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30 de diciembre de 2019

Convocatoria al XII Congreso Nacional de Tribuna Docente - 15 y 16 de febrero de 2020

Por la autonomía política de Ctera del gobierno y del Estado.
Por Tribuna Docente
Lista Rosa Nacional (en la Multicolor)

1- Los responsables de “la pesada herencia” 

El recién asumido gobierno de Alberto Fernández apela a la herencia de Macri –“tierra arrasada” dicen- para justificar el ajuste con el que ha debutado.

Fue el resultado nefasto de ese régimen anti-obrero, en defensa de los intereses de los grandes capitalistas y del FMI, lo que llevó a la mayoría de los trabajadores, entre ellos a los docentes, a confiarle al peronismo nuevamente el poder.

Pero lo que Alberto Fernández oculta es que sin la colaboración permanente del PJ en el Congreso, de los gobernadores peronistas con el Pacto Fiscal y de las direcciones sindicales de la CGT y de las CTAs con la tregua que le garantizaron al ex presidente, todos ellos integrantes hoy de su gobierno, nada de eso hubiera sido posible. 

Si en algún lugar esto fue unánime ese ámbito fue la Educación. Efectivamente, todas las medidas y estrategias educativas fueron votadas por u-na-ni-mi-dad por todos los ministros de educación de todas las provincias, en el Consejo Federal de Educación (CFE). 

Durante los casi cuatro años de gestión macrista se profundizó la destrucción educativa, ya agudamente desenvuelta por el kirchnerismo en sus 12 años de gobierno. Así lo confesó sin ser desmentido Esteban Bullrich, el primer ministro de educación nacional de Macri: “Nosotros construimos sobre lo ya construido”. Se refería a la Ley de Educación Nacional K y a la acción unánime de todos los ministros de educación de todas las provincias. Y no mintió un ápice.

Siempre avalado por todas las provincias en el CFE: 

•    El presupuesto nacional  fue incumplido desde el 2005 al 2017 (4 % del PBI contra el 6% establecido por la Ley de Financiamiento votada en el kirchnerismo). Sobre esto, Macri produjo una caída de más del 20 % entre el 2018 y el 2019. A ello debe sumarse el 8% de reducción promedio de los presupuestos provinciales, directa responsabilidad de los gobernadores (CIPPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
•    Ahogo de fondos para infraestructura -85% menos- en todo el país (ídem).
•    Caída de entre el 8 y el 20 por ciento en términos reales del salario docente -de una punta a la otra del país, la docencia con máxima antigüedad cobra salarios por debajo de la pobreza- (ídem).
•    Aumento de la precariedad laboral y educativa.  Escuelas devaluadas y vinculadas a las necesidades de las empresas ( Secundaria 2030, las que hoy siguen vigentes)
•    Cierre de escuelas y de profesorados

2-  ¿Adónde va el gobierno de los Fernández? 

Tanto Alberto cuanto su ministro de Economía declararon que el propósito principal de su gobierno es el ordenamiento fiscal y la obtención de divisas para el pago de la deuda al FMI y a los bonistas y especuladores financieros internacionales. En línea con este objetivo, el presupuesto nacional se discutirá en el congreso luego del acuerdo con el FMI, porque deberá adaptarse taxativamente a las imposiciones del capital financiero internacional, lo que ya está ocurriendo. Por eso, el punto central de las medidas votadas en el congreso reside en la suspensión de la movilidad jubilatoria y la regimentación de las paritarias, autorizando al presidente a dar aumentos por decreto. En lugar de recomponer lo perdido y definir cláusulas de actualización por inflación para no seguir perdiendo, la autorización para aumentos por decreto presume incrementos por debajo de inflación pasada. Es el cuento de que ahora vamos con la inflación futura. Es lo que firmaron todas las alas de la burocracia sindical sin excepción en la Casa Rosada con la iniciación del “Pacto Social”: Un acuerdo para garantir un “pago de la deuda pública de manera sustentable, lo que será un esfuerzo colectivo” y respaldar “un esquema sustentable y equitativo de actualización jubilatoria”.

Esta una nueva confiscación se la  quiere ocultar con un bono de $ 5.000 en diciembre y enero para quienes cobran la mínima y un aumento menor con un techo de $ 19.000 para otra parte de los jubilados. Lo propio ocurre con los salarios, que serán incrementados mediante sumas fijas por decreto, de montos entre $5.000 y $8.000, a pagarse en tres cuotas con los salarios de enero, febrero y marzo. 

La canasta familiar ha sido calculada para el mes de noviembre pasado en $60.000. Un docente de la provincia de Buenos Aires,  con máxima antigüedad, cobra de bolsillo $32.367;  sin antigüedad,  $ 23.923. La herencia salarial que la burocracia sindical avaló, los ubica entre 5.229  y más de 12.000 pesos menos que la canasta de pobreza con valor noviembre ($37.596), respectivamente,  sin contar el alquiler. Incluso con un bono de $ 8.000 pesos, sin incluir la inflación pendiente y en cuotas, ambos serán pobres. Pero el que menos cobra recibirá por lo menos $5.673 por debajo de la canasta de pobreza de noviembre.

Todas las burocracias sindicales de la CGT y de las CTAs se reunieron con el gobierno y acordaron este saqueo. Si se  comparan salarios con la suba del dólar, la caída del sueldo asciende al 52,9%. (Observatorio Jurídico de la CTA Autónoma).

Mientras,  petroleras, mineras, bancos, capitalistas son beneficiados en la ley de “solidaridad” con dólares especiales, subsidios, condiciones laborales a la baja (Vaca Muerta), desgravaciones impositivas y beneficios fiscales. 

A 14 días de asumido, sólo a los jubilados les robaron el equivalente a unos u$s 3.300 millones”.

A partir de aquí, salarios y jubilaciones serán ajustados por la inflación “futura” que calcule el gobierno, también por decreto.

Con el dólar "solidario" $81,90 la devaluación del poder adquisitivo es histórica. 

Este es el “Pacto Social” que  los Fernández pretenden que acordemos y que todas las direcciones sindicales han aceptado, digámoslo, sin mandato alguno.

3- Del ordenamiento fiscal a la pedagogía del ajuste

El ministro Nicolás Trotta ha declarado que para la escuela “hoy, el hambre y la exclusión social son lo más urgente” (La Nación, 27.12. 2019). Coloca en la educación y en los educadores la responsabilidad de saldar una desigualdad resultado de la explotación capitalista que avala. Una desigualdad de la cual exime no sólo al kirchnerismo sino al propio Macri, cuando señala “No es una desigualdad que se corresponde a los últimos cinco años o a las últimas décadas, son 200 años” (La Nación, ídem). Primero el hambre, luego la centralidad de la educación, dice el ministro. Una contradicción en sí misma que indica el rumbo de devaluación de la escuela pública en el que está embarcado.

En estos tiempos de default, los Fernández y la burocracia sindical han archivado aquello de que la educación es un mecanismo “de ascenso social”.

Trotta, su vice-ministra, Adriana Puiggros, y Ctera plantean que se necesita una educación “para la economía popular”, para que los desocupados y pobres puedan desenvolver “emprendimientos” en base a trabajo ultra precario, a cambio de la percepción de planes sociales con ingresos de pobreza.

 “La escuela secundaria debería educar para el mundo del trabajo, concentrada en facilitar “aprendizajes relevantes” requeridos por “las empresas y los actores de la economía popular”, declaró Adriana Puiggros. En el mundo del trabajo, los aprendizajes relevantes son los que requieren los capitalistas, los mismos que han hundido a la población argentina, incluso ocupada, en la pobreza, con salarios paupérrimos.

Justamente, esta es la educación que ha promovido el ministro Trotta como rector de la Universidad Metropolitana del Trabajo, un mega emprendimiento privado en educación del burócrata sindical y empresario Víctor Santa María, secretario general del Suterh, Personal de Edificios de Renta y Horizontal. Efectivamente, la UMET es una proveedora de mano de obra barata y de servicios a capitalistas y gobiernos. Como pondera La Nación, “desde su fundación, la UMET firmó convenios de cooperación con decenas de organismos del Estado, fundaciones, empresas –como Buenos Aires Servicios de Salud, del grupo Olmos-, ONGs y municipios del conurbano” (24/11).

Esta orientación pedagógica condena a la juventud a un entrenamiento de pobreza, como mano de obra barata, acelera la conversión del secundario en taller de formación laboral, devalúa la formación docente y anticipa una ofensiva contra los profesorados de todo el país.

Tribuna Docente está por una pedagogía de la liberación social.

4- No al “Contrato Social Educativo”. No a la paritaria de Trotta-Baradel

Nicolás Trotta plantea un nuevo “contrato social educativo”. Es la versión del Pacto Social en Educación.

El anuncio se realizó en la primera reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), con la presencia de todos los ministros de Educación del país y toda la burocracia sindical docente, especialmente la de Ctera.

Allí la burocracia sindical votó, nuevamente sin mandato alguno,  como un ministro  más,  junto a la patronal,  los objetivos educativos para los próximos cuatro años. La u-na-ni-mi-dad de lo votado por los 24 ministros, el gobierno nacional y los sindicatos ratifica la coincidencia de intereses contra la educación de los que hoy han trocado papeles en el poder. Este nuevo CFE mantuvo, además, los lineamientos establecidos en la Declaración de Purmamarca, al inicio de la gestión de Esteban Bullrich como ministro macrista de educación, y las pautas del Plan Maestro, que es la base de la devaluada secundaria del Futuro de Larreta y la secundaria 2030 de Alejandro Finocchiaro. 

El  CFE anunció una Paritaria Nacional en función de una escuela “social” que atienda el hambre y parta del criterio de que “todos debemos hacer esfuerzos”, consolidando el ajuste, deterioro y pérdidas sufridas por la educación pública y la docencia en los últimos cuatro años. 

Aprobaron promover la jornada extendida en todos los niveles. Pero en la medida que no se van a construir nuevas escuelas, estamos ante una variante del proyecto de “la escuela fuera de la escuela”, del ex ministro macrista Esteban Bullrich.

Por su parte, se planteó combatir el hambre desde las escuelas (la pobreza en niños y adolescentes llega al 50%), en función de lo cual se establece una conexión con el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, el plan de aumento de las partidas sociales anunciado por el gobierno apenas contempla la inflación pronosticada, por lo que la pobreza persistirá.

El tercer punto clave es que se establecerá un piso salarial de pobreza, que los gobernadores se niegan a cumplir, y que actúa como un techo salarial nacional. Este fue el papel ultralimitado de la Paritaria Docente en el pasado, que condujo a conflictos provinciales sistemáticos que la Ctera siempre aisló. El establecimiento de una verdadera paritaria nacional, por la cual Tribuna Docente lucha, debe partir de la nacionalización del sistema educativo.

Cuarto, establecieron los 180 días de clase, congelando todo plan de lucha y atacando los estatutos docentes. Trotta y Baradel anunciaron en el CFE el normal inicio del ciclo lectivo el 2 de marzo, salvo en Chubut, que lo harán antes, para compensar los días perdidos por los paros de la docencia ante el incumplimiento del pago de sueldos y del aumento paritario del gobernador albertista de esa provincia. 

En el CFE, se avaló así un ajuste presupuestario en educación,  puntapié inicial del “contrato social educativo”, con el visto bueno de todos los sindicatos docentes.

5- Ctera es corresponsable. Por la autonomía política de todos nuestros sindicatos

La dirección de la CTA-Ctera –de Hugo Yasky, Sonia Alesso, Roberto Baradel y Eduardo López- es parte del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. No sólo porque lo declaman,  sino porque lo integran físicamente. Son diputados nacionales, legisladores provinciales, concejales,  centenares de funcionarios en educación en la mayoría de las provincias.

Estela Díaz, hasta recién Secretaria de Género la CTA de los Trabajadores quien, según Infobae, cuando el senado aniquiló la ley de aborto legal declaró “si la ley no se vota hoy, mañana voy a estar más aliviada”,  es la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de Axel Kiciloff, gobernador al que el Suteba, y Baradel en persona, le hicieron la campaña política.

La burocracia sindical yaskysta ha sido una colaboradora sistemática de todos los regímenes políticos. Los doce años de kirchnerismo hasta el 2016, y los cuatro años de macrismo así lo demuestran.

Pero hoy dieron un salto en calidad. De “amigos del poder” han pasado a ser agentes directos,  en el seno de nuestros sindicatos, de las resoluciones de los gabinetes ministeriales de la presidencia de la Nación y de los gobernadores provinciales.

Este es el interés social que sustenta la cobardía que Romina Del Plá denunció de Hugo Yasky, quien salió a defender la ley de solidaridad callando  que se destruían las jubilaciones de la docencia. A Yasky lo domina más el temor a la ira de Alberto y de Cristina que el repudio que produjo ese ataque entre los trabajadores de la educación.

Este es un problema sustancial que deberemos enfrentar en el período que se abre en Ctera.

6- Nuestro Planteo

Paritarias libres. Defensa de la educación pública. Plenarios de delegados de escuela con mandato para organizar un plan de lucha

Tribuna Docente rechaza este “Pacto Social Educativo”.

Llamamos a los sindicatos multicolores y antiburocráticos y a la docencia en general a luchar por plenarios de delegados mandatados por la base que resuelvan las necesidades de la docencia, de la educación y un plan de lucha para conquistarlo.
Para obtener una verdadera paritaria que resuelva lo que tiene que resolver: 

Una educación estatal, nacional y única; la derogación de todas las reformas antieducativas de Vidal-Finochiaro y el resto de los gobernadores acordadas en el Consejo Federal de Educación y de la privatista Ley de Educación Nacional; por la inmediata implementación de la ESI en todos los colegios del país; por el aborto legal, seguro y gratuito; defensa de los estatutos laborales docentes; salario básico nacional en blanco que cubra la canasta familiar en un turno, recuperación de lo perdido por inflación y  con cláusula gatillo; defensa incondicional de las jubilaciones docentes y del 82% móvil, control de trabajadores y jubilados de las cajas, intangibilidad de los fondos y restitución de los aportes patronales, ningún aumento de la edad jubilatoria; derogación del ítem aula y de todos los presentismos existentes; defensa de las jubilaciones docentes; defensa de las obras sociales vaciadas.

Por una educación integral, laica y gratuita que le permita a la clase obrera acceder a todos los aspectos de la ciencia, de la técnica y de la cultura, dominar con el conocimiento el trabajo manual, pero también el intelectual, el ámbito laboral, y colocarlo al servicio de los intereses generales de la población.

Esta lucha por la defensa de los derechos de los docentes y de la educación pública exige de la autonomía política de nuestras organizaciones obreras. La vuelta atrás en los ataques jubilatorios docentes fue el resultado, justamente, de sindicatos independientes, separados de la tutela del Estado, como la AGD-UBA, que inmediatamente llamó a la docencia a enfrentar ese atropello. Igual significación tuvo el triunfo de los médicos residentes y concurrentes contra la ley de explotación laboral de Larreta, que debió derogarla con la Legislatura rodeada por los manifestantes.

El triunfo del pueblo de Mendoza que impuso la derogación de la ley cianuro (9209) pactada por los legisladores de la UCR, PJ y kirchneristas,  que reformaba la ley 7722 en favor de las megamineras, en una lucha al margen de cualquiera de las centrales sindicales mendocinas, que dieron la espalda a esta gran lucha, cuyo impacto ya se hizo sentir en Chubut, y obligó a retroceder también al gobernador Mariano Arcioni de sus pretensiones de explotación de megaminería contaminante.

Este es el camino,  en contraposición a .pacto social destinado a enchalecar a  los sindicatos mediante su estatización.

Ctera,  Suteba, UTE y todos los sindicatos provinciales deben romper su atadura al gobierno y al Estado, lo que plantea la recuperación de nuestros gremios.

El Congreso Nacional de Tribuna Docente, que se realizará los días 15 y 16 de febrero 2020 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, estará al servicio de debatir estas tareas y problemáticas en comisiones específicas, incluyendo una propuesta pedagógica integral, y de resolver un curso de acción.

¡Anotate para participar! 

28.12.19


 

 

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