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30 de diciembre de 2019

Trabado entre propios y ajenos, se empantana el impuestazo de Kicillof

Axel Kicillof no arrancó su mandato como esperaba. La semana pasada no logró que la Legislatura sancionara su ley impositiva, ante los obstáculos que pusieron legisladores e intendentes propios y ajenos.

Luego de enviar el proyecto en la tarde de Nochebuena, el gobierno buscaba una aprobación exprés tras el feriado navideño. Pero la negociación se empantanó y la bancada de Juntos por el Cambio se rehusaba a dar quórum. Entonces, Kicillof retiró el expediente del Senado (donde cuenta con 20 bancas contra 26 de la oposición) para ingresarlo en Diputados, esperando garantizar la votación aún en ausencia de los legisladores opositores. Pero no consiguió el respaldo de su propia tropa para la avanzada, y ahora deberá recibir el 2020 con sesiones extraordinarias en busca de su ley fiscal.

El proyecto oficial es un impuestazo con todas las letras. Un diputado del Frente de Todos reconoció cuál es el objetivo de fondo, cuando al protestar contra la oposición por no dar quórum les achacó que sin esta ley “la provincia va al default”. Para garantizar el pago de la deuda es entonces que el gobierno planea recaudar más sobre las familias trabajadoras.

Desde Juntos por el Cambio justificaron su negativa a sancionar la ley criticando este impuestazo. Sin embargo, detrás de esta denuncia esconden reclamos muy distintos. Es que mientras una enorme mayoría de las familias trabajadoras que poseen una vivienda sufrirán incrementos de entre un 50 y un 75%, en el caso de los terratenientes del campo solo 200 propietarios de grandes extensiones (7% del total) se encuentran en la franja que pagará un 75% de aumento, y el resto actualizará por debajo de la inflación.

Esto no es ninguna novedad. Según cifras oficiales, este año lo recaudado en concepto de Inmobiliario Urbano duplicó lo recaudado por el Inmobiliario Rural, en una provincia que cuenta con tierras de las más fértiles del mundo. Las quejas de la oposición no apuntan, sin embargo, a invertir esta carga, sino a aumentar su precio en la negociación con el gobierno. Los medios mencionan que hay 40 puestos en danza en distintos organismos públicos, que por costumbre se destinan a dirigentes opositores. A ello se suma que este impuestazo provincial deja poco margen para los aumentos de las tasas municipales, las cuales aumentaron entre un 50 y un 70% sin distinción de color político.

Pero el reparto de la caja es, por supuesto, el principal inconveniente. Kicillof habría pretendido que todos los fondos que la Nación gira a las comunas pasaran primero por la caja provincial, y a su vez buscó apropiarse de parte de la recaudación del Impuesto Automotor que hasta ahora los municipios cobran en forma directa. Esto le valió chispazos hasta con intendentes del PJ, ante quienes la vicegobernadora Verónica Magario se comprometió a trabajar por limar los puntos en discordia. Estos choques internos habían aflorado ya al momento de la conformación del gabinete provincial, donde los jefes comunales cobraron poco. Según las versiones periodísticas, el barón de José C. Paz, Mario Ishi, ordenó al diputado que le responde que pegara el faltazo dejando sin quórum al gobierno, porque no fue satisfecho su pedido de poner un hombre suyo en el Ceamse.

En esta novela asomó a su vez la interna por los realineamientos dentro de la oposición. Si el intendente de Vicente López, Jorge Macri, fue el portavoz de la negativa de Juntos por el Cambio a aprobar la ley, Emilio Monzó busca ganar protagonismo como armador de un sector dialoguista, simulando el papel que jugaron los espacios políticos de Massa y el PJ durante el gobierno de Vidal. Tras haber logrado conformar un bloque de seis diputados separado del que responde a Vidal, Monzó reunió el fin de semana a una decena de intendentes del interior para reclamar “responsabilidad” a los legisladores opositores para llegar a un acuerdo con el gobierno.

Esta rosca de tires y aflojes por sillones y manejo presupuestario excluye por completo la situación que padecen los trabajadores bonaerenses. La recaudación de este impuestazo estará consagrada a ofrecer garantías a los tenedores de deuda para negociar una reestructuración. La burocracia sindical de los gremios estatales ha salido a respaldar públicamente el proyecto de Kicillof, actuando como lobistas de una nueva confiscación a la clase obrera.

Contra este rumbo de nuevas confiscaciones, es necesario que se abra paso una agenda de los trabajadores, encabezada por el reclamo salarial, la reincorporación de los despedidos y la reapertura de las fábricas cerradas, la atención de la crisis de la salud y la educación. Para ello, es imprescindible luchar por la independencia de las organizaciones obreras, y romper la subordinación a un gobierno que viene al rescate del capital financiero y la gran patronal.

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