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16 de diciembre de 2019

La estafa del macrismo preocupado por las mujeres

La problemática que se lleva la vida de una mujer por día, que obliga a miles a vivir en la más extrema pobreza y a las más jóvenes a ser el sector que más masivamente cae en la desocupación de acuerdo a los datos estadísticos, fue manipulada sin atacar sus causas de raíz que en definitiva están atadas a una orientación social de hambre y precarización laboral.

El gobierno de Cambiemos accedió al poder condicionado por las grandes movilizaciones populares en torno a la problemática de los femicidios que luego tuvieron su continuidad en las jornadas de los 8 de marzo y en las grandes movilizaciones por el aborto legal. Fue en este contexto que Macri eligió a una feminista con reconocimiento social para ocuparse del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez. Antes el organismo había estado siempre en manos de elementos clericales como la propia Pimpi Colombo bajo el gobierno de Néstor Kirchner o de personas sin ninguna trayectoria. Luego elevaría el estatus institucional del abordaje de la temática para otorgarle el nivel de Secretaría en el Ministerio de Desarrollo Social, nombrándolo como Instituto Nacional de las Mujeres.

“El INAM tiene a su cargo la implementación del Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres. La iniciativa resultó un avance (estaba prevista su elaboración en la Ley 26.485, sancionada en 2009, pero el kirchnerismo nunca llegó a elaborarlo)” dice la periodista feminista y kirchnerista Mariana Carabajal en Página 12 (19/11) en el marco de una nota crítica sobre la gestión macrista sobre tema género. Vale aclarar que la negativa de CFK a reglamentar la Ley contra la Violencia de Género es abordada en la nota como la ausencia de concreción de dicha reglamentación por falta de tiempo, cuando está hablando de ¡6 años de negativa! Se quiere usar la pluma para relativizar las responsabilidades por las acciones reales.

Bajo la gestión macrista se habilitó el debate parlamentario sobre el aborto; se aprobaron leyes de pretendida formación institucional al respecto del tema (Ley Micaela); la ley que obliga al Estado a ofrecer patrocinio gratuito en caso de femicidio, que comenzó a implementarse tres años después; o proyectos de incremento del punitivismo, mecanismos que refuerzan la capacidad represiva del estado y no modifican la realidad de un femicidio diario. Se elaboró el presupuesto nacional con “etiquetas de género” gracias a las cuales se pudo observar la disminución de las partidas correspondientes a la cuestión. También bajo el gobierno de Macri el ANMAT terminó con la prohibición de venta y comercialización de dosis abortivas de misoprostol, una resolución del 2018 que se conquistó al calor de la gran ola verde. Esta política, que hoy está siendo cuestionada vía judicial, la ejecutó el mismo gobierno que eligió el campo de los antiderechos para abonar su política de polarización con el “populismo”. Mucho movimiento sin resultados de fondo, sencillamente porque la pobreza que alcanza el 40% hunde sus raíces en una sociedad desigual material y simbólicamente y no puede ser contrarrestada con fuegos de artificio ni con declamaciones.

La feminista Fabiana Túñez, la católica Carolina Stanley y Mauricio Macri montaron, en junio de 2016, el anuncio de un Plan de Erradicación de la violencia de género que tenía un alcance bianual de 750 millones de pesos y se proponía la construcción de 36 casas refugio. Llegaron a ser 9, 8 de los cuales habían comenzado a construirse en años anteriores. Los dispositivos de recepción de denuncias vía telefónica nacional y provinciales fueron sostenidos sobre la base del ejercicio de una de las formas de la violencia hacia las mujeres de las que los gobiernos prefieren no hablar: la precarización laboral más extrema. Cargos interinos o contratos con salarios bajos, y sin los dispositivos interdisciplinarios necesarios para abordar semejante temática y sus impactos no solo en la denunciante sino en quienes deben recibir esas denuncias.

Casi el 30% de las jóvenes de sectores urbanos están desocupadas, la brecha salarial entre hombres y mujeres no baja de 27% y alcanza entre los sectores más empobrecidos al 43%, realidad que cristaliza relaciones de poder económico que conspiran contra los intentos de independencia de relaciones tóxicas o violentas. La reducción de los jardines “maternales” en lugares de trabajo como obra de años de una burocracia sindical que denigró las demandas de las mujeres, y su inexistencia en barrios, la inaccesibilidad a geriátricos o lugares adecuados para transitar la adultez, recayendo estos cuidados también sobre más mujeres, son realidades que han empeorado la realidad de las mujeres, principales cuidadoras.

Desde el Estado nacional, con la firma del ahora albertista UPCN se instalaron políticas de discriminación salarial contra las mujeres embarazadas por hacer uso de sus licencias correspondientes a su estado que implicaron una reducción salarial. La paritaria nacional de gremio con mayor presencia femenina, el de las empleadas domésticas, que tuvo sentados de un lado del mostrador al macrismo y del otro al peronismo, apenas si superará por centavos al salario mínimo en el mes de enero. Enorme aporte a la discriminación salarial y a la vulnerabilidad social que significa para una mujer no poder tener “soberanía económica”.

Hoy, que se discute el peso de las tareas domésticas sobre la vida de las mujeres, la mayoría de las “soluciones” se encuentran relacionadas no con la socialización de las tareas de limpieza y de cuidado de menores y de adultos, sino con el otorgamiento de una retribución miserable (en general extraída de aportes de los trabajadores al sistema jubilatorio) por la realización de tareas embrutecedoras, que aíslan y limitan la vida de las mujeres. Este es un gran debate que se abre.

Mientras lanzaba su plan de erradicación de la violencia, el macrismo con el apoyo del massismo y gran parte del peronismo votaban la llamada Ley Ómnibus que eliminaba la llamada “jubilación del ama de casa” y daba un primer paso en la extensión de la edad jubilatoria para las mujeres reemplazando aquella iniciativa por el otorgamiento de un subsidio para mujeres, pero ya no más opcional desde los 60, sino desde los 65. Muchos de los que levantaron la mano entonces son pilares del gobierno albertista.

Luego, muchas y muchos que portaron pañuelo verde en 2018 y pretendieron ser parte de un feminismo impoluto, levantaron sin pudor su mano para afectar la vida de 17 millones de beneficiarios de AUH, pensiones y jubilaciones, entre quienes las mujeres representan una absoluta mayoría.

En su versión “neoliberal” y “populista”, las iglesias evangélicas y católica han sido beneficiadas por designaciones como funcionarios y con subsidios. En el caso de Alberto la relevancia de la iglesia toma cada vez más vuelo: Santiago Cafiero con aceitados lazos con el Vaticano, Alberto Fernández nombrando en su asunción especialmente a Francisco, su Ministro estrella Daniel Arroyo no se cansa de aclarar que sus planes contra el hambre son de la mano de curas y pastores. A su turno Macri colocó a varios militantes evangélicos en sus listas y se alía con el ala opositora a Bergoglio en la iglesia. Ni con unos ni con otros se ha podido avanzar en impartir educación sexual científica y laica tal como lo reclaman los pibes y las pibas desde hace años. Los instrumentos legales si no son acompañados de predisposición política y presupuesto son sencillamente una maniobra.

La mejora de las condiciones de las mujeres es incompatible con cualquier gobierno que quiera honrar la deuda con el Fondo y con todos los usureros y sin impulsar la separación de la iglesia del Estado. El gobierno de Alberto Fernández también asume condicionado por la fuerza del movimiento de mujeres y por tal motivo como Macri lo hiciera en su momento, también volvió a elevar el estatus institucional, esta vez a Ministerio y designó a una feminista a la cabeza.

Desde nuestro movimiento debemos defender el programa levantado durante años y mejorarlo y proceder a defender la independencia del movimiento como única forma que puedan cumplirse nuestras demandas tal como lo dicta la experiencia de lucha que hemos encarado durante todos estos años.

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