fbnoscript
27 de diciembre de 2019

Eugenio Semino: “lo que se está buscando es mostrar a los acreedores externos capacidad de pago”

Prensa Obrera entrevistó al Defensor de la Tercera Edad acerca de las implicancias de la reciente ley que, entre otras cosas, afecta a los jubilados.

La recientemente sancionada ley “ómnibus” volvió a colocar en la agenda política la situación de los jubilados, y del sistema previsional argentino, al suspender por 180 la aplicación de la movilidad jubilatoria que actualiza los haberes de los trabajadores y las trabajadoras retirados.

Eugenio Semino expresa una posición crítica respecto a las manipulaciones del régimen jubilatorio, desde su lugar como Defensor de la Tercera Edad.

“Lo que se está buscando es mostrar a los acreedores externos capacidad de pago, para lo cual, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad esté disponible es un elemento central para esto. Esto le genera un perjuicio grave a quienes están en el sistema”.

Cuando se lo consulta acerca de cómo se llega a esta situación, con jubilaciones que en su mayoría reflejan un poder adquisitivo por debajo de los índices de pobreza, no duda en señalar un hilo conductor a través de los años.

“La previsión fue siempre una variable de ajuste de todos los gobiernos para compensar las cuentas del Estado. Por eso se fue liquidando el Fondo de Sustentabilidad: llegó a tener 63 millones de dólares y hoy tiene 23 millones, y casi el 70% de lo que tiene son papeles. Y esto lo fueron haciendo las sucesivas administraciones”.

La ley impulsada por el gobierno de Alberto Fernández y sancionada en ambas cámaras también establece una mayor disponibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para la aplicación de sus recursos al pago de la deuda externa. Semino resume la naturaleza del FGS.

“El Fondo se genera en el 2007 con un decreto y en el 2008, cuando se reestatizan las AFJP, se incorporan estos recursos. Se toma como fondo anti cíclico […] El fondo establece en su reglamentación que debe acudir en auxilio del sistema cuando hay pérdida de cuantía de los beneficios que se pagan”.

“Cuando se crea el fondo, el artículo 6 establecía que el capital del fondo debía ser equivalente a la erogación anual que tuviera el sistema: ponía un tope. Cuando se incorpora a la ley, en el 2008, desaparece el tope […] Como el fondo podía hacer inversiones hasta un 20% de su excedente en operaciones económicas, cando desaparece el tope no hay criterio de excedente, entonces se empezaron a utilizar recursos del fondo para distintos propósitos que no tenían que ver con su destino original […]Por ejemplo el plan Procrear tenía algo perverso porque los únicos que no podían ingresar al plan eran los mayores de 65 años, quienes en realidad estaban en el sistema”.

“Nosotros planteábamos ir poniendo al flujo del fondo, sin descapitalizarlo, al servicio de recuperar la perdida de cuantía de los beneficios. El destino actual del fondo es financiar al Estado”.

Semino señala que la práctica de afectar los fondos del FGS para otros propósitos no es exclusiva de este gobierno, sino que se trata de una metodología implementada hace tiempo, pero sin respaldo legal.

“Esta ley habilita que lo que antes se sacaba de noche, ahora se haga a la luz del día: se habilita a pagar deuda con el fondo. Antes se hacía y nadie lo discutía”.

“El 67% del fondo son papeles de deuda con el Estado: muchos son bonos muy depreciados, con vencimientos en el futuro, y si vos los realizas hoy están tomados a un valor nominal. En general nunca se le devolvió nada a la seguridad social”.

Tomadas estas medidas, desde la Defensoría de la Tercera Edad son tajantes a la hora de señalar el resultado de estas políticas contra los trabajadores y jubilados.

“Discutiendo el tema de los jubilados privilegiados quieren esconder el gran problema de los 8 millones que se encuentran dentro del sistema ordinario y que incluye dentro las no contributivas que están ganando 9.800 mangos”.

“La discusión de fondo es lo que le quieren demostrar a los acreedores externos de la deuda: el problema es que hay siete millones, casi ocho, de acreedores internos que fueron laburantes y pusieron la guita para bancar el sistema y el sistema no les devuelve ni una pequeña porción para poder vivir dignamente”. 

“Los bonos terminan siendo una dadiva ante un no reconocimiento del derecho. Un trabajador no dejo de serlo por jubilarse. Culturalmente se logró establecer que hay un sujeto distinto al momento de jubilarse, pasa a ser otro ente que no es un trabajador.

Presentado este cuadro general, Semino responde cual es la base del desfinanciamiento del sistema previsional, razón por la cual los jubilados no puedan acceder a percibir un haber equivalente a sus costos de vida.

“Lo que no quieren discutir es el financiamiento. Las contribuciones patronales vienen disminuyendo desde la quita que hizo Cavallo en el 94´, al día de hoy nunca recuperaron el valor histórico; tenés un 37% de trabajo no registrado que aporta cero; de los trabajos en blanco, los estatales incluidos, tenés una enorme cantidad de créditos en negro. La otra fuente son los impuestos, de entre los que se encuentra el IVA que es el más regresivo de todos, el que más afecta a los pobres: el pobre jubilado se paga con el consumo parte de su haber. La renta financiera aporta cero, la renta minera menos, hidrocarburos pone un poquito”.

“El 82% móvil no existe, hoy la tasa de sustitución es del 46%: te jubilás ganando 100 mangos y al día siguiente ganas 46. A más edad hay más dependencia, lo racional es que se pague más del 82%, en otros países hay sectores que cobran el 120%”.

Algunos sectores vienen instalando la idea de que el sistema previsional argentino se encuentra en crisis y que el mismo resultaría inviable, por lo que reducen el instituto de la previsión social al carácter de una asistencia social del Estado. Consultado sobre el tema, Semino nos manifiesta como se ha profundizado en esta dirección en los últimos años.

“En el 2017 hubo otra medida- además de la modificación a la fórmula para el cálculo del aumento de las jubilaciones- que fue el supuesto 82% móvil para los portantes denominados puros, es decir, con 30 años de aportes al sistema. 82% trucho, sobre el salario mínimo vital y móvil, que es una aberración, ya que no tiene nada que ver con lo que ganaba la persona en actividad. Pero ahí se diferencia aportantes puros de impuros. A los puros se les reconoce el verso este y a los otros se le aplica únicamente la ley de movilidad- la fórmula que estableció Macri fijaba un 70% de aumento por inflación y 30% de variación del índice de salarios-. El resultado es que unos y otros terminaron cobrando lo mismo, salvo algunos contados meses. Con esto se cambió la naturaleza jurídica del derecho previsional, distinguiendo entre puros e impuros. Al cambiar la condición de los puros a los impuros, al impuro se lo termina asimilando a un no contributivo, ya que su derecho ya no está enraizado en su vida contributiva, está condicionado a lo que el Estado decida. Yo creo que ahora se profundiza este último criterio”.

Además de las críticas a esta nueva ley que avanza en la confiscación de los haberes jubilatorios, la Defensoría de la Tercera Edad impulsa la presentación de un planteo de inconstitucionalidad respecto a la afectación de los derechos de los jubilados.

“El gobierno, entre otras cosas, declara la Emergencia Previsional, que les permite restringir derechos durante un tiempo limitado. Nosotros vamos a hacer un planteo a la justicia, de inconstitucional, ya que la restricción de derechos puede hacerse respecto de una ley pero no de preceptos constitucionales. La intangibilidad del haber jubilatorio está reconocido por los Tratados Internacionales suscriptos por el Estado: no pueden restringir derechos cuando existe el compromiso de ampliarlos”.

“La fórmula ya generó los efectos al semestre del año que viene, porque el índice de marzo ya lo conocemos y el índice de junio también: es el 11,54 y alrededor del 15 en Junio, un total del 27% el acumulado. Nunca pueden pagar menos de este índice, a todos por igual. Porque este es el otro punto, ellos pretenden volver a la situación cuestionada por Badaro- en referencia al fallo que obligo a restablecer la movilidad jubilatoria contra el achatamiento de las jubilaciones-: segmentan, empezando a aumentarle solo a los de abajo, achicando los porcentajes de los de arriba”.

Concluyendo, Semino propone: “Yo soy partidario de una reforma estructural del sistema para ampliar derechos. Debe remplazarse el impuesto al consumo por una afectación a la renta para financiar el sistema. Los aportes por sí solo no alcanzan, debido a la cuestión de la sobrevida”.

“Nosotros venimos planteando que la jubilación mínima no puede ser menor a la canasta básica del jubilado: el último cálculo nos da unos $37.800. Es una canasta para la vida de un adulto mayor, tomando como referencia la población de las grandes urbes. En general cuando agarrás los últimos 10 años, en relación con los haberes, las mínimas nunca llegaron a cubrir ni un 50% de la canasta”.

 

En esta nota:

Compartir

Comentarios