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22 de diciembre de 2019

Mendoza: la "marcha más grande de la historia" contra la habilitación de la minería contaminante

Vamos por el veto a la reforma de la ley 7.722 que sancionaron Cambiemos y el PJ. La CGT y  la CTA deben convocar un paro provincial.

En respuesta a la sanción de la reforma que liquida la ley 7.722 -que prohibe el uso de sustancias contaminantes a los pulpos mineros como el cianuro y el ácido sulfúrico-, el pueblo mendocino está protagonizando una verdadera rebelión. El domingo a la madrugada comenzó en el departamento de San Carlos la "marcha más grande de la historia", una caravana que viene creciendo a medida que avanza hacia la capital, donde confluirá por la mañana del lunes en el nudo vial (principal acceso a la ciudad de Mendoza) con otras concentraciones de distintos puntos de la provincia.  

La modificación de la Ley 7.722 fue aprobada el viernes el viernes por los bloques del peronismo, el radicalismo del gobernador Rodolfo Suárez, junto a otras fuerzas minoritarias. Esta avanzada reclamada por las mineras contó con el apoyo explícito de Alberto Fernández, promotor del "modelo Barrick Gold" de San Juan, que además viene de rebajar las regalías mineras en las misma ley ómnibus que congela la movilidad jubilatoria.

Ese día, el gobierno de Suárez desplegó un enorme operativo represivo, con un vallado que en los alrededores de toda la Legislatura. Las asamblea populares por el agua y ambientales, junto a distintas organizaciones políticas y sociales, se movilizaron por cientos desde las 7 de la mañana, con una marcada presencia de jóvenes. Tras la media sanción en el Senado, la concentración se dirigió a cortar el nudo vial, mientras se organizaban piquetes en distintos puntos como el paso a Chile, en el norte, Lavalle, y en el sur, General Alvear y San Carlos, hasta entrada la noche. Tras la aprobación, proliferaron las concentraciones en plazas de los municipios del interior, y hasta se realizaron repudios en casas de dirigentes radicales y peronistas.

Así, quedó en evidencia la impotencia de la movilización que intentó armar el gobernador Suárez con la burocracia sindical de Camioneros, UOCRA, AOMA, UOM, entre otros, e incluso barras bravas. La presión popular es tan grande que algunos dirigentes peronistas han sacado un comunicado vergonzante para reposicionarse, buscando desmarcarse de una medida claramente antipopular.

Toda la situación plantea redoblar la lucha por el veto a esta reforma. Para esto es necesario conseguir la adhesión de los más amplios de sectores de trabajadores. En ese camino, desde el Partido Obrero reclamamos un paro general activo a la CGT y CTA, en defensa de la 7.722. Derrotemos con la movilización popular la agenda que quieren imponer los pulpos multinacionales y sus lacayos locales.

 

 

 

 

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