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20 de diciembre de 2019

En medio de recortes, Alberto Fernández premia a las mineras y petroleras

La ley ómnibus plantea la rebaja de las retenciones a estos sectores del 12% al 8%.

Con la incorporación del artículo 49 en el proyecto de ley de Emergencia Económica, el gobierno promueve la baja de las retenciones para mineras y petroleras, en un claro guiño a las multinacionales que dominan la explotación de ambos rubros.

Similar al esquema de retenciones a la soja, la minería y el petróleo crudo tributaban a razón del esquema dispuesto por Mauricio Macri de hasta 4 pesos por cada dólar exportado, lo que originariamente colocaba una retención del 12% cuyo alcance se fue licuando hasta un 7%. El Gobierno nacional en vez de adecuar los valores -como hizo con la soja- bajó el porcentaje de retenciones al 8%, lo cual desentona con los planteos de sacrificios, esfuerzos y unidad nacional, que venimos escuchando estos últimos días.

El plan de Alberto Fernández, como lo demuestran sus últimas medidas, es hacerse de todas las cajas posibles y de las divisas necesarias para afrontar el pago de la deuda y sus intereses. En este punto, ha privilegiado congraciarse con las grandes multinacionales petroleras y mineras, garantizándoles mayores ingresos bajo la expectativa de que estimulen sus inversiones en el país.

En las tratativas de la inclusión de este artículo al proyecto estuvo el ministro de Producción Matias Kulfas, quien intervino para garantizar que la política de recaudación fiscal no interfiera con el ingreso de las divisas necesarias para afrontar las “obligaciones” del Estado.

Replicar la explotación minera

El mismo Fernández se ha colocado a la cabeza de asegurar una agenda de reuniones y medidas a adoptar junto a los gobernadores de las principales provincias afectadas. Es el caso de lo sucedido recientemente con el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez -Cambia Mendoza-, cuyo carácter de opositor no ha mellado en nada las tratativas para abrir a la provincia a un fuerte desembarco de la explotación minera, para lo cual acaban de votar en la Legislatura mendocina -ambos bloques en común- modificaciones a la ley 7.722 para habilitar el uso de sustancias como el cianuro y evitar el paso de proyectos mineros por la Legislatura. 

El objetivo es replicar la experiencia de la explotación minera de la Barrick Gold en la provincia de San Juan donde el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, hizo escuela cuando era titular de la cartera de minería en la provincia. El gobierno apunta a extender este modelo a Mendoza, que cuenta con la mina de potasio Río Colorado, cuya explotación se encontraba en manos de la brasileña Vale y para la cual ahora intentan interesar a la empresa china Shanghai Potash. También cuenta con el proyecto minero de Hierro Indio, ubicada en la cordillera de los Andes. Otra provincia que se encuentra en la mira para los mismos propósitos es Chubut, al mando del gobernador pejotista Mariano Arcioni, donde se apunta a la producción de 16.5 millones de onzas anuales de plata-cobre y plata-plomo (Ambito.com 18/12).

Para estas tratativas es que se realizó, el pasado lunes, una reunión entre Alberto Fernández y los mandatarios radicales, donde además de Suárez participó el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés (ídem).

El gobierno se apresta a eliminar todos los obstáculos para poner la producción minera en su puesta a punto, al costo que sea, aunque esto sea a pesar de concesiones en el orden fiscal. Fernández necesita mandar un mensaje claro a los inversionistas extranjeros: traigan sus capitales al país, que existen condiciones. 

Una garantía a las petroleras

Por el lado de las petroleras, la baja en las retenciones busca garantizar la rentabilidad de la explotación del crudo buscando atraer inversiones extranjeras y la reactivación de la producción para generar divisas. 

En este punto, la madre de las aspiraciones es hacer producir el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta. Este yacimiento se encuentra loteado entre distintas compañías extranjeras y multinacionales, que han paralizado sus inversiones y la reducción hasta obtener certezas del nuevo gobierno. Entre sus principales metas se encuentran una rebaja de la carga fiscal sobre la explotación petrolera, que vendría a estar satisfecha por las medidas aplicadas por el gobierno, mientras insisten en un aumento de los combustibles de al menos el 10% que apuntale la rentabilidad del mercado y la explotación.

En esta dirección el gobierno que se jacta de congelar tarifas por los próximos meses se ha comprometido a no asumir la misma actitud respecto al precio de la nafta y los combustibles. Esto aunque la propia disminución de las retenciones debería servir como pretexto para rebajar el “piso” de los precios de las naftas, debido a que se abarata el barril de crudo destinado a la elaboración de combustibles.

Con la excusa de la reactivación económica y con la presión de miles de suspensiones y amenazas de despidos, el gobierno le cubre la cara a su política de saqueo de los recursos petroleros. Entre otros beneficios que discuten para las patronales se encuentra el reconocimiento de convenios por empresa que perforen los límites del convenio colectivo de trabajo, adaptando las condiciones de empleo a las necesidades del mercado. 

Saqueo a los jubilados y beneficios a los capitalistas

Con estas medidas el gobierno de Fernández estaría consumando un hecho repudiable: mientras liquida los haberes jubilatorios, desconociendo la indexación con la inflación, rebaja la carga fiscal de uno de los sectores capitalistas más concentrados. El relato “robinhoodeano” de que venía a sacarle a los ricos para distribuir entre los pobres parece desmoronarse como un castillo de naipes. Detrás de toda la charlatanería de este nuevo gobierno se encuentra la entrega de todo el patrimonio del país y de los trabajadores al servicio de cumplir las expectativas del FMI y los acreedores de la deuda. 

Por más que se quiera tapar el sol con las manos, Fernández no puede ocultar el carácter reaccionario de la agenda y los intereses que pretende imponer en la próxima etapa. Los trabajadores debemos sacar conclusiones de este proceso, para dar una respuesta de conjunto lo antes posible, en miras a organizar una salida independiente y de clase.


 

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