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26 de diciembre de 2019

El impuestazo de Kicillof es contra las familias trabajadoras

El proyecto de ley impositiva que Axel Kicillof presentó en la Legislatura bonaerense es un impuestazo contra los trabajadores, que deja en pie toda la estructura de beneficios a las patronales implementadas durante el gobierno de Vidal.

Los voceros oficialistas argumentan que el proyecto “no incrementa la presión impositiva real”, ya que la recaudación subiría cerca de un 55%, en línea con la inflación anual. Además, aseguran que se avanza hacia una estructura impositiva “más progresiva”, porque se cobraría más a los que más tienen, gracias a la segmentación de los contribuyentes.

En realidad, esa presentación está calcada de la que enviara Vidal con su última ley tributaria, donde también se jactaba de la progresividad de su política recaudatoria, afirmando que reducía los “impuestos distorsivos”, es decir aquellos que gravan la actividad económica. Detrás de aquella supuesta progresividad, las patronales gozaron de todo tipo de exenciones mientras la población trabajadora debió pagar cada vez más por los impuestos Automotor e Inmobiliario Urbano, los cuales explican junto al IVA y otros tributos de origen nacional que un trabajador medio gaste la mitad de sus ingresos en el pago de impuestos.

Ese esquema se mantiene intacto con Kicillof. Para empezar, el proyecto actual no repone ninguno de los gravámenes que fueron eliminados en beneficio de los grandes capitalistas, como la suprimida tasa que se cobraba a los pooles de siembra por alquiler de tierras. En efecto, las patronales agropecuarias –que denuncian ser las perjudicadas del impuestazo- son las grandes beneficiarias, ya que representando un sector que comercializa alrededor del 40% de las exportaciones bonaerenses, en 2018 solo aportaron un 7% de la recaudación provincial. Los terratenientes tuvieron durante años y años un trato preferencial: tributaban el 2,7% de la recaudación, por tierras cuya rentabilidad se haya entre las más altas del mundo.

Ahora, según el esquema de gravámenes segmentados, los propietarios de tierras de menor valor pagarán un 15% más que el año pasado por el Inmobiliario Rural, aumento que llegaría al 75% en las propiedades de mayor tasación. Parece progresivo, pero la trampa reside en que nunca fue realizado el revalúo fiscal rural -congelado por Scioli en 2015 y luego por Vidal en 2017- motivo por el cual la valuación fiscal de los terrenos no tiene relación alguna con los precios de mercado. La última vez que se tasaron las propiedades rurales el dólar valía menos de $3. Así, grandes terratenientes quedan clasificados en las escalas inferiores, mientras otros disimulan sus tenencias detrás de distintos armados societarios que pagan como pequeños propietarios.

Por eso, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la cuota más alta solo “afecta a un puñado de propietarios, para la gran mayoría la suba es menor a la inflación. No sé dónde está el impuestazo, no lo encontré”. Por su parte, las tan patrocinadas eximiciones otorgadas a pequeñísimos propietarios tampoco difieren en escala de ciertas disposiciones del gobierno de Vidal.

El resultado inverso tendrá esta ley impositiva en el caso del Inmobiliario Urbano, donde sí se implementó el revalúo fiscal realizado en 2017, que derivó en subas de hasta un 1.000% las tasaciones de los hogares. Por​ eso, casi no quedan propiedades comprendidas en los segmentos inferiores trazados por el gobierno de Kicillof (que pagarán entre 15% y 35% de aumento), porque la enorme mayoría de las casas de familia de la provincia están valuadas en más de medio millón de pesos, y sufrirán un impuestazo de entre 50% y 75%. Las familias trabajadoras son las que acusarán el impacto, no las grandes patronales.

Como resultado de la suspensión del Pacto Fiscal entre la Nación y las provincias, el gobierno bonaerense resolvió mantener los montos de impuestos como Ingresos Brutos, que según el mencionado acuerdo debían bajar progresivamente. Estos ítems se trasladan en forma directa a los precios, con lo que siempre los platos rotos los pagan los consumidores. El Impuesto de Sellos también se sostiene.

Como vemos, con esta ley impositiva no se altera el esquema de recaudación de la provincia, sino que a pesar de la situación de quebranto de las cuentas provinciales el gobierno se esforzó por sostener los beneficios que gozan las patronales. El hecho de que, al fin y al cabo, no aumente lo que recauda el Estado provincial, debe alertar a los trabajadores acerca de quiénes son los que pagarán el salvataje de la impagable deuda externa bonaerense según el plan oficial. No por nada la tan ambiciosa Ley de Emergencia que la Legislatura sancionó a pedido de Kicillof no hace una sola mención a los salarios, ni establece financiamiento alguno para atender la crisis de la salud y la ecuación pública. Las prioridades están en otro lado.

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