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22 de noviembre de 2019

A 70 años, la gratuidad está en nuestras manos

Más que nunca, a poner en pie un movimiento estudiantil independiente y de lucha para defender nuestras conquistas históricas, por la anulación de las políticas privatizadoras
Por Fede Casas miembro de la Junta Ejecutiva de la Federación Universitaria Argentina

Con motivo del 70 aniversario del Decreto 29.337 de 1949, que establecía el fin de los aranceles en las universidades públicas y que fuera firmado un 22 de Noviembre por Juan Domingo Perón, las autoridades universitarias tanto radicales como peronistas han puesto en marcha una serie de iniciativas de reivindicación del mismo.

Por supuesto, se trató de un decreto de carácter progresivo, que eliminó uno de los principales escollos al ingreso a la universidad a amplios sectores de la clase obrera, lo cual se verificó en el incremento de la matrícula de las universidades, que se duplicó en 10 años y hoy cuenta con más de 1 millón y medio de estudiantes en todo el país.

La iniciativa, hay que decirlo, llegaba de la mano de un gobierno que había impuesto una fuerte regimentación a las universidades, atacando algunos de los principios democráticos de la Reforma Universitaria de 1918, como la autonomía universitaria y el co-gobierno con participación estudiantil, además de una injerencia del Estado en los contenidos.

La resistencia del movimiento estudiantil al gobierno de Perón, que devino en una oposición derechista, se explica en parte por esas acciones, que incluyeron la intervención directa de las Universidades por parte del Estado, con casos emblemáticos como el de Jordán Bruno Genta, un fascista católico que fue nombrado como Rector interventor de la Universidad del Litoral por el gobierno surgido del golpe de 1943, del cual Perón era parte.

Por eso, también corresponde señalar que el decreto de gratuidad llega frente a esta creciente oposición estudiantil al peronismo, que tuvo impacto en el gobierno, como un intento de acercarse al movimiento estudiantil, y de contrarrestar la oposición universitaria.

A tal punto el gobierno sintió la presión de esta oposición, que el propio Perón en 1945 reconoció públicamente que las intervenciones a las universidades habían permitido restituir a “los lastimados por vuestras propias conquistas” y formalizar “una Universidad intransigentemente medieval” (1). Del dicho al hecho, como siempre caracterizó a los gobiernos nacionalistas, hay un largo trecho, ya que fue con posterioridad que aprobó las Leyes 13.031 (1947) y 14.297 (1953), que reforzaron legalmente la intervención estatal (designación de autoridades por parte del Poder Ejecutivo Nacional y eliminación de toda participación estudiantil en los órganos de gobierno).

Qué pasó después del decreto

Si analizamos la situación, a lo largo de los años se retrocedieron varios casilleros por detrás del propio decreto del 1949. Tan solo unos años después en 1958, bajo el gobierno de Arturo Frondizi, se desataron grandes movilizaciones contra el intento, finalmente perpetrado, de autorizar a las Universidades Privadas a expedir títulos, lo cual fue un nuevo aire a los negociados con la educación y la proliferación de aranceles, ahora por fuera de las Universidades Públicas.

Posterior a eso, con las dictaduras militares de Onganía y luego de Videla, la intervención y la regimentación política a las universidades fue total, imponiendo restricciones de todo tipo a los ingresos, además, por supuesto, de las sucesivas represiones que sufrió el activismo estudiantil. Esto, al servicio de hacer avanzar una política privatizadora y de recortes muy profundos al presupuesto educativo. Sin ir más lejos, la dictadura del 76 fue la pionera en la “descentralización” educativa que continuó Alfonsín y luego completó el menemismo, y que tenía como meta reducir el “gasto” de la educación pública.

Qué esconden los festejos de hoy

Llama la atención por varios motivos el gran revuelo que se ha generado por estos 70 años del decreto. Impulsado por autoridades universitarias y referentes políticos de todo pelaje, tal celebración hace sospechar que hay gato encerrado, y desde ya que lo hay.

Detrás de las loas al decreto, con las cuales peronistas y radicales pretenden arrogarse la bandera de la defensa de la universidad pública y gratuita, se esconde el desarrollo de políticas privatistas y vaciadoras de la educación. En el último tiempo, los Rectores y el conjunto de las autoridades de las universidades han puesto sus huellas digitales en todo tipo de iniciativas anti-educativas.

Esto se demuestra, por ejemplo, en el especial impulso que han dado a la Ley de Educación Superior menemista, que se implementó como nunca bajo el kirchnerismo, y que sigue en vigencia.

Lejos de lo que planteaba el decreto de gratuidad del primer gobierno peronista, la LES estableció un principio de privatización en las Universidades Públicas con el pasaje de contenidos de las carreras de grado a los posgrados arancelados (que se consolidaron a partir de esta ley). Al mismo tiempo, se produjo una brutal violación a la autonomía universitaria con la creación de la CONEAU, un órgano estatal con una representación mínima de las universidades públicas (1 de 12 miembros, igual que las privadas) encargado de “acreditar” las carreras (es decir, adecuar los planes de estudio al nuevo negocio de posgrado). Por último, se abrió el juego a grandes negociados con empresas privadas bajo el rótulo del “auto-financiamiento” de las universidades públicas, que en función de los mismos hasta el día de hoy adecúan sus investigaciones y  planes de estudio a las necesidades de las empresas capitalistas.

Pero la cosa no termina ahí. Como en muchos otros aspectos, el gobierno de Macri y el FMI durante estos años decidieron “construir sobre lo construido”, y lo han hecho con la complicidad de los Rectores de las Universidades. Por un lado, los recortes al presupuesto y ataques a los salarios se profundizaron. Por el otro, bajo la cobertura de un Sistema de créditos (Sistema de Reconocimiento Académico) que “facilitarían el pasaje de una universidad a otra”, se pretende equiparar los trayectos académicos de todas las universidades, en la intención de igualar para abajo a las públicas con las privadas. Sumemos que la generación de Sistemas de este tipo fue la punta de lanza para la privatización del grado en otros países, como por ejemplo España con el llamado “3x2”. Por último, con la resolución nº1254 que recorta las actividades reservadas a los títulos universitarios, pretenden avanzar en la creación de carreras “chatarra” que sirvan a abaratar el “costo” de la mano de obra calificada argentina, de la mano de la Reforma (anti) Laboral del Fondo Monetario Internacional.

Por todo esto, debe llamar la atención de estudiantes y docentes al día de hoy que los rectores que organizan festejos por los 70 años del decreto de gratuidad son quienes más han trabajado para un retroceso respecto a esa conquista. Y lo hacen con la clara intención de encubrir en la reivindicación del pasado el derrotero privatizador del presente. Un claro y muy demostrativo ejemplo es el de Jaime Perczyck, el peronista que preside hace un tiempo el Consejo Interuniversitario Nacional (Consejo de Rectores) y que suena como posible Ministro de Educación de Alberto Fernández. Mientras en el último tiempo se encuentra haciendo propaganda al libro editado por la UNAHur, “reflexiones a 70 años de la gratuidad” como si defendiera ese principio, ha sido el redactor de la resolución 1254 de devaluación de los títulos, y es un férreo defensor de la CONEAU y del vaciamiento educativo.

El caso de la UBA también es demostrativo. El Rectorado de Barbieri ha salido a propagandizar un video reivindicando la gratuidad, mientras las autoridades realizan todo tipo de negociados con la educación pública, como los cursos del “Capacitarte” en Económicas (todos pagos y dictados junto al Centro de la Franja Morada), los cursos de Idiomas, y el intento de avanzar con reformas empezando por Ingeniería, donde quieren llevar la carrera a 4 años sin incumbencias y luego dos años más con posibilidad de arancelamiento. El escueto video también habla de la situación actual cuando reivindica la mínima modificación de la LES del 2015, que fija como “responsabilidad del Estado” la gratuidad tan solo del nivel de Grado, pero que preserva todo su carácter privatizador, los aranceles y negociados. En ese punto, no podemos menos que denunciar la impostura de reivindicar una modificación que se encuentra varios casilleros por atrás que aquel decreto de 1949.

Poner en pie un movimiento de lucha independiente para defender nuestras conquistas y terminar con la privatización educativa

La gratuidad de la Universidad y de la educación pública en nuestro país es, sin dudas, un patrimonio del pueblo argentino y fruto de su historia de lucha. La conciencia sobre este punto alcanza no solo a estudiantes y docentes, sino al movimiento obrero y popular en general, como se puso de manifiesto desde la Reforma Universitaria hasta la rebelión universitaria del año pasado, donde confluían las luchas obreras como la del Astillero Río Santiago o la de Luz y Fuerza de Córdoba con el movimiento educativo, pasando por el Cordobazo.

No han sido los gobiernos ni las autoridades, como se ha mostrado a lo largo de las últimas décadas, los garantes de la gratuidad, sino todo lo contrario. Fue con grandes peleas contra ellos mismos que se han defendido buena parte de las conquistas históricas de la universidad pública.

Frente a los nuevos planes de privatización que se preparan de la mano del FMI, la defensa de la gratuidad universitaria y el fin de toda la política privatista es una tarea concreta que requiere necesariamente poner en pie al movimiento estudiantil y docente en todo el país, como ha sucedido frente a cada ataque en los últimos 100 años. El camino, en estos últimos días, lo marcan los pueblos de Bolivia, en lucha contra el golpe, de Chile, de Ecuador y de Colombia, que están desarrollando intensas peleas contra el imperialismo y los planes fondomonetaristas.

En el mismo sentido, es necesaria más que nunca la formulación de un programa propio del movimiento educativo, que plantee: gratuidad de todos los niveles educativos; financiamiento único estatal y fin de los negociados con los pulpos capitalistas; Fuera el FMI de la Universidad, abajo la Reforma Anti-Educativa y Anti-Laboral; Supresión de la LES, la CONEAU y el Sistema de Reconocimiento Académico; Derogación de la Resolución 1254 de devaluación de los títulos; Abajo todo tipo de restricciones a los ingresos y a la permanencia, control estudiantil sobre los regímenes de ingreso y correlatividades; por el fin de la precarización laboral y el trabajo ad-honorem en las Universidades; Fuera las camarillas privatistas de la Universidad, democratización de los órganos de co-gobierno. Paridad docente-estudiantil y claustro único docente.

Ese programa, además, no puede hacer abstracción del problema de que la gratuidad no garantiza el acceso para el trabajador. En la medida en que estudiar implica no destinar esas horas a trabajar, el derecho pleno a la educación solo se alcanzará con la emancipación del trabajo asalariado.

Más que nunca, la pelea por un verdadero programa en defensa de la Universidad pública requiere de un movimiento estudiantil independiente de los gobiernos y las autoridades, que pretenden seguir atacando cualquier principio de gratuidad.

 

 

(1) A. Ferrero (2005). Historia Crítica del Movimiento Estudiantil de Córdoba. Tomo II (1943-1955). Córdoba: Alción Editora, pág. 45/46.

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