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19 de diciembre de 2019

Fernández echaría lastre para avanzar con la ley ómnibus

Tras planteos de sindicatos, se difundió que daría marcha atrás con el congelamiento de los regímenes especiales de jubilación y la intervención en los organismos descentralizados del Estado.

En las últimas horas el gobierno nacional habría bajado, según anuncios de los medios cuyo destino final está por verse, las pretensiones de algunos de los puntos de la ley ómnibus que se dispone aprobar en el Congreso de la Nación, debido a la manifiesta oposición de los trabajadores y trabajadoras afectados por las medidas, expresada en planteos de la docencia de AGD-UBA (la primera en plantear su oposición), CTERA, Ademys, Conadu Histórica y otras.

El tratamiento del paquete de medidas que el gobierno de Alberto Fernández impulsa como proyecto de ley se encontraba amenazado ante la falta del quórum necesario para que sesione la Cámara Baja y se pudiera avanzar en su aprobación. Ante estas circunstancias se difundió que modificarían algunos artículos del proyecto, al tiempo que negocian con gobernadores de la oposición, eximiéndolos del cumplimiento del Pacto Fiscal.

Uno de los puntos en cuestión es la polémica suspensión de la aplicación de la fórmula de aumentos de los haberes jubilatorios, en relación a la inflación, a cambio de dos bonos consecutivos y un eventual aumento por decreto que alcanzaría solo a las jubilaciones mínimas. El proyecto original incluye en el congelamiento a los regímenes especiales- docentes de todos los niveles educativos, investigadores universitarios, entre otros- donde los trabajadores aportan a una caja propia, por medio de la cual se garantizan jubilaciones atadas a los salarios de dicha actividad. Esta medida buscaba achatar las diferencias jubilatorias, nivelando hacia abajo, en la línea de unificar todos los regímenes previsionales en los marcos de un haber único de subsistencia. De confirmarse los informes periodísticos, el gobierno  daría marcha atrás sobre la afectación de las cajas de la docencia, debido al impacto negativo que esto provocó en las bases docentes y en las organizaciones sindicales afectadas.

El otro punto que quedaría afuera es el consagrado en el artículo 85 del proyecto que le otorgaba al gobierno nacional la facultad de intervenir los organismos descentralizados de la administración pública nacional -alrededor de unos 70-, habilitándole la posibilidad de modificarlos, fusionarlos o suprimirlos, y también de designar nuevas autoridades. Esto generó todo un revuelo debido a que se le estarían otorgando al ejecutivo nacional potestades que exceden de cualquier experiencia anterior de asignación de “superpoderes”, allanándole el camino para una disposición unilateral y arbitraria de modificaciones y reformas que afectarían a miles de trabajadores.

Estos cortocircuitos muestran el carácter improvisado y apurado del mega-proyecto enviado al Congreso. Han colocado todos los puntos en debate, y estarían dispuestos a sacrificar algunos en tanto puedan avanzar en concentrar recursos para garantizar el pago de la deuda. Por lo pronto, la justa exclusión de los regímenes especiales, de suceder, deja en pie el congelamiento de la movilidad para la inmensa mayoría de las jubilaciones.

En estas horas los diputados de los bloques patronales siguen negociando en secreto las condiciones para hacer pasar este paquetazo ajustador.

Reiteramos el rechazo del Partido Obrero a este proyecto al servicio del ajuste y el saqueo nacional.

 

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