no votaron en contra de la nueva ley, pero manifestaron su oposición con el remanido verso, que un exceso de reglamentaciones en favor de los inquilinos iba a provocar un lock out inmobiliario en la oferta de viviendas para alquilar. Según ellos la libertad para fijar alquileres, cláusulas de indexación, duración de contratos, etc. son fundamentales para que haya más oferta de viviendas. Piden vía libre para desalojar. Uno de los diputados del PRO planteó que en la actualidad hay más de 150 mil viviendas sin alquilar en la CABA. La masacre social que estamos viviendo ¿no merece en el plano de la vivienda la requisa de las viviendas ociosas y su entrega a jubilados, discapacitados, desocupados? Se trata de medidas de emergencia pública.

Bajo el capitalismo la falta de viviendas (y el retiro de miles de ellas de la oferta en el mercado) es permanente, para especular y jugar a alquileres altos, con la desesperación de la falta de techo por los trabajadores. 

Un plan de construcción de viviendas populares, a cargo del estado, bajo gestión directa de los trabajadores, debe ser una bandera de lucha no solo por la vivienda, sino también contra la desocupación. Un gobierno de trabajadores desarrollará esta perspectiva a fondo, como parte de un plan nacional de desarrollo.

La diputada del PO-FIT, Romina del Pla, llamó a las organizaciones de inquilinos a profundizar su organización y lucha independiente para imponer una salida obrera a la crisis habitacional y de los alquileres. Se comprometió a apoyar esta lucha en todos los terrenos.

 

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