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15 de diciembre de 2019

Las trampas del “contrato social educativo” de Trotta

Por paritarias docentes libres y paritarios electos por la base

La paritaria nacional docente, oficialmente “restaurada”, en palabras del ministro de Educación, Nicolás Trotta, abogado recibido en la Universidad de Belgrano (usina de la privatización de la educación pública en La Argentina), forma parte del objetivo de construir un nuevo “contrato social educativo”. Es la versión educativa del Pacto Social.

El pilar estratégico del nuevo “contrato” reside en que “ todos debemos hacer esfuerzos”, lo que busca consolidar el ajuste, deterioro y pérdidas sufridas por la educación pública y la docencia en los últimos cuatro años. Esto en función de un nuevo acuerdo con el FMI y los bonistas para pagar la deuda externa.

Otro eje del plan sería promover la jornada extendida en todos los niveles. Pero en la medida que no se habla de la construcción de nuevas escuelas, estaríamos ante una variante del proyecto de “la escuela fuera de la escuela”, del ex ministro Esteban Bullrich.

Por su parte, se plantea combatir el hambre desde las escuelas (la pobreza en niños y adolescentes llega al 50%), en función de lo cual se establece una conexión con el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, el plan de aumento de las partidas sociales anunciado por el gobierno apenas contempla la inflación pronosticada, por lo que la pobreza persistirá.

El plan de Trotta llama a abordar “cuestiones que consideramos centrales como la formación docente, o los objetivos pedagógicos de cada región en la Argentina” (La Nación, 11/12).

Al respecto, cabe señalar que la nueva vice ministra, Adriana Puiggrós, bajo su gestión como ministra de educación en la provincia de Buenos Aires afirmó que había que marchar a la “escuela ligada al trabajo”. La escuela secundaria debería educar para el “mundo del trabajo”, concentrada en facilitar “aprendizajes relevantes” requeridos por “las empresas y los actores de la economía popular”. Una devaluación de la educación en función de las necesidades del capital. Esta devaluación de la enseñanza está estrechamente vinculada con los anuncios del Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Daniel Arroyo, quien para reducir el desempleo impulsa microcréditos que permitan a los trabajadores desocupados comprar herramientas para micro-emprendimientos, pero fundamentalmente absorber los planes sociales en trabajos realizados en las cooperativas de los movimientos sociales integrados al gobierno.

Esta es la educación que ha promovido el ministro Trotta como rector de la Universidad Metropolitana del Trabajo, un mega emprendimiento privado en educación del burócrata sindical y empresario Víctor Santa María, secretario general del Suterh, Personal de Edificios de Renta y Horizontal, actual presidente del PJ porteño y dueño de un mega grupo empresario de medios, Oktubre, entre los que se encuentra Página 12 y numerosas radios. Efectivamente, la UMET es una proveedora de mano de obra barata y de servicios a capitalistas y gobiernos. Como pondera La Nación, “desde su fundación, la UMET firmó convenios de cooperación con decenas de organismos del Estado, fundaciones, empresas –como Buenos Aires Servicios de Salud, del grupo Olmos-, ONGs y municipios del conurbano” (24/11).

En este rumbo, Trotta participará en un “Congreso Pedagógico” convocado por el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, que ha diezmado a la clase trabajadora chaqueña con trabajo precario y salarios de pobreza.

Ctera integrada al gobierno

Ctera y Suteba han celebrado los nuevos anuncios. Su papel es esencial para hacer pasar el deterioro salarial y los cambios en las condiciones de trabajo que insinúa el “contrato social educativo” del nuevo ministro.

Recientemente, Roberto Baradel (Suteba) aseguró “que con esta medida (la paritaria nacional) se nota la intención de Alberto Fernández de volver a poner "como prioridad la educación pública", ya que “esta medida establece un piso salarial que intenta terminar con las desigualdades". Pero los docentes sabemos muy bien que esto es una mentira: al revés, consolida las diferencias estableciendo un salario inicial de pobreza que, en la mayoría de las provincias, se transforma en un techo, y que achata la pirámide salarial. Es el modelo de las paritarias segmentadas que reclaman los patrones de la Unión Industrial Argentina (UIA) también para ellos, que legalizan “aumentos” fuera de convenio para aquellos capitalistas que dicen no poder pagarlos.

Mucho antes de que se estableciera formalmente la restitución de esta paritaria, Baradel ya había asegurado que los docentes comenzaríamos las clases en marzo. En un sentido igualmente ruinoso para la defensa de los derechos docentes, Hugo Yasky declaró que en el contexto de la actual emergencia era coherente aceptar el congelamiento salarial si fuera necesario.

Los gobernadores se reservan derecho a veto. Una paritaria nacional que no es tal

El ministro Trotta anunció que convocará inmediatamente al Consejo Federal de Educación (CFE) para analizar la situación de cada una de las provincias. El CFE fue el ámbito en el cual el macrismo y el pejota-kirchnerismo acordaron por unanimidad toda la política educativa de Cambiemos, tal cual ponderó el ex ministro Alejandro Finocchiaro, que definió al CFE como el ejemplo de un funcionamiento democrático y republicano que debiera replicarse en todos los niveles y órdenes de gobierno. Fue en ese ámbito de fuerte dominio de parte de las provincias que los gobernadores –especialmente del PJ- le pidieron a Finocchiaro la eliminación de la paritaria nacional docente, porque los comprometía a pagar salarios mínimos que no estaban dispuestos a respetar. Hoy eso ya lo adelantó el gobierno de Mendoza que “rechazó la posibilidad de implementar la paritaria nacional, ya que prefiere que ello se resuelva en la órbita provincial” (Clarín, 14/12), y aparentemente sería también la postura de Córdoba.

La resistencia de los gobernadores también reside en que no quieren retroceder de los ataques enormes a las condiciones laborales docentes, como son los presentismos rabiosos como el ítem aula de Mendoza, los listados que colocan en los primeros puestos a los docentes que tengan asistencia perfecta para tomar cargos como en Santa Cruz, la reforma antijubilatoria en Tierra del Fuego o la tablita de enfermedades de Santa Fe, que obliga a los docentes, igual que los presentismos señalados, a concurrir a trabajar enfermos.

Por lo tanto, la paritaria nacional no es tal. No tiene atributos para establecer un salario básico nacional único, no condiciones laborales y jubilatorias únicas, sino un piso salarial que para una amplia cantidad de provincias es un techo y en otras ni siquiera se cumple como piso.

La paritaria que se anuncia, que ha generado una lógica expectativa en la docencia, es un mecanismo de regimentación y contención para convalidar los ataques pasados y convalidar el ajuste que se prepara. Es por esta razón que en la principal jurisdicción del país, Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof ni mencionó la convocatoria a paritaria en su provincia.

¡Que decidan los docentes! ¡Paritarias libres!

Tribuna Docente rechaza este “Pacto Social Educativo”.

Llamamos a los sindicatos multicolores y antiburocráticos y a la docencia en general a luchar por plenarios de delegados mandatados por la base que resuelvan las necesidades de la docencia y de la educación y un plan de lucha para conquistarlo. Para obtener una verdadera paritaria que resuelva lo que tiene que resolver: Una educación estatal, nacional y única; la derogación de todas las reformas antieducativas de Vidal-Finochiaro y el resto de los gobernadores acordadas en el Consejo Federal de Educación y de la privatista Ley de Educación Nacional; defensa de los estatutos laborales docentes; salario básico nacional en blanco que cubra la canasta familiar en un turno, recuperación del 20 por ciento del salario perdido por inflación y un 30 por ciento de aumento, con cláusula gatillo; derogación del ítem aula y de todos los presentismos existentes; defensa de las jubilaciones docentes; defensa de las obras sociales vaciadas; por una educación integral, que le permita a la clase obrera acceder a todos los aspectos de la ciencia, de la técnica y de la cultura, dominar con el conocimiento el trabajo manual, pero también el intelectual, el ámbito laboral, y colocarlo al servicio de los intereses generales de la población.

Esta lucha por la defensa de los derechos de los docentes y de la educación pública exige de la autonomía política de nuestras organizaciones obreras. Ctera y Suteba deben romper su atadura al gobierno y al Estado, lo que plantea la recuperación de nuestros sindicatos.

El Congreso Nacional de Tribuna Docente, que se realizará los días 15 y 16 de febrero del próximo año, estará al servicio de estas tareas.

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