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25 de noviembre de 2019

Salta: Romero y Sáenz quieren bajar la cláusula gatillo

Inician una cruzada contra el salario de los estatales

La huelga de los docentes auto-convocados de mitad de año le impuso al gobierno el ajuste mensual de sueldos de acuerdo con el índice de inflación del INDEC. La conquista es importante aunque no compense la inflación en su totalidad, ya que los aumentos no son acumulativos sino que se calculan sobre el salario de febrero. De allí que la asamblea docente reclame un bono de fin de año para compensar la diferencia con la inflación total acumulada en el año.

Aún con esta limitación la cláusula gatillo es una protección para el poder adquisitivo de los sueldos.

El diario El Tribuno, propiedad de los Romero (papá Juan Carlos reelecto Senador y su hija Bettina  intendente de la capital), de influencia decisiva en el nuevo gobierno provincial de Gustavo Sáenz, dedica tres artículos centrales a cuestionar la continuidad de la cláusula gatillo en los salarios estatales.

Se afirma que el ajuste con este método es insostenible porque la recaudación de impuestos sube en menor proporción. Reivindican en los hechos lo ocurrido en 2018 cuando los salarios quedaron casi 20% por debajo de la inflación. En ese año el gobierno comenzó con un déficit de 4000 millones y lo terminó en equilibrio, la clave del ajuste fue la caída brutal del poder adquisitivo de los salarios.

Lo que el Tribuno no analiza es que la recaudación de impuestos cae entre otras cosas porque lo que pagan los grandes terratenientes por sus propiedades se calcula en base a un valor de la hectáreas muchísimo menor al real, o que las tierras fiscales concesionadas a privados en Salta Forestal (350000 Has en total con 60000 cultivadas con soja) no pagan ni siquiera el canon miserable que se les ha impuesto. Por otra parte a la hora de revisar el gasto del estado no corresponde atacar los salarios, que en la mayoría de los casos tienen carácter alimentario o están por debajo de la canasta de pobreza. Es el caso de un docente de primaria que apenas alcanza los 25.000 cuando esta canasta de los pobres llega a 36.000.

Sí, en cambio, deberían revisarse los contratos de obra pública, normalmente con sobreprecios, producto de licitaciones arregladas como se puso en evidencia en una investigación de la AFIP que tiene imputados a los funcionarios de hacienda de Sáenz por ser parte de una asociación ilícita de funcionarios y empresarios para robarle a los vecinos.  Sobre estos contratos el estado aplica el ajuste de precios por inflación y mucho más allá de ella, con la complicidad de los funcionarios de turno. Una investigación judicial en regla de esta asociación ilícita alcanzaría al propio Sáenz a Romero y a Urtubey.

Pero la caída más importante de los recursos provinciales viene con la firma del pacto fiscal que suscribieron todos los gobernadores del PJ que tiene por base reducir el gasto en las provincias para pagar intereses de la deuda externa que son el rubro de gasto que más crece. A Sáenz y compañía ni se les ocurre denunciar este pacto fiscal y plantear la recuperación de los fondos que le corresponden a Salta como parte de una política de cuestionar el pago de una deuda usuraria y fraudulenta. Los que ganaron la elección, agitando el poncho rojo de la “salteñidad” son unos vulgares agentes del capital financiero y están dispuestos a ajustar aún más a los trabajadores en una provincia donde su régimen ha llevado a la pobreza al 50% de la población.

Hay que seguir el ejemplo de la asamblea docente, reunir asambleas de estatales por lugar de trabajo y localidad para defender el salario de los estatales, superando la regimentación de las direcciones sindicales que en su totalidad se pasaron al oficialismo con toda velocidad.

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