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14 de enero de 2020

Río Negro: un ataque al salario de docentes y estatales

Las actualizaciones salariales anuales de la provincia de Río Negro han sido entre el 43% y 45% mientras que la inflación anual proyectada en la provincia es calculada en 55%. Esto significa una caída del salario real de alrededor de 10 puntos, aunque en algunos casos esta diferencia se agranda dado que la mecánica de “actualización salarial” de la provincia, en común acuerdo con las burocracias de los sindicatos UnTER y ATE (docentes y estatales), ha sido la de otorgar sumas fijas. En tal sentido, la política de “aumento” de Alberto Fernández a través de bonos le viene a la gobernadora, Arabela Carreras, como anillo al dedo para continuar achatando la pirámide salarial y destruir en los hechos los adicionales por antigüedad, y otras conquistas. 

La provincia de Río Negro se encuentra en un virtual quebranto. Aunque ha obtenido un apoyo de Nación para atender la crisis financiera, este apoyo, claro está, no es gratuito y requerirá dos condiciones básicas: plegarse a la política nacional apertura a la megaminería y tender al logro de un equilibrio fiscal vía la continuidad del ajuste salarial. Ambas cuestiones significan un claro ataque a las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores rionegrinos. Es importante aclarar que el apoyo financiero de Nación viene dado como adelanto de coparticipación, lo que significa que será descontado de desembolsos futuros con sus correspondientes intereses. En definitiva, se patea para adelante el problema.

Sin dudas el llamado Plan Castello es la columna vertebral de la deuda rionegrina, esta deuda tiene la particularidad de haber sido contraída principalmente en dólares y sus vencimientos ya comienzan a pagarse. Desde el pasado 27 de diciembre la provincia se encuentra formalmente en emergencia económica, dado que los legisladores oficialistas y la “oposición” del Frente de Todos acompañó con su voto la sanción de la norma que, entre otras cosas, determina “ceder en garantía y/o en pago de las obligaciones asumidas, de conformidad con lo establecido en la presente, los recursos que corresponden a la Provincia de acuerdo al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, según la Ley Nacional Nº 23.548 y sus modificatorias, regalías hidrocarburíferas, y regalías hidroeléctricas por hasta la suma que resulte de la estructuración de los servicios del financiamiento previsto anteriormente”. En definitiva, los recursos provenientes de la coparticipación y de las rentas hidrocarburíferas dejarán de ser de libre disponibilidad para atender el desarrollo de políticas públicas y quedarán exclusivamente afectadas al pago de la deuda contraída o a la garantía para la contratación de nuevas deudas. Vale aclarar que la deuda rionegrina creció de 5 mil millones de pesos a 33 mil millones en los últimos 8 años.

El gobierno provincial pretende descargar todo el peso de la crisis sobre los trabajadores. Como todo gobierno patronal, su herramienta de ajuste predilecta es el salario y perfectamente alineado con el gobierno nacional está decidido a utilizar los salarios estatales y docentes como la variable de ajuste para el pago de la deuda provincial.

Como era de esperar, el rol de los sindicatos en manos de la burocracia es el de contenedor del reclamo de las bases, cuando no directamente de abierta complicidad con el ajuste. Es importante recordar que el actual secretario general de la CTA Autónoma, y titular de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar,llamó a votar abiertamente por la continuidad del gobierno de Juntos Somos Río Negro.

En este sentido se vuelve prioritaria la consigna de un congreso de delegados para plantear una salida de las trabajadoras y los trabajadores. Por iniciativa de Tribuna Docente, desde la seccional recuperada de Allen, el pasado 30 de noviembre se reunió el primer Plenario Sindical Antiburocrático de Docentes en UnTER, al que concurrieron las principales seccionales y agrupaciones opositoras y donde se resolvió, entre otros puntos, rechazar las paritarias de ajuste y el pacto social que pretende congelar el salario de las y los trabajadores. De igual manera se definió impulsar el no inicio del ciclo lectivo 2020 si la propuesta salarial del gobierno no permite superar la línea de pobreza y alcanzar la canasta familiar.

El cuestionamiento de la deuda provincial debe también estar en la agenda de la deliberación de trabajadoras y trabajadores; una deuda que contra lo prometido no ha solucionado el problema de infraestructura escolar, ni de salud y mucho menos de desocupación.

En esa lucha estamos.
 

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