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2 de enero de 2020

Salta: la complicidad policial en el femicidio de Liliana Flores

El femicidio de Liliana Flores, de 25 años y madre de tres niños, conmovió a toda Salta y puso nuevamente en el centro de atención el accionar de la policía de la provincia.

La mujer había acudido de madrugada a la comisaría de la localidad de Cerrillos para denunciar que su ex pareja, policía, la agredió en una discusión sobre la cuota alimentaria de sus hijos. Según la versión de la fuerza, la joven volvió a su casa con una custodia policial. Sin embargo, poco después el agresor ingresó a la vivienda por el fondo, le disparó a Liliana con su arma reglamentaria y luego se suicidó.

Las vecinas de la víctima denunciaron en los medios de comunicación que durante la madrugada la mujer enviaba mensajes al grupo de Wathsapp del vecindario preguntando si alguien estaba despierto, que luego se escucharon gritos y pedidos de auxilio, por lo que infieren que no había intervenido ningún custodio. Quedó detenido por ello el policía que estuvo designado como consigna, bajo sospecha de haber dejado pasar al femicida. La autopsia, a su vez, reveló que Liliana recibió tres disparos, y no uno como decía el relato policial.

Este accionar de la fuerza de seguridad cuenta ya con antecedentes. En 2017 Claudia Sierralta denunció en varias oportunidades por golpes y amenazas a su ex pareja, un comisario, quien finalmente le disparó a plena luz del día en la calle. Recién al día siguiente se firmó la resolución de retirarle el arma.

Son las consecuencias de todo un modus operandi. Para atender las denuncias crearon un departamento de Recursos Humanos que estudia si el caso amerita ser investigado por Asuntos Internos o si debe realizarse en cambio una evaluación psicológica para evaluar el retiro del arma del efectivo denunciado. La mayoría de las denuncias no ingresa formalmente a ninguna comisaria ni fiscalía, por lo que son solo internas, mientras que en los casos que sí son radicadas en la justicia se pide a la mujer una larga paciencia hasta que haya una definición del fiscal.

Así se generan femicidios como el de Rossana Alderete, una mujer que hizo cinco denuncias que no fueron atendidas, hasta que su ex pareja la asesinó a ella y a dos de sus propios hijos. A raíz de este caso fue sancionada la ley 7.403, que sin embargo no resolvió nada.

El nuevo gobernador, Gustavo Sáenz, mientras tanto, se jacta de que “acorde a los tiempos” la jefatura de policía está, por primera vez, a cargo de una mujer. Pero resulta que la comisaria Norma Morales, designada en el cargo, tiene como antecedente haberse desempeñado justamente al frente de la mencionada dirección de Recursos Humanos de la policía en la gestión anterior. La nueva jefa es, por lo tanto, parte del entramado responsable de haber encubierto estos años tantas denuncias de violencia familiar y de género a los policías.

El año cerró en Salta con 17 femicidios. Es una muestra de que la demagogia llevada adelante por el gobierno anterior de Urtubey (resaltando la creación de un observatorio, de hogares refugios –en manos de la iglesia- y algunos programas) se da de bruces con la realidad, porque la mayoría de las víctimas de femicidios son mujeres que ya tenían un recorrido judicial en curso.

El crimen de Liliana Flores vuelve a poner sobre la mesa la complicidad policial y estatal en los femicidios. Cobra mayor vigencia aún el reclamo por el desmantelamiento de las fuerzas represivas y la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres.

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